24 de Marzo - Dictadura y genocidio de clase. A 43 años del golpe: los delitos sexuales y el Estado genocida

En el marco del plan genocida perpetrado por la última dictadura con el fin de aniquilar la vanguardia obrera y disciplinar al conjunto de los trabajadores y los sectores oprimidos, las mujeres fueron sometidas en los centros clandestinos de detención (CCd).

En nuestro país no fue sino hasta el año 2010 que se incorporó la definición de delito de lesa humanidad de acuerdo a los términos de la Corte Penal Internacional en cuanto se tratase de “toda violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable (...) cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, cometidos por los represores durante la dictadura. Antes solo eran considerados como una modalidad más de tortura, como hechos eventuales, que no formaban parte del plan sistemático, por lo que la Justicia los consideraba prescriptos.

El primer fallo que estableció a la violación como un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptible, fue dictado aquel año por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, condenando a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. Los jueces consideraron al momento de dictar sentencia que la violencia sexual que ejerció Barcos constituyó una forma más de tormentos y por esto, un crimen de lesa humanidad.

Los delitos sexuales fueron parte de lo cotidiano en los más de 600 centros clandestinos que funcionaron en todo el país. Llevó décadas poder dimensionar la funcionalidad de esta práctica en la planificación del terrorismo de Estado, y para ello fue necesario un enorme trabajo de investigación, que principalmente a través de los testimonios aportados por las víctimas y sobrevivientes, familiares y testigos durante el desarrollo de los juicios, sirvieron para que finalmente se comenzaran a producir los cambios necesarios para que las víctimas de esos abusos llegaran a obtener una condena a sus verdugos, esos mismos que caminaron impunes por las calles durante décadas.

En los últimos años, y en los distintos debates en curso, las querellas y fiscalías realizaron los pedidos de ampliar las acusaciones a los represores por estos delitos en base a las denuncias realizadas por las víctimas, que hicieron visible lo que para la Justicia estaba invisibilizado.

Durante el año 2012, la procuradora Alejandra Gils Carbó instruyó a los fiscales para que apliquen las pautas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, que identifica los aspectos problemáticos de la práctica judicial al momento de tratar estos delitos. Pero lo cierto es que para cada una de estas mujeres, cada audiencia, y cada testimonio, es volver a transitar el camino de los padecimientos y horrores que perpetuaron sobre ellas durante el cautiverio, expuestas a la permanente revictimización por parte de la Justicia.

La violencia sexual formó parte del plan criminal, constituyendo un instrumento más de ataque, al igual que los golpes, el uso de la picana u otro tipo de vejámenes.

Todos persiguieron un mismo objetivo: causar dolor, doblegar la resistencia de las víctimas, conseguir información, producir efectos de control y disciplinamiento, tanto para las víctimas como para el resto de la sociedad. Existen innumerables testimonios que dan cuenta de la sistematicidad y magnitud de los crímenes sexuales cometidos por agentes del Estado en perjuicio de hombres y mujeres durante la última dictadura militar, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.

La apertura y avance de los juicios de lesa humanidad, más allá de sus límites y trabas impuestas desde el Estado, desde la dilación de las elevaciones a juicio, las causas fragmentadas, los debates postergados desde hace años por falta de conformación de tribunales, entre otros, así como la pelea por la incorporación de estos abusos como delitos de lesa humanidad, expresa una conquista producto de la lucha que mantuvieron durante décadas, víctimas, sobrevivientes, militantes y organismos de derechos humanos comprometidos en la pelea contra la impunidad.

Disciplinar los cuerpos y las ideas

Este fue el objetivo del plan que los genocidas diagramaron para disciplinar y aniquilar a la clase obrera que se encontraba en ascenso y ponia sus ideas en la lucha contra el enorme poder de los grandes dueños del capital, por lo que se volvía clave aplicar una política económica destinada a aumentar los niveles de explotación y subordinación respecto del imperialismo.

Para poner un freno a esto, y avanzar con sus objetivos, se necesitaba de una maquinaria para desarrollar una profunda reestructuración política, social, económica y cultural. Por esto, también el avance era particularmente sobre las mujeres, quienes representaban una gran fuerza, donde las jóvenes, trabajadoras, estudiantes, consolidaban su organización y contaban con gran protagonismo en la época.

Un plan desarrollado milimétricamente, planificado de manera sistemática, con el fin no solo de ejecutarlo con total impunidad, sino que en el plano ideológico-político, el principal objetivo era (en los términos de la jerga genocida) poder “recuperarlas”. Se proponían que las mujeres asumieran el rol de buenas madres y esposas, manteniendo sus quehaceres sólo en el ámbito de lo privado, estableciendo así la vigencia de un pilar fundamental del capitalismo como lo es el patriarcado.

Quienes cuestionaran este mandato “natural” eran sometidas con particular saña. Secuestradas, desaparecidas y mantenidas en cautiverio, cientos de ellas parieron en la clandestinidad, y sus hijos les fueron robados.

