El gobierno de Lacalle Pou como profundizador de un modelo, en donde durante estos años de gestión ha caído el salario real, aumentado la pobreza y la desigualdad, también es un profundizador del carácter represivo de este dominio social.
Sábado 16 de julio de 2022
El gobierno de Lacalle Pou se propone avanzar en la agenda represiva con la inclusión en la Rendición de Cuentas de un articulado que fortalece aún más el aparato policial. Medidas que se suman a una política de Estado sostenida por todos los partidos del régimen. Lacalle Pou viene recientemente de fortalecer al aparato represivo con la LUC, otorgándole más prerrogativas y facilidades para reprimir.
En esta ocasión Lacalle Pou tiene como buque insignia la militarización de la Guardia Republicana (más aún de lo que ya es), definiéndola como una “fuerza intermedia”. Además de esto se establece el paso de su dirección directamente a la policía nacional, cuando hasta ahora dependían directamente del Ministerio del Interior.
Recursos adicionales
Además de esta medida a favor de la Republicana, el articulado en Rendición de Cuentas, establece la creación de 700 nuevos cargos para agentes de policías (el grado más bajo), y de apenas 100 cargos para bomberos (cuando se estimaba la necesidad de 260).
Se establece además que para aquellos policías que hayan intervenido en un procedimiento que derive en la incautación de bienes a los imputados, recibirán un porcentaje del valor de dichos bienes. También se establece que los automotores incautados en procesos judiciales no vinculados a estupefacientes pasen al Ministerio del Interior.
Además de todo esto, se asigna presupuesto para crear la cárcel en el Departamento de Artigas y el aumento de plazas en el Departamento de Treinta y Tres. El proyecto del Ejecutivo incluye también el aumento de autoridades que pueden realizar intimaciones por “ocupación indebida de espacios públicos”, lo que significa que el Ministerio de Defensa también podría hacer uso de ese recurso. Por último, se endurecen por ejemplo las penas por el delito de asistencia al delito, pasando de 12 meses de prisión a una pena de 2 a 6 años de penitenciaría.
Las reformas también incluyen cambios en el ámbito de Fiscalía General de la Nación, la creación de nuevas fiscalías especializadas, como por ejemplo 3 para violencia de género, que según el Poder Judicial y el movimiento feminista es una cantidad insuficiente.
Miseria y garrote
Este nuevo capítulo de fortalecimiento policial es la continuidad de una política de Estado, que busca garantizar el orden social, en el marco de una sociedad donde predomina la precariedad y la miseria social. Miseria jamás erradicada totalmente por ningún gobierno hace décadas y que responde a una condición estructural de cómo funciona el capitalismo uruguayo.
Recordemos que con el Frente Amplio el aparato policial aumentó sistemáticamente su presupuesto, adquirió múltiples herramientas tecnológicas para el espionaje y la vigilancia, nacionalizó la Guardia Republicana, entre varias medidas más.
El gobierno de Lacalle Pou como profundizador de un modelo, en donde durante estos años de gestión ha caído el salario real, aumentado la pobreza y la desigualdad, también es un profundizador del carácter represivo de este dominio social.
No les alcanzó con la LUC y esta Rendición de Cuentas es la muestra de la necesidad de dar garrote, en una sociedad donde aumenta cada vez más la desigualdad social.
Los trabajadores y trabajadoras, nada pueden esperar de este régimen social y el establishment político que los sostienen, que prometiendo las migajas del “derrame”, y simultáneamente extendiendo cada vez más la precariedad y la miseria social para las grandes mayorías de la población, junto al garrote represivo para mantener el “orden” social.
La organización y movilización independientes de los y las trabajadoras, junto a los demás sectores oprimidos por el régimen social, es la salida por la que se debe pelear para salir de una vez por toda de esta espiral de miseria y violencia impuesta por la clase dominante.
