Era el que dirigía la unidad de la Procuración dedicada a la violencia contra la mujer. Gils Carbó aprobó que se lo investigue internamente por hostigar a una empleada embarazada de su fiscalía.
Jueves 30 de marzo de 2017 11:58
Parece el colmo de los colmos, pero no, es un caso real.
Julio César Castro era el fiscal a cargo de la UFISEX, la unidad del Ministerio Público dedicada a investigar delitos de violencia sexual, trata de personas y pornografía infantil desde 2007. Con el tiempo se había convertido en un especialista en el tema, dando charlas y conferencias, participando incluso de debates sobre violencia de género.
Pero, ayer, la procuradora Alejandra Gils Carbó aprobó una investigación interna que podría costarle el cargo de fiscal general.
Castro fue denunciado por una de las empleadas de la Fiscalía General N°15 ante los Tribunales Orales del fuero penal porteño, por más de dos años de acoso sexual y laboral, que ocurrieron incluso cuando la empleada estuvo embarazada.
El estrés que le producía estar todos los días expuesta al acoso de su jefe, incluso durante su embarazo, la llevó a sufrir contracciones y pérdidas, aconsejada por un psiquiatra tuvo que dejar por un tiempo su tarea. Luego, la trasladaron de dependencia sin mediar explicaciones y eso la llevó a hacer su denuncia en la Procuración.
Pero, esto no le pasó sólo a ella, en su denuncia constan los nombres de otras cinco empleadas que habrían sufrido acosos.
En su momento, Castro hizo su descargo en la Procuración y negó todas las acusaciones.
Pero, esta no fue la única acusación en su contra, existe una presunta acusación de una menor que señaló al fiscal general por acoso a través de Twitter.
También lo denunció su ex pareja por violencia de género ante el Juzgado Civil N°85, por tal motivo ahora debe cumplir un restricción perimetral mientras resuelve la imputación en su contra; el fiscal no puede acercarse a más de 200 metros de su ex pareja o de su lugar de trabajo.
Con estas tres denuncias que pesan en su contra, el tribunal interno definirá si lo suspende de sus funciones. Al final del proceso, podrá fallar por la destitución. Es decir, el fiscal general Julio César Castro puede perder su cargo.
Con este caso, tanto como en otros de corrupción o de jueces que están implicados en delitos de trata de personas (entre otros), o perduran en sus puestos desde la dictadura, se vuelve a poner en cuestión el sistema judicial.
Se plantea nuevamente la necesidad de luchar por la elección popular y universal de los jueces, la posibilidad de su revocatoria y que ganen lo mismo que un trabajador, ya que sus sueldos los alejan de la realidad de la mayoría de los trabajadores y el pueblo. Junto a estas transformaciones, la exigencia de juicios por jurados realmente democráticos tiene una fuerza vital, para democratizar la justicia .
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