La reforma a la ley 9 999 pretende excluir a las personas estudiantes con discapacidad y a estudiantes con alguna condición concerniente a problemas emocionales. Estas personas también son sujetos de derechos y necesitan la protección ante eventuales agresiones.
Lunes 23 de octubre de 2023
El jueves 19 de octubre fue aprobada en primer debate una reforma a la ley 9 999 para la prevención de revictimización y protección de los derechos de las personas menores de edad en la educación. Esta ley pretende garantizar derechos a las personas estudiantes frente a posibles maltratos físicos o emocionales, o abusos, acosos u hostigamientos sexuales recibidos en su centro educativo. Esta protección es importante, debido a las múltiples denuncias y casos dados en centros de estudio, donde las y los estudiantes han sido sujetos de comentarios sexistas, discriminatorios y misóginos, o, peor aún, víctimas de alguna acción de acoso sexual, donde la persona adulta queda en impunidad.
Sin embargo, esta reforma tiene sus excepciones, pues excluye a las personas estudiantes con alguna discapacidad y a quienes presenten alguna condición concerniente a problemas emocionales. Esta exclusión se hace justificando aquellas situaciones donde la persona adulta deba tener contacto físico con la o el estudiante, con fines de cumplir con algún apoyo.
Desde ya ha habido un descontento con respecto a esta reforma, y así lo ha hecho manifestar el Movimiento Nacional de Discapacidad de Costa Rica. En un comunicado mencionan que “con esta reforma las personas estudiantes con discapacidad quedas exceptuados de esta Ley y por lo tanto no se les reconoce como sujetos de derecho, pues no se considera que también pueden ser víctimas de daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria (…) del Ministerio de Educación Pública”. Es importante que las personas estudiantes, incluyendo quienes tienen alguna discapacidad, asistan a sus centros educativos sin miedo a ser discriminados o violentados de alguna forma.
Discapacidad en las aulas, más allá de un papel
El Ministerio de Educación Pública ha tenido la costumbre de dar directrices que no son acordes a la realidad vivida por quienes estudian o trabajan en los centros educativos. Ese ha sido el caso de las pruebas faro, donde en varias ocasiones el estudiantado se ha manifestado en contra.
Recientemente tenemos otro ejemplo de esa discordancia entre lo que dicta desde una oficina y la realidad en las aulas. Este ejemplo es lo ocurrido con el SESA (Servicio Educativo de Sordos Adultos), el servicio educativo de primaria y secundaria que se brinda a personas estudiantes jóvenes y adultas sordas. Este es un centro que cuenta con todas las necesidades de aprendizaje y comunicación, así como con docentes sordos. Este cierre implicaría que 67 estudiantes sordos lleguen a aulas regulares donde no cuentan con ningún apoyo ni intérpretes, además del despido de las personas docentes sordas.
Con respecto a las personas con discapacidad en las aulas regulares, suele ocurrir que no se les brinda el apoyo necesario, especialmente cuando se trata de personas autistas. Con estudiantes autistas, han existido casos en que las personas funcionarias del centro educativo niegan el diagnóstico, no toman en cuenta los perfiles sensoriales, ni las recomendaciones dadas por una persona especialista. Además, la gran mayoría de personal funcionario no está correctamente capacitado en cuanto al modelo de discapacidad. Entonces, con estos casos dados, la justificación del MEP de alegar por los apoyos al estudiantado, no es sincera.
Necesitamos que el estudiantado con discapacidad esté protegido frente a posibles maltratos o acosos físicos o emocionales, así como también necesitamos un verdadero reconocimiento de los apoyos que el mismo estudiantado y su familia piden en el día a día, porque no son migajas o favores, sino derechos que deben cumplir.
Es necesario que el MEP deje de dar directrices que no conciernen a la realidad y las necesidades de las personas estudiantes. Nada de nosotres sin nosotres. Deben ser las mismas personas con discapacidad quienes tomen las decisiones sobre lo que concierne a sus estudios y el trato que se les debe dar.
Pero también es necesario luchar por más presupuesto para la educación. Si exigimos el cobro de impuestos a los grandes empresarios, podemos destinar ese dinero en mejorar la infraestructura de los centros educativos, construir espacios para uso de las personas con discapacidad, y todas aquellas necesidades materiales, psicológicas y pedagógicas que las mismas personas con discapacidad requieran para mejorar sus condiciones de estudio y de vida.
