Tras los incidentes de la Supercopa y la suspensión del partido entre la U y Cobresal, se instaló el debate de cómo enfrentar la violencia en los estadios, desde los medios de comunicación, políticos y comentaristas deportivos se tiran la pelota y piden más mano dura. Mientras que desde Estadio Seguro, plan que ha recibido duras críticas, tomaron una drástica medida: le exigió a la ANFP la implementación obligatoria del Registro Nacional de Hinchas. ¿Qué hay detrás del Plan de Estadio Seguro?
Domingo 18 de febrero
El cuestionado Plan Estadio Seguro nació en el año 2011 como una medida de la primera administración de Sebastián Piñera, por la división de prevención y seguridad en espectáculos masivos y deportivos del Ministerio del Interior y seguridad pública, el cual tenía como objetivo enfrentar el problema de la violencia en los estadios, apostando a lograr que los recintos fuesen más “seguros”.
Si bien, ha sufrido algunas modificaciones desde su implementación, lo paradójico es que este plan busca acabar con la violencia en los estadios a través de mayores medidas represivas, como el control de identidad preventivo, sanciones a los clubes deportivos y mayor cantidad de carabineros dentro de los estadios con el fin de mantener el orden. A 12 años de la vigencia de este plan, las consecuencias han sido nefastas, puesto que la implementación de estas medidas represivas no han hecho más que generar mayor violencia en los hinchas.
Por su parte Gabriel Boric, se propuso a cambiar el “Plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario” en su programa de Gobierno, pero fue recién en agosto del 2023 después de los hechos ocurridos en el clásico universitario, que el gobierno inició la tramitación de su proyecto para modificar Estadio Seguro. En dicho proyecto presenta varias cifras, entre ellas señala que el promedio de incidentes graves por partido ha aumentado desde que se tiene registro. Por lo que propone agravar las sanciones y aumentar las multas por hechos de violencia en los estadios, así como incluir nuevos delitos y aumentar las penas en el caso del porte y activación de fuegos artificiales.
Pero las medidas que propone el Gobierno de Boric, están lejos de la perspectiva “social y comunitaria” y tampoco buscan dar una salida real al problema de la violencia en los estadios, solo vienen a fortalecer el Plan Estadio Seguro. Por un lado la política que intentará imponer el gobierno, solo profundiza la marginación de un sector de hinchas y por otro lado a la larga favorece a los empresarios que verán como aumentan sus utilidades al sacar a los hinchas del estadio, obligándolos a pagar por el canal del fútbol para ver los partidos.
Recientemente desde Estadio Seguro exigieron a la ANFP implementar el Registro Nacional de Hinchas. Desde el organismo quieren que la ANFP disponga de la tecnología en los partidos del fútbol chileno a partir del 23 de febrero. “El cumplimiento de esta solicitud será determinante en la autorización de los espectáculos de fútbol profesional”, advirtieron. Lo que podría frenar la realización de la segunda fecha del Campeonato Nacional
Sin dudas, esto sigue expresando la crisis que existe dentro del fútbol. La reacción de los medios de comunicación, algunos políticos o los comentaristas deportivos se enfoca totalmente en pedir más mano dura a “Estadio Seguro”. La semana pasada los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para seguir criminalizando a los hinchas e hicieron un festín por lo ocurrido en el partido entre Colo Colo y Huachipato, donde los hinchas albos se manifestaron en contra minuto de silencio por Sebastián Piñera que buscaron imponer las dirigencias del fútbol chileno e intentaron desplegar un lienzo que decía “Piñera y B$N enemigos del pueblos”. Porque el estadio también es un espacio de expresión social, luego de una semana de lavado de cara a Piñera desde los medios y el mismo Gobierno, los hinchas recordaron quién realmente fue.
Un sistema que enajena a los marginados
Dentro del fútbol hay grandes intereses políticos y económicos, que involucran tanto a empresarios como a políticos, quienes tienen múltiples negocios en torno al deporte, buscan las formas de llenar sus arcas de manera fácil para mantener sus privilegios. A la vez, también son conocidos los casos de las estrechas ligazones entre dirigentes, barras y políticos. A nivel nacional e internacional se han destapado casos de sobornos que responden únicamente a la ambición de todos los empresarios que han visto del fútbol uno de los mayores negocios a nivel mundial.
Al mismo tiempo son estos mismos empresarios y sus políticos quienes salen con todo en contra de los sectores de barras bravas y la delincuencia, pero lo que no hacen es reconocer que la población lumpen que existe dentro de la sociedad son hijos del mismo sistema que ellos sostienen. Dentro del capitalismo cuando nos referimos a los grupos lumpenes, nos referimos a todos los grupos que no tienen derecho a nada, que viven al margen, incluso en algunos casos de lo que es el trabajo. Pero al mismo tiempo estos grupos marginados son productos del mismo sistema que limita el derecho de muchas de estas personas dentro de la sociedad.
El sistema necesita del lumpen, pues crean las condiciones para levantar leyes más represivas y opresivas que tiene como finalidad controlar, por ejemplo, a los trabajadores y sus posibles luchas o como sucedió en el partido de Colo Colo, para que no existan manifestaciones de ningún tipo que incomoden al régimen político.
El fútbol como expresión de la sociedad
Lo primero que hay que tener en cuenta para evitar la violencia en los estadios es no caer en la trampa de pensar y apoyar una mayor presencia policial, pues las fuerzas represivas forman parte del mismo aparato del Estado que ha engendrado el problema. Sabemos que su presencia sólo genera mayores abusos contra quienes asisten a los estadios. Y es que carabineros y seguridad privada no están para cuidarnos, sino para defender la propiedad de los capitalistas.
Es necesario que los equipos estén bajo control de sus trabajadores y de los aficionados organizados democráticamente, no de las directivas, para que sus instalaciones y personal sirvan para fomentar un mejor desarrollo de la juventud y de sus comunidades, no para enriquecer a un puñado de empresarios multimillonarios. Que los recursos que generan los equipos sirvan para financiar programas públicos que permitan alejar a los jóvenes de la violencia y les inculquen otros principios, basados en la solidaridad y la ayuda mutua como parte de la clase trabajadora y del pueblo pobre.
Necesitamos comprender que la descomposición social es producto de la marginación, la miseria y la precarización laboral. No se puede terminar con la violencia sin terminar con la pobreza que la engendra, por lo que se requieren medidas para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Acabando con todas las formas de precariedad laboral, la reducción de las horas laborales, así como también pelear por construir nuevos espacios culturales y deportivos.
