Opinión. El gasoducto, el mandato extractivista y una “redistribución” curiosa

Con el lanzamiento de la licitación de la obra civil, concluye un nuevo capítulo en la novela (que recién empieza) del gasoducto de Vaca Muerta. El anuncio se concretó este viernes, cuatro días después de la renuncia del responsable de la unidad ejecutora del gasoducto, y minutos antes del acto por los 100 años de YPF, en el que luego de meses volverían a compartir escenario el presidente y la vicepresidenta.

Una curiosa “redistribución”

Por la tarde del viernes, el presidente de Enarsa, el cristinista Agustín Gerez, anunció el inicio del proceso licitatorio para la obra civil del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que culminará en agosto. Hasta ahora, quienes anticiparon su interés en quedarse con el negocio fueron Techint, de Paolo Rocca, y Sacde, de Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin.

Se estima que el gasoducto, que tendrá una extensión de 563 kilómetros entre Tratayén y Salliqueló, costará USD 1.566 millones. Entre muchas incógnitas, hay una certeza: el primer ganador es Paolo Rocca. Al ser la única oferente, SIAT S.A. (Tenaris), del Grupo Techint, se quedó con la provisión de caños que ofertó por USD 437 millones. El 28 de mayo SIAT recibió un primer desembolso de $26.800 millones, y previamente consiguió que el Banco Central le habilite el acceso a dólares (al tipo de cambio oficial), para comprar parte de la materia prima a una subsidiaria de Techint en Brasil.

En el acto por los 100 años de YPF, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo señaló: “Tenemos también que comenzar a exigir (a) quien provee los caños, que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia (...) Pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos darles 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil”.

Sin embargo, la vicepresidenta afirmó que la “llena de orgullo” que el 25% del denominado “Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas” vaya a financiar el gasoducto. Una curiosa política de “redistribución del ingreso” que termina beneficiando al empresario ítalo-argentino, el segundo más rico del país, con una fortuna familiar de USD 3.900 millones.

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La semana pasada, Rocca estuvo en la Rosada para festejar un nuevo beneficio a las petroleras: mayor disponibilidad de divisas para su producción incremental de gas y petróleo. Esta vez, fue como representante de la petrolera de su grupo, Tecpetrol, y aplaudió la medida junto a sus pares de Pan American Energy, CGC, Total Energies, Chevron, Equinor, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell, Vista, Exxon, Raizen, Schlumberger y Wintershall. Muchas de esas petroleras, como Tecpetrol, se ubican entre las 100 empresas que más dólares fugaron en la era Macri.

El “reclamo” de CFK al Grupo Techint puede tener algún efecto para la tribuna. Pero es poco creíble: fueron los ministros más cercanos a la vicepresidenta (incluyendo a Eduardo “Wado” de Pedro) los que siguieron a “la lapicera” del presidente en la firma del Decreto 277. Ahora las petroleras tendrán una nueva herramienta legal para la fuga.

La Secretaría de Energía es uno de los escenarios de mayor exposición de la interna en el Frente de Todos. El kirchnerismo cuestiona los aumentos de tarifas y habla contra Rocca, pero con un modus operandi en sintonía con las críticas al ajuste y al pacto con el FMI: se “oponen” pero lo garantizan. En última instancia, y a pesar de su “disconformidad”, fue el kirchnerista Federico Bernal, interventor del Enargas, quien convalidó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas.

Extractivismo sin grieta (ni interna)

Cristina, desde Santa Cruz, fue una de las impulsoras de la privatización de YPF en los ’90, junto a Néstor y Oscar Parrilli. Alberto, fue uno de los defensores de Repsol en 2012, mientras cobraba un sueldo como consultor de la empresa española. Durante el acto a 100 años de la fundación de YPF, de eso no hablaron.

De lo que sí hablaron fue de la potencialidad de Argentina como productora de hidrocarburos. “Si tenemos la reserva que tenemos en materia de gas, si además frente a Mar del Plata (sic), si además yacimientos que se han descubierto en el sur, en Santa Cruz (...) vamos a hacer muchísimos gasoductos”, sostuvo con entusiasmo la vicepresidenta. “Me hablaron de la energía, todos conocen Vaca Muerta”, agregó el presidente en referencia a su gira europea.

Para obedecer el mandato extractivista no hay interna. En lo que va de su mandato el Frente de Todos (con sus distintas alas) benefició a las empresas con medidas que contrastan con el ajuste al pueblo trabajador. Ya antes de la pandemia, la ley de “solidaridad” de diciembre de 2019 redujo las retenciones a las exportaciones del sector, del 12 al 8%. En 2020, frente a la caída del precio del petróleo a nivel global, el gobierno estableció por decreto (488/20) el precio sostén del barril criollo, que a su vez eliminó momentáneamente las retenciones a las exportaciones. Luego llegó el turno del Plan Gas, que además de garantizar precios (en ese entonces) favorables para las petroleras, instruyó al Banco Central de la República Argentina a flexibilizar para las empresas el acceso al mercado libre de cambios (MLC), permitiéndoles la “repatriación de las inversiones directas y sus rentas y/o la atención de servicios de renta o principal de endeudamientos financieros del exterior”.