Al respecto, Andrea D’Atri plantea: “Frente a este modelo, las mujeres militantes- es decir, que tenían una actividad política, pero además con la intención de subvertir el orden social- serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos, no sólo por su militancia contra el orden establecido, sino en tanto encarnaban una ruptura con los roles de género tradicionales”.

Según los datos arrojados en el informe realizado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron el 33 % del total de los desaparecidos, mientras que un 10 % se encontraba embarazada al momento de ser secuestrada, durante el período 1976-1983.

Los abusos sexuales eran reiterados y llevadas a cabo, muchas veces, por más de un represor, en la mesa de torturas o cuando las detenidas necesitaban realizar sus necesidades básicas. Por lo que la violación, además de constituir una forma de sometimiento y extorsión, buscaba también el castigo de las mujeres detenidas en los CCD: corregir mediante las más repudiables vejaciones la integridad física y psíquica de esas mujeres.

“La violencia masculina puede ser interpretada en esa relación jerarquizada como expresión de dominio, como acto disciplinador hacia aquellas mujeres que se desplazaron de su posición subordinada; y como una agresión, como una afrenta hacia los otros varones. En las violencias sexuales se expresa un acto de poder. Las mujeres víctimas del terrorismo estatal experimentaron un doble castigo”, sostiene María Sonderéguer, investigadora del Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria de la UNQ.

A poco de cumplirse 43 años de un nuevo aniversario del golpe genocida, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dependiente del Ministerio Público Fiscal, dio a conocer cifras del proceso histórico vinculadas al juzgamiento de los delitos sexuales cometidos en la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Sólo en un puñado de casos se contempló que los abusos y violaciones contra la integridad de las mujeres también fueron parte del plan genocida. En la actualidad hay 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Las agresiones sexuales cometidas en centros clandestinos consistieron en violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez, tocamiento.

La Procuraduría señaló además que a marzo de 2019, solamente el 12 % de las sentencias incluye este tipo de delitos (26 de 219). En esos fallos, se reunieron los casos de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres. De acuerdo a las estadísticas elaboradas por la Procuraduría al mes de octubre de 2018, de 892 condenados, se suman 122 absueltos y más de la mitad de los detenidos con prisión domiciliaria.

Maternidades clandestinas bendecidas por la Iglesia

Además de la violencia sistemática que recaía en los cuerpos de las mujeres, fueron además víctimas del robo y posterior apropiación ilegal y sustitución de las identidades de sus hijos que dieran a luz en los centros clandestinos de detención en el marco de un Plan Sistemático de robo de bebés.

Si bien el brazo ejecutor eran los militares, fue un pilar fundamental la colaboración del empresariado y la jerarquía eclesiástica, siendo parte también el denunciado Jorge Bergoglio. La hoy máxima autoridad del Vaticano, está sospechado de haber sido cómplice de la dictadura. Un caso demuestra que Bergoglio conoció de cerca qué pasó durante la dictadura. Estaba al tanto del robo de la identidad de Ana Libertad, quien nació en 1977. La nieta recuperada, a quien su abuela Alicia “Licha “de la Cuadra no pudo conocer.

Tal como se comprobó judicialmente, los obispos y la Curia en general jugaron un rol clave en el Plan Sistemático durante la dictadura cívico-militar. Por su parte el Movimiento Familiar Cristiano (MFC), institución acreditada por el Episcopado argentino, cumplía la función de “agencia mediadora” entre los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en los centros clandestinos y sus apropiadores, que en su gran mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad (o personas ligadas a ellos) quienes se ocupaban de falsificar documentación para adulterar la verdadera identidad de los bebés y así lograr “ubicarlos” con aparente legalidad.

La Justicia no recae sobre las sotanas, salvo casos como el del ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, e integrante del Circuito Camps, Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio cometidos contra 41 víctimas. Hoy Von Wernich continúa siendo clérigo y celebra misa haciendo comulgar a otros condenados por crímenes de lesa humanidad que comparten prisión con él en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz.

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Por su parte, los empresarios fueron parte de este plan tal como quedó demostrado la filial argentina de la automotriz alemana Mercedes Benz en el año 1975 “donó” un equipo de obstetricia al Hospital Militar de Campo de Mayo, la maternidad clandestina más grande del país. Una muestra más de que el Plan Sistemático de Robo de Bebés fue planificado previamente al golpe genocida.

La periodista Gaby Weber realizó una seria investigación sobre bebés adoptados por gerentes de Mercedes Benz y también por un gerente del gigante farmacéutico Bayer, hechos en los que intervino directamente el MFC.

Además de la maternidad de Campo de Mayo, la ESMA, el Hospital Naval y el Hospital Militar fueron algunos de los más importantes centros clandestinos equipados para inducir las tareas de parto de las detenidas embarazadas, mujeres de no más de treinta años, quienes compartían celdas con otros compañeros y compañeras que pese a su estado, se encontraban bajo pésimas condiciones de higiene, salubridad y alimentación.

En las "salas de parto" generalmente un médico supervisaba el proceso junto a parteras y enfermeras , algunas pertenecientes al ámbito de la Iglesia, mientras que los nacimientos eran realizados en presencia de oficiales del ejército y civiles armados. Muchas veces las detenidas entraban en trabajo de parto sin que nadie se acercara para asistirlas, por lo que eran sus propios compañeros y compañeras los que oficiaban de parteros. Las detenidas embarazadas también eran torturadas durante el período de gestación, que en muchos casos les provocó abortos o malformaciones en los bebés al nacer.

A estas atrocidades, sobre estas mujeres pesaba la incertidumbre que cada una de ellas tenía acerca del destino de sus hijos e hijas, y la incertidumbre de saber si alguna vez recuperarían su libertad para salir en su búsqueda; esto también era tortura.

Testimonios de sobrevivientes dan cuenta que la lucha contra la impunidad de los genocidas también podía ser expresión en las celdas donde las mujeres estaban detenidas. Uno de esos testimonios es el de Adriana Chamorro y su ex marido Eduardo Corro, uruguayos detenidos en el Pozo de Banfield, quienes compartieron celda contigua con María Asunción Artigas, quien estaba embarazada de dos meses cuando la secuestraron junto a su compañero, Alfredo Moyano, en diciembre de 1977. Los represores la mantuvieron con vida hasta el nacimiento de su hija, María Victoria Moyano.

Asunción organizó a las detenidas contra el acoso sexual de los guardias. “Había un clima pesado con las compañeras y ella fue hablando con cada uno de nosotros cuando nos llevaba la comida, y todos estuvimos de acuerdo en apoyar que lo denunciaran. El tema llegó a un oficial, y a partir de ahí cesaron las intimidaciones. Para nosotros fue algo muy importante porque en el chupadero éramos nadie” declaró Eduardo. María Asunción aún permanece desaparecida.

Mujeres organizadas contra la impunidad de ayer y de hoy

En vísperas de cumplirse 43 años de la dictadura, la gran mayoría de los civiles y militares que impulsaron el golpe siguen impunes. Los empresarios que fueron beneficiaron directamente con el plan económico de la dictadura han incrementado sus ganancias gracias a los gobiernos pos dictadura. Las fuerzas represivas del Estado continúan repletas de genocidas en funciones, y la Iglesia sigue sosteniendo su voto de silencio, encubriendo a los apropiadores. Y por esto alrededor de 400 hijos e hijas ilegalmente apropiados desconoce todavía cuál es su identidad y de los cuales se han recuperado un total de 128 .

El manto de impunidad permitió que bajo el gobierno anterior el genocida César Milani estuviese al mando del Ejército. Esta impunidad permite el negaionismo de Cambiemos y de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos; instalando la idea de una guerra sucia con el permanente intento de reconciliación con las FF.AA y la búsqueda de relegitimar a las fuerzas represivas para llevar adelante la represión para aplicar las políticas de ajuste impuestas por el pacto con el Fondo Monetario Internacional.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad, pese a sus límites, y las condenas a los militares genocidas y algunos civiles como lo demostró la histórica sentencia a los gerentes de la automotriz Ford (que contaba con un centro clandestino de detención dentro du su propio predio) son una muestra cabal de la lucha sin descanso que han dado sobrevivientes y familiares, movilizados en las calles, manteniéndose vivos en la pelea contra la impunidad cada vez que se intentó avanzar como fue la resolución de la Corte Suprema con el beneficio del 2x1 a los genocidas, las prisiones domiciliarias, o los asesinatos donde el Estado es responsable, como los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Junto a la gran marea verde que inundo las calles de todo el país durante el debate en el Congreso por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se suman las luchas en curso que tienen como protagonistas principales a valientes mujeres como las obreras de MadyGraf, las comisiones de mujeres de Fate y Coca-Cola, trabajadoras que pelean su reincorporación como en Siam, las mismas que hicieron temblar la tierra en la multitudinaria movilización de este último 8M.

Ellas luchan por sus derechos y en contra de la violencia machista y patriarcal, hoy tienen otra tarea: movilizarse este próximo 24 de marzo a 43 años del golpe genocida. No sólo para asistir a una cita de honor, sino ser parte de un movimiento que levante las banderas por el juicio y castigo y cárcel común a todos los genocidas, la apertura de los archivos para conocer la verdadera identidad y recuperar a esos cientos de niñas y niños apropiados que hoy sus Madres y Abuelas siguen buscando sin descanso.
Este 24 volveremos a plantear la derogación de los decretos que permiten la financiación de la Iglesia por parte del Estado, así como su inmediata separación de esta institución medieval que avala y es cómplice del abuso de cientos de menores, pero condena a miles de mujeres a morir en abortos clandestinos.

Estas nuevas generaciones de jóvenes mujeres son una fuerza arrolladora, que junto a junto a la clase trabajadora y el movimiento de mujeres, tienen el desafio de dar la pelea contra la impunidad de ayer y de hoy, como lo hicieron aquellas valientes mujeres en las épocas más oscuras de nuestra historia en la pelea por una vida que merezca ser vivida.