Fue invitado hoy por la comunidad Angosto de El Perchel ante el conflicto con la empresa por la extensión de la red de fibra óptica en el territorio sin consulta previa.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Martes 9 de julio de 2019 19:59
El conflicto lleva varios meses sin ninguna solución a favor de la comunidad afectada. La empresa Telecom Argentina, junto a personal policial irrumpió a principios de marzo en terrenos que pertenecen a integrantes de la Comunidad Angosto de El Perchel, sin consulta previa, ni consentimiento de quienes viven en el lugar, destrozando lugares de producción, e incluso, deteniendo a tres mujeres que cuestionaron el accionar.
Posteriormente, durante el mes de junio, la empresa intentó dos veces más irrumpir en la comunidad, incluso con el aval de funcionarios del gobierno provincial, la policía y la justicia que levantó una medida cautelar presentada por la comunidad.
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Ante esta situación, integrantes de la comunidad notificaron a la Secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquín y funcionarios como Raul García Goyena, y Valeria Mendoza, la concreción de una reunión establecida para el 2 de julio en la comunidad, pero ninguno asistió a la misma. Tampoco el día de hoy, en la que fue notificado el gobernador, lo que muestra el desprecio hacia los pueblos originarios por parte de la secretaría y del mismo gobierno que no garantiza derechos elementales, y es por eso el reclamo de diversas comunidades por atropellos ante el avance de las multinacionales mineras, de especuladores inmobiliarios, o de la comunicación como TELECOM.
La comunidad indígena plantea que es el gobierno y el estado provincial quien tiene que garantizar los mecanismos de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) para cualquier accionar en sus territorios, en este caso de empresas, como TELECOM. También plantea la reparación de daños ocasionados por la misma el día 11 de marzo, como el destrozo de almácigos y canales de riego. En este momento se está realizando una asamblea en la comunidad donde decidirán pasos a tomar.
La Argentina ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y firmó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La legislación nacional reconoce el derecho a la propiedad comunal de los pueblos originarios, como el derecho de los mismos a definir el uso, desarrollo, y control de sus tierras, recursos y territorios. El Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte tierras y territorios.