Como no podía ser de otra manera, al Plan Gas también ingresó Tecpetrol, con 9,94 millones de metros cúbicos por día. La petrolera del Grupo Techint venía de ser la más beneficiada con la Resolución 46 del macrismo, llegando a percibir más del 50% de ese subsidio millonario. Así logró, en detrimento de YPF, explotar el yacimiento Fortín de Piedra. Hoy, gracias al nuevo Plan, vuelve a batir récords y ya es la mayor productora de shale gas del país.

Es cierto que bajo el gobierno del Frente de Todos, YPF recuperó terreno en la industria hidrocarburífera. Pero nada tiene que ver eso con la “soberanía”. YPF es hoy una sociedad anónima con mayoría estatal y un 49% de accionistas privados, que cotiza en la bolsa de Nueva York y funciona como una corporación más. Entre sus accionistas, hay fondos de inversión como Black Rock, Morgan Stanley, Wellington, BNP Paribas, Fidelity, entre otros.

Un año después de la recompra de acciones a la española Repsol en 2012, la mayoría estatal fue utilizada para asociarse con Chevron e inaugurar la explotación de Vaca Muerta con la nociva técnica del fracking. El acuerdo con Chevron incluyó cláusulas secretas y empresas off shore. YPF actúa en la industria como vocera del resto de las empresas multinacionales: fue a través de YPF que en 2020 las petroleras impusieron un nuevo acuerdo de flexibilización laboral a lxs trabajadorxs, que se sumó a la adenda macrista de 2017. YPF es un emblema del saqueo extractivista.

Un nuevo umbral de saqueo

En el contexto de los altos precios internacionales y los estímulos millonarios a nivel local, la producción de hidrocarburos con la técnica del fracking está batiendo récords. En abril Neuquén produjo 264.⁣⁣⁣⁣⁣551 barriles de petróleo y 78,32 millones de metros cúbicos de gas por día, en su mayoría de explotaciones no convencionales. Superó ampliamente las previsiones hechas a finales de 2021. Sin embargo, la producción de gas encontró un techo en la infraestructura existente. El gasoducto apunta a resolver el cuello de botella que impide aumentar la producción y obliga al estado a importar gas en invierno. El objetivo de las petroleras es, además, aumentar las exportaciones.

En el marco del acuerdo con el FMI, la deuda es utilizada como fundamento para una nueva ofensiva del capital extractivista. Vaca Muerta, la explotación offshore, la megaminería, el trigo transgénico y la entrega de cientos de miles de hectáreas para la producción de hidrógeno, son parte de esa ofensiva.

El gasoducto no está pensado en función de las necesidades de las grandes mayorías. El gobierno no prevé garantizar el acceso a la energía a las miles de familias que, en medio de la ola polar, no tienen conexión a la red de gas natural. Lo único que importa es conseguir los dólares para pagarle al FMI (aunque el objetivo sea de dudoso cumplimiento porque los dólares se los lleven las empresas).

La apuesta millonaria a Vaca Muerta, con subsidios y “planes” de los que nadie se queja (ni macristas ni “liberales”), bloquea cualquier tipo de debate sobre la transición energética. Se naturalizan los impactos ambientales del fracking, con récord de derrames e incidentes ambientales por año, basureros petroleros que acumulan millones de metros cúbicos de residuos tóxicos, sismos que no dejan vivir en paz a la población de Sauzal Bonito, y consumo millonario de agua en medio de una crisis hídrica. El gasoducto atravesará territorio mapuche sin siquiera respetar a las comunidades el derecho a la consulta previa, libre e informada. Mientras tanto, el “derrame” prometido no llega. Ninguno de los problemas estructurales en Neuquén se resuelven. Más bien, la pobreza se consolida y la emergencia habitacional se agrava.

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Para cuestionar de raíz este saqueo, la industria energética debería pasar a formar parte de una única empresa estatal, con control de sus trabajadores y trabajadoras, comunidades afectadas en cada territorio, pueblos originarios, profesionales de universidades públicas y organizaciones ambientales. Sólo así se podría decidir democráticamente un plan de transición para descarbonizar la matriz energética y superar el desastroso método del fracking, conservando y creando nuevos puestos de trabajo, y decidiendo qué fuentes de generación de energía se utilizarán en cada zona, con qué financiamiento y para qué usos. De esa forma se podría sustituir las importaciones de gas, en un país que utiliza el hidrocarburo para generar más de la mitad de la energía eléctrica que se consume.

Una medida como esta debería relacionarse con la planificación racional de los sectores de mayor consumo energético, como el transporte y las industrias, y la creación de un plan de obras públicas para garantizar viviendas con eficiencia energética.