POLÍTICA ESTADO ESPAÑOL. El Gobierno amplía el “escudo social” para los afectados por la DANA con 3.700 millones adicionales

El escudo social anunciado este lunes en el Consejo de ministros extraordinario amplia en 3.700 millones de euros el primer plan presentado la semana pasada. Según ha informado Pedro Sánchez en rueda de prensa, las ayudas llegarían a 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares. Sumado al plan anterior, implica un desembolso total de 4.373 millones de euros, equilibrando lo que hasta ahora era un plan que tenía como principales beneficiarios a las empresas.

Una parte de estas ayudas para los damnificados están destinadas a congelar durante 12 meses las hipotecas de las viviendas dañadas por la DANA, sumados a los 12 meses congelados por las pasadas ayudas. Esta medida habilita el “impago” hipotecario de tres meses y el pago de la mitad de la hipoteca durante los siguientes 9 meses, una medida que supone un alivio temporal, pero ignora que el drama de la DANA y las complicaciones económicas a raíz de esta se van a extender durante mucho más tiempo.

Entre las medidas anunciadas se encuentra también la extensión de todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas; la extensión de las compensaciones por pérdida de enseres también a los inquilinos, y a los bienes que no sean de primera necesidad.

Estas ayudas han sido solicitadas por casi 3000 personas, mientras que 158.000 siguen realizando solicitudes al Consorcio de Compensación de Seguros. Este es el organismo público que se encarga de hacerse cargo de los daños en caso de catástrofes, ya que las aseguradoras privadas dejan de hacerse cargo de los asegurado y ese dinero sale de los presupuestos públicos.

El plan presentado por Sánchez prevé el el anticipo inmediato del 50% de estas ayudas a todos los ciudadanos que las soliciten, para que no tengan que esperar la tramitación de su expediente y la ampliación temporal de las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno. A tal fin se crean puntos de atención en todas las oficinas de Correos y se procede a la apertura de una red de oficinas temporales en los municipios afectados. El Real Decreto ley incluye también un incremento temporal en un 30% del complemento de Ayuda Para la Infancia.

El pack de medidas habilita 150 viviendas de titularidad estatal situadas dentro o cerca de las zonas dañadas, para ponerlas a disposición de los afectados que han tenido que abandonar sus viviendas de forma gratuita e inmediata. El Gobierno destinará 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque, sin embargo, antes de la DANA había en Valencia un total de 60.000 viviendas vacías que podrían ser utilizadas para alojar a los afectados.

Otra de las medidas de este escudo social es lo que Yolanda Díaz ha llamado un “escudo laboral”. Incluye permisos especiales para no tener que ir a trabajar quienes tengan dificultades para llegar a su centro de trabajo mientras se les retribuye desde el Estado su sueldo, a través del mecanismo de los ERTEs. También la Generalitat Valenciana está destinando fondos públicos a poner lanzaderas gratuitas de bus al puesto de trabajo en las zonas industriales afectadas por la DANA que quedaban sin comunicar, cubriendo el transporte de la plantilla a sus puestos.

Los ERTEs son una forma de subsanar con dinero público los sueldos y cotizaciones a las empresas, una fórmula que se popularizó durante la pandemia y que ha sido reactivada a gran escala en los dos packs de medidas del gobierno de PSOE-Sumar de esta semana. Durante el ERTE la plantilla pierde el 30% de su salario, empeorando su situación en medio de una catástrofe que ha destrozado viviendas, vehículos y bienes personales a decenas de miles de personas en localidades del cinturón obrero de Valencia. Este tipo de suspensiones, en particular en las grandes empresas, deberían correr a cargo de los beneficios empresariales acumulados o, en todo caso, un fondo constituido por impuestos extraordinarios sobre los mismos.

Otras medidas están destinadas a “proteger a los consumidores”, como son la prohibición del corte de energía eléctrica y gas a los hogares afectados. Se permite también modificar y suspender temporalmente los contratos de suministro sin coste, así como aplazar las facturas. Por último, se intima a las operadoras de telecomunicaciones y servicios que compensen a sus clientes por los servicios que no han recibido durante la catástrofe.

También se aprueba una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la recepción de esta ayuda y será equivalente al 50% de su base de cotización.

El resto del paquete irá destinado a mantener la actividad económica y reconstruir las zonas productivas afectadas para que puedan volver a producir lo antes posible. En el sector agrario se ha concedido 200 millones de euros a las explotaciones, así como 60 millones en créditos para agricultores y ganaderos y 175 millones de euros para la reparación de infraestructuras.

Otras medidas incluyen un plan de 45 millones para la restauración de la Albufera y las cuencas fluviales afectadas por la inundación y dos millones de euros en ayudas directas para los cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas, así como 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo destinado a retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados.

Necesitamos un plan al servicio de los trabajadores y el pueblo a costa de los beneficios de los grandes capitalistas

Aunque muchas de las medidas de este “escudo social” servirán para paliar la catastrófica situación que viven las y los trabajadores, sectores populares y pequeños comerciantes de los pueblos afectados por la DANA, las grandes empresas que mandaron a sus puestos a miles de trabajadores ante un episodio climático extremo, siguen siendo las grandes beneficiarias, cuando no se les pide ni un euro para que contribuyan a sufragar la reconstrucción y las medidas de emergencia.

Frente al anuncio de este escudo social, el presidente de la patronal de la CEOE Antonio Garamendi lamentaba que hubiera tenido que incluir ayudas sociales y no sólo a la patronal, declarando que “el Ministerio de Trabajo está haciendo política de una auténtica desgracia”. Mientras los representantes de CCOO y UGT alababan el escudo social, la respuesta de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz declaraba: “echo de menos al señor Garamendi que trabajaba por su país, que representaba los legítimos intereses de las patronales, como hace el diálogo social en Valencia, pero desde luego que salvaba empresas, salvaba trabajadores y defendía autónomos”.

El Gobierno del PSOE y Sumar no va a cuestionar la propiedad privada y los intereses de los grandes capitalistas, porque gobiernan para ellos. Por eso ni se les ocurre implantar una medida sencilla como sería establecer un impuesto extraordinario a las grandes empresas que, como Amazon, Inditex, Mercadona o Ikea, no solo obtienen enormes beneficios anuales explotando a sus trabajadores, sino que están directamente implicadas en este crimen social.

Como decíamos con relación al primer paquete de medidas presentado por el Gobierno, “es necesario un plan ambicioso frente a la desastrosa gestión capitalista del Gobierno. Porque recursos económicos hay muchos, sólo basta con mirar los beneficios de los últimos trimestres del Ibex 35. Sólo el beneficio anual de los grandes bancos del Estado español triplica la inversión anunciada por el Consejo de ministros.”

La clase trabajadora y los sectores populares hemos puesto los muertos y ahora quieren que paguemos el coste de la catástrofe con dinero público. Es fundamental poner a disposición de la reconstrucción de las regiones afectadas todos los recursos materiales e infraestructuras de las empresas, como camiones, maquinaria pesada, hoteles, viviendas vacías, mercancías, entre otros. En resumen, debe implementarse un programa en el que sean los capitalistas, responsables de la situación, quienes asuman el costo.

La catástrofe de Valencia exige medidas de urgencia. Hay que imponer impuestos especiales sobre los beneficios de la banca, las eléctricas y las grandes empresas, suficientes para implementar medidas de prevención en todas las regiones en donde se pueden reproducir fenómenos similares y la suspensión automática de las actividades no esenciales ante la mínima situación de riesgo para la población.

Al mismo tiempo, es necesario seguir organizando la solidaridad