En los últimos días han desfilado múltiples sentencias, dictámenes y pronunciamientos judiciales. La situación judicial de Torra y Junqueras mantiene en vilo al pueblo catalán.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Lunes 13 de enero de 2020
Llevamos muchos meses, incluso años, con la intervención del poder judicial en la situación política del Estado español, y, sobre todo, en relación a la lucha por la independencia del pueblo catalán. En las últimas semanas la intervención está en su punto máximo con la intervención de la Junta Electoral Central en el Parlament y la Generalitat catalanes. Punto máximo que incluye al Tribunal Supremo ignorando el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No es objeto de éste artículo mencionar todas las injusticias cometidas por el poder judicial español. Aunque vale la pena destacar el caso de los presos del 23S que fueron declarados terroristas y que todos está libres luego de meses de prisión preventiva injustificada. Algo parecido a lo que le pasó a Tamara Carrasco. Hay más de 2.500 represaliados por la “justicia”, entre ellos los presos políticos catalanes con la sentencia de los 100 años.
Está claro que el poder judicial, con el apoyo del ejecutivo y la Monarquía, es el gran instrumento de castigo que utiliza el Régimen del 78 contra el pueblo catalán. Multas, causas basadas en montajes policiales, detenciones por si acaso, y sentencias basadas en una realidad inventada por el “magistrado” de turno.
Si la forma de buscar la libertad de los presos políticos es exclusivamente judicial; si se espera que solo importantes abogados sean los que saquen de las cárceles a sus defendidos; i con apelaciones a una instancia superior hasta llegar a Europa se intenta hacer justicia; pasará lo mismo que a Otegi. Después de siete años de cárcel, el Estado español tuvo que sacarlo de la cárcel y pagarle una indemnización por no haber respetado sus derechos.
Si bien es cierto que a través de las batallas judiciales, Puigdemont y Comín han logrado evitar la acción judicial española y presentarse en el Parlamento europeo. La represión judicial igualmente gana de lejos: presos políticos, juicios en curso, inhabilitación de Junqueras y Torra, persecución policial, etc y etc.
Es necesario demostrar la fuerza en las calles
¿Qué le pasará a Junqueras y a Torra, si solo nos centramos en discutir con sus victimarios?, ¿Qué pasará con el juicio al Josep Lluís Trapero?, ¿Qué pasará con los miles y miles de luchadores, como los que cierran la Avinguda Meridiana cada noche? Además, de todas las gestiones judiciales, es necesario demostrar suficiente fuerza social en las calles, los lugares de trabajo y de estudio para detener la dura represión judicial y policial.
Este es el gran límite de las direcciones burguesas de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Son muy respetuosos de las normas de juego del Régimen del 78. No se animaron a defender la República catalana mediante la movilización del pueblo catalán en ese octubre del “17”. Y, durante estos dos años largos han tratado de no movilizarlo. Precisamente, lo contrario que hay que hacer para enfrentar al Régimen del 78.
Es Esquerra Republicana quien lleva más allá la negativa a enfrentar el Régimen del 78. De hecho, ha facilitado la gobernabilidad con uno de los partidos del 155. Junts per Catalunya tampoco se queda muy atrás. De hecho, fue cómplice de la represión de los jóvenes que lucharon contra la sentencia el 14O. Y, la organizó cooperando con el PSOE, un partido del 155.
La lucha por la libertad de los presos políticos y para la represión del Régimen del 78 no se puede hacer con la estrategia de Esquerra Republicana y la de JxCat. Es necesario, desarrollar una amplia campaña social y popular para movilizar el gran músculo social del pueblo catalán. Es necesario organizarlo para golpear juntos contra el Régimen del 78. La izquierda independentista tiene la posibilidad de jugar un rol determinante en este camino.
