Se realizó una recorrida en la Villa 31, Barrio Padre Carlos Mugica, con distintas organizaciones para visibilizar la situación de los nuevos conjuntos habitacionales que presentan innumerables problemáticas tanto constructivas y estructurales, así como irregularidades en los otorgamientos.
Sábado 23 de enero de 2021 00:00
Durante la mañana del Viernes, habitantes de la Villa 31 con referentes de organizaciones sociales como la Mesa de Urbanización, arquitectas y legisladores participaron de una recorrida para visibilizar la realidad de las viviendas y mostrar la vida que les prometen con el mencionado plan de reurbanización. Con el Proyecto de Ley 6129, a cargo de la SISU (Secretaria de Integración Social y Urbana), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que ofrece es una fachada colorida hacia los límites de la Villa con el exterior del barrio, para obtener pintorescas visuales desde la autopista, pero hacia adentro de las viviendas se profundiza y recrudecen las condiciones de vida cada vez más precarias hacia sus habitantes, en el marco de una crisis social, económica y sanitaria que con la pandemia se acrecenta.
Entre los principales problemas aparecía la infraestructura, con obras deficientes en el diseño y la ejecución de redes cloacales y de suministro de agua generando filtraciones e inundaciones en los techos y paredes, para algunos vecinos esto significó pérdidas materiales irreparables. Bloques enteros directamente sin suministro de agua. Las viviendas están revestidas con materiales descartables (durlock y chapa) que se deterioran con facilidad, las carpinterías (puertas y ventanas) no cierran correctamente, muchas de ellas mal amuradas que produjeron rajaduras en las losas, desprendimientos y accidentes fatales.
Estuvo presente la Legisladora Alejandrina Barry por el PTS FITu declaró que “mientras en la legislatura porteña se discute que a pocos metros de se va a hacer un mega emprendimiento de lujo con torres, aquí los vecinos de la Villa 31 sufren las consecuencias de unas viviendas precarias otorgadas por el gobierno de la ciudad.”
Estos problemas toman otra dimensión cuando lo que está en riesgo es no solamente la salud de las y los habitantes, sino también la vida. En lo que va de diciembre a la actualidad, la obra mal ejecutada se cobró la vida de un niño de 4 años que cayó de un tercer piso a comienzos de diciembre y de una niña de 6 años que cayó de un primer piso el miércoles de la semana pasada.
Las obras realizadas por la empresa constructora Sudamericana de Rudi Boggiano, no cumplen con el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, conformes a seguridad estructural, seguridad de utilización, prevención de seguridad contra incendios. Si bien desde la SISU enviaron a una empresa a “arreglar” los problemas posterior a las fechas festivas, estos persisten.
Engaños y estafas
El Gobierno de la Ciudad, demoró su entrega y la adjudicación de las unidades para evitar reclamos a la empresa constructora, siendo que fue otorgado sólo un año de garantía, estipulado por un contrato engañoso. Según el Código Civil y Comercial, el plazo de garantía debería correr a partir de la entrega provisoria de las unidades y una vez realizada la entrega definitiva tiene vigencia por 10 años la garantía una vez que aparecen los vicios ocultos en las obras. Siendo que cuando los edificios se ponen en funcionamiento es cuando aparecen los vicios de ejecución o de proyecto, de los que la empresa debería hacerse cargo y no los propios vecinos como les responde la propia Secretaría.
Las viviendas son otorgadas con Hipotecas a 30 años que muchas familias al quedar sin trabajo con la pandemia no pueden sostener sus pagos y podrían avanzar en ejecutarse, para expulsar a los que hayan firmado. Los servicios públicos que les otorgan a las nuevas viviendas son Prepagos, siendo de carácter esencial en plena pandemia en un barrio en el que todo lo mueve la electricidad. Como si fueran ciudadanos de segunda a los que les niegan, en el caso de no llegar a cargarlos, el acceso al agua.
Relocalizaciones irregulares
Durante el año pasado en plena pandemia la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) dirigida por Diego Fernández, no paró de realizar relocalizaciones de las familias del sector de Bajo Autopista en los nuevos edificios del sector YPF en el que se encuentran los 26 complejos de 3 pisos. Dichos traslados se llevaron adelante por orden de la Gerente de Reasentamiento Kenia Correa, sin asegurar las condiciones de higiene y seguridad.
En el momento en el que el barrio registró tanto casos de dengue, como el pico más alto de contagios por Covid-19 y se daban a conocer los fallecimientos de Ramona, el Oso, Champu, entre otros habitantes no se detuvieron las relocalizaciones. Exponiendo así a toda la población. Este proceso de reasentamiento incrementó la crisis sanitaria debido a que luego de cada reubicación, se efectúan instantáneamente las demoliciones, generando acumulación de escombros, cortes de los suministros de luz y agua que afectaron a las manzanas del sector Bajo Autopista y amontonamiento de basura junto con estancamiento de agua estancada por las lluvias, como reflejamos desde este medio.
Negocios en terrenos públicos
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene avanzando sobre los terrenos vacantes de la 31, ofreciṕendolos de empresas como Santander Río, Mc Donald´s, Kentucky, Farmacity y otras grandes empresas que compraron los terrenos. Como otras nuevas que se asentarían mediante subastas de los terrenos, no para hacer hospitales como reclaman sus habitantes sino para ubicar allí torres de lujo similares a las que se encuentran en Puerto Madero, como pretenden hacer con el proyecto de la venta de terrenos de Costa Salguero, que es ampliamente repudiado.
Una salida
Muy lejos de lo que implicaría un verdadero proyecto real reurbanización, donde los propios vecinos que habitan allí sean los que tomen las decisiones en conjunto con profesionales que los asesoren, decidiendo democráticamente como va a ser su barrio. Con información clara y transparente acerca de las etapas del proyecto. Teniendo en cuenta la necesidad según cada familia, los desgloses familiares y el acceso al trabajo digno. Un verdadero plan de estas características no puede llevarlo adelante estos gobiernos que están aliados a los empresarios inmobiliarios y de la construcción, que solo ven en esas tierras y viviendas oportunidades de hacer negocios con las tierras más codiciadas de la ciudad sin importarle las vidas de sus habitantes. Por eso están empecinados en gentrificar y expulsar de allí a sus habitantes. Solo los vecinos organizados y confiando en sus propias fuerzas, uniéndose a las distintas luchas por el derecho a la ciudad, es que pueden conquistarlo.
