El uso de métodos de choque de Carabineros, lejos de atemorizar o disciplinar a la población, sólo ha logrado hacer evidente a ojos de todo el país que es una institución atravesada por la corrupción y que se dedica a defender a los empresarios.
Ricardo Trabajador portuario eventual despedido
Sábado 17 de noviembre de 2018
De crisis en crisis
Carabineros de Chile entra en su tercera crisis consecutiva. Primero, la “Revolución en Carabineros”, la política represiva del primer gobierno de Piñera, que se saldó con un completo fracaso luego de que el Movimiento Estudiantil del 2011 le pasara por encima, desechando enteramente el Plan STAD, basado en la política de los 90’ de Tolerancia Cero del ex alcalde Guilianni de Nueva York y cuyo rasgo más notorio fue la multiplicación de casos de tortura a estudiantes. Segunda, la verdadera fractura interna entre el fuerte aparato de Inteligencia que había desarrollado el segundo Gobierno de Bachelet y el General Villalobos, y los así llamados “pacos de calle”, que terminó con un el General Blu formalizado y un escándalo nacional por los alrededor de $30.000 millones de pesos robados y el montaje de la Operación Huracán, diseñado para encarcelar a luchadores mapuche, protagonizados justamente por ese aparato de inteligencia. Y tercero, la actual “Modernización en Carabineros”, que consiste básicamente en poner todo el peso de la actuación policial en la calle (el ámbito “operativo”), con un remozado Plan STOP que, al igual que su símil del 2010, es una política de choque que tiene su fundamento en el supuesto de que si alguien comete cualquier tipo de infracción no es condenado de inmediato va a reincidir, y que si esa condena no es con todo el peso de la ley, la gravedad del delito irá en aumento.
Carabineros, en ese esquema, tiene el papel de anticiparse al delito o combatirlo. Por supuesto no soluciona nada y lo único que genera es una multiplicación de casos de provocaciones, abuso y asesinatos. Tomando en consideración que el país está atravesado por un profundo cuestionamiento masivo del sistema económico y político heredado de la dictadura, Carabineros se exhibe a sí mismos como los defensores brutales del despotismo patronal. No de manera descriteriada, sino con los criterios del Gobierno de Piñera.
El Comando Jungla usa tácticas que en Colombia ocasionaron 20.000 muertos
La “Modernización de Carabineros”, en su aplicación práctica a través del “Plan Impulso Araucanía”, significó que el GOPE destinara una fuerza para ser entrenada por la Policía Nacional de Colombia, el Comando Jungla.
Debemos recordar que en Colombia se desarrolló durante 60 años una guerra asimétrica de baja intensidad, fundamentalmente entre las FARC y el Estado, al cual se le sumaron paramilitares de ultraderecha y el narco. Este conflicto ocasionó 220.000 muertes, de los cuales un 81,5% eran civiles. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) de Colombia, la fuerza pública fue responsable de un 10,1% de éstas muertes, mientras que los paramilitares lo fueron del 38,4%, 27,7% de “grupos sin identificar”, y un 16,8% por la guerrilla.
Una especificidad de la actuación policial en este caso, es que el método más usado fue el asesinato selectivo, ya sea de luchadores sociales o campesinos, mientras que los paramilitares se perfeccionaron en métodos de salvajismo, horror y barbarie, y la guerrilla en los secuestros. Debemos considerar además, que las FARC, más allá de su política reformista y estrategia militar de guerra de desgaste, constituía una fuerza combatiente que en su mejor momento llegó a agrupar 21.500 efectivos, controlar vastos territorios del país, e incluso invadir, capturar o aniquilar bases del ejército colombiano.
Nada de esto ocurría en Chile cuando Piñera le encargó al General Hermes Soto (el mismo de los toques de queda en la VIII región después del terremoto del 2010) la modernización de carabineros y la constitución del Comando Jungla.
El Plan Araucanía
Este plan fue rechazado por comunidades mapuche cuando fue presentado a fines de septiembre. Bajo el disfraz del “reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas”, el plan contempla la inversión de US$8.000 millones de dólares en infraestructura e inversiones viales, hídricas, turísticas, a la vez que certeros intentos de dividir al pueblo nación mapuche, tales como un registro de machis y lonkos; cambios a la Ley Indígena que permiten dividir las tierras mapuches en títulos individuales de dominio, con la posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos de arriendo de tierras comunitarias hasta por 25 años; el “rechazo explícito al uso de la violencia” y, con ello, la posibilidad de violar todo tipo de derechos territoriales, culturales y políticos, instalando megaproyectos en la zona y segregando a quien se oponga para mejor reprimirlos.
Es este plan el que contempla el “mejoramiento de la infraestructura y modernización policial, nuevo sistema de inteligencia y fuerza conjunta antiterrorismo”, a la vez que “aumentar las Juntas de Vigilancia Rural, sistemas de seguro para el transporte privado, sistema de prevención de delitos y Plan Anti Bandas y Pandillas”, según consigna la web del presidente.
Todo este plan no se ha traducido más que en constantes allanamientos, amedrentamientos, hostigamientos, acoso, persecuciones, golpizas, detenciones ilegales, tortura y, ésta semana, el primer asesinato en manos del Comando Jungla, a Camilo Catrillanca.
Además, para sorpresa del gobierno y de todo el régimen, una multitudinaria y masiva respuesta en repudio, por parte del conjunto del país, que ha significado también una noticia internacional, y que Piñera insiste en reprimir a mansalva, sin lograr sacar las protestas de la calle.
Es decir, un nuevo y rotundo fracaso.
Lucha o lobby
Durante el primer mandato de Piñera ha sido notorio el incremento de la brutalidad policial, tanto en lo cotidiano hacia la ciudadanía en general, como hacia las luchas que han surgido, como por ejemplo las de la población de Quinteros y Puchuncaví, que luchan por vivir en un ambiente libre de contaminación, y así también al activismo, tales como el sistemático hostigamiento a liceos emblemáticos de Santiago como el INBA o el Darío Salas, puntas de lanza de la pesadilla de Piñera, el movimiento estudiantil.
El otro rasgo más notorio es que las grandes organizaciones sociales, llámese CUT, CONFECH, Colegio de Profesores y demases, no han sido derrotados y sacados de la calle por la fuerza, sino que han sido pasivizados y atrapados en una tregua que mantienen sus dirigentes con los gobiernos, desde Bachelet hasta la fecha. Han sido en lo fundamental las bases, organizadas o no, las que han salido a dar la lucha y han mantenido encendidas las brasas del descontento debajo de la crisis de todas las principales instituciones del país.
Por el contrario, referentes como el Frente Amplio no solamente participaron de la Comisión de Seguridad (donde se diseñó la actuación de Carabineros), sino que se han dedicado a una estrategia de diplomacia y lobby parlamentario que no ha logrado detener ningún ataque del gobierno, ya sea Estatuto Laboral Juvenil, negociación del sueldo mínimo, Aula Segura o modernización de carabineros. Hoy, lejos de poner su peso parlamentario y sus diversas tribunas y cargos de representación en organismos para desarrollar una lucha masiva y contundente en las calle contra la represión, se limitan a sí mismos a gestos como las interpelaciones y las exigencias de explicaciones, que a la derecha no la conmueve en lo más mínimo.
