DESAPARICIÓN, MUERTE Y ESPIONAJE. El expediente del caso Maldonado deberá viajar a Buenos Aires para investigar al Gobierno

El juez federal Daniel Rafecas se hizo cargo esta semana de la investigación sobre el espionaje ilegal sufrido por la familia de Santiago Maldonado de parte de funcionarios nacionales y de agentes de la Gendarmería.

Las dos primeras medidas que adoptó el magistrado en la causa fueron aceptar como querellante a Myriam Bregman y solicitarle al Juzgado Federal de Esquel copia de todo lo actuado en los expedientes de habeas corpus y de desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, ambos en manos del juez Gustavo Lleral.

Bregman, abogada de dilatada trayectoria en causas por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y actual legisladora porteña del PTS-FIT, es quien en octubre pasado radicó la denuncia penal en Comodoro Py contra la Gendarmería Nacional y sus jefes políticos del Ministerio de Seguridad de la Nación. En su presentación, Bregman y su abogado patrocinante Matías Aufieri daban cuenta del seguimiento e inteligencia ilegal practicada por distintos miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y querellantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

La causa está caratulada “Cané, Gonzalo s/averiguación de delito pretenso. Querellante: Bregman, Myriam”. Gonzalo Cané no es otro que el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Cané fue, precisamente, el principal enviado de la ministra a Esquel en los momentos más álgidos del caso, cuando el paradero de Santiago era una incógnita y las mil y unas maniobras del Gobierno para encubrir a Gendarmería debían ser ordenadas y coordinadas. Fue, como se dijo desde este sitio, un verdadero “interventor” de Bullrich en el Juzgado de Esquel.

Que Rafecas acepte como querellante en la causa a Bregman (quien en la presentación fue acompañada por el mismo Sergio Maldonado) significa que lo denunciado por ella en octubre no solo está fundado sino que debe ser investigado con la denunciante como parte activa.

Por su parte, la solicitud de los expedientes que tiene en sus manos el juez Lleral abre la posibilidad de obtener diversos elementos de prueba. En su resolución, firmada el lunes 26, Rafecas pide al Juzgado Federal de Esquel “que remita de manera urgente” copias certificadas de los expedientes n° 8232/17 (desaparición forzada) y 8233/17 (habeas corpus), “como así también copia de todo el material obrante de carácter audiovisual, ya sea fotográfico, fílmico, audios o archivos digitales o de cualquier otro formato, extraídos de computadoras y/o teléfonos celulares y/o cualquier otro dispositivo”.

Respecto a esa solicitud del juez, Bregman y Aufieri presentaron este miércoles un importante pedido a Rafecas para evitar cualquier maniobra de parte de Lleral. Concretamente le reclaman “que los expedientes solicitados a la Justicia Federal de Esquel, sean seguramente remitidos o habilitados en formato digital”, a los fines de que sea Rafecas quien “determine la vinculación de todo el material surgido en los expedientes aludidos, con el objeto procesal de las actuaciones”.

El pedido tiene su justificación. Para Bregman y su abogado patrocinante, “de primar el criterio establecido en la resolución” de Rafecas puede suceder que quede a criterio de Lleal qué enviar y qué no a Comodoro Py. “Nosotros planteamos expresamente a Rafecas que absolutamente toda la causa tramitada en Esquel debe llegar a sus manos para que seamos nosotros como querellantes y él como juez quienes evaluemos qué de todo eso guarda relación con el espionaje que realizaron”, dijo Matías Aufieri a este diario.

Esta semana también se conoció la decisión del juez Lleral de ordenar el peritaje del Documento Nacional de Identidad de Santiago, hallado en el bolsillo de su pantalón el 17 de octubre. El estado casi perfecto de conservación del DNI fue uno de los elementos que despertaron las mayores sospechas de la familia Maldonado sobre la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido “plantado” donde finalmente se lo encontró.

Luego de reiterados pedidos de la familia, Lleral finalmente ordenó que ese peritaje lo realice el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a fin de constatar si el estado del documento hallado en el bolsillo de Santiago se condice con el deterioro normal de ese material en el tiempo y el espacio en los que se mantuvo el cuerpo, según la autopsia, hasta ser encontrado.

La decisión de Lleral no tuvo en cuenta la recomendación de la familia Maldonado, que desde hace meses insiste con que el juez permita que actúen en la investigación expertos independientes. De hecho para Sergio hoy el INTI no es confiable, pese al histórico prestigio de ese organismo público.

El la noche de ayer, entrevistado en C5N, Sergio cuestionó duramente el curso de la investigación, que según sus propias palabras “corre peligro”. El hermano de Santiago cuestiona desde el principio que la fuerza de seguridad que actúa en la investigación de lo que pasó con el joven responda al propio Ministerio de Seguridad implicado en los hechos. Y puso como ejemplo, precisamente, que el peritaje del DNI por parte del INTI se da en medio de un importante conflicto por el que atraviesa el Instituto y que en sus instalaciones, “después de las siete de la tarde, está todo militarizado” por las mismas fuerzas de seguridad. “¿Qué garantías hay de que eso se perite y sea algo no favorable a las fuerzas de seguridad?”, se preguntó.

Sergio afirma que desde que apareció el cuerpo de su hermano “la causa quedó estancada” y cuestionó lo “inoportuno” que fue Lleral cuando dijo que el cuerpo de Santiago “no presentaba lesiones, justo dos días antes de las elecciones”, ya que quedó como que “se había ahogado solo y que no había más nada por hacer. Todo lo contrario, la investigación todavía no empezó”, afirmó.

Vale recordar que las pericias surgidas luego de la autopsia del cuerpo de Maldonado no demostraron que el joven se ahogó ese 1° de agosto a metros de la orilla del río, sin recibir ningún tipo de agresión de parte de los gendarmes, como intentan decir desde la misma Patricia Bulrich hasta Clarín y el ejército de trolls de Marcos Peña. Eso, precisamente, es materia de investigación. Una investigación que ni siquiera ha avanzado como es debido.

En referencia a la causa sobre el espionaje sufrido por él, su familia y organismos de derechos humanos, Sergio afirmó que el seguimiento contra ellos no fue un invento ni una fabulación. “Eso estaba cuando se secuestraron los celulares, en los mensajes que se mandan entre los gendarmes”, dijo. Y lo graficó con el hecho de que “hay un mensaje del comandante Méndez del 3 de agosto, antes de que nosotros nos presentáramos en Esquel, en el que le mandaba a Pablo Noceti una captura de pantalla de mi esposa Andrea”.

Como dice la familia Maldonado, su abogada Verónica Heredia y como lo confirma la apertura de la investigación por espionaje en Comodoro Py, en términos judiciales el Caso Maldonado aún está en sus inicios.

Si los pocos avances logrados hasta el momento se dieron gracias a la persistencia de los seres queridos de Santiago, acompañados por organismos de derechos humanos y un importante sector de la sociedad movilizada, será esa misma movilización independiente la que garantice que el Poder Judicial dé los pasos que haya que dar para lograr llegar a la verdad y juzgar y condenar a los culpables de su crimen. Un crimen de Estado.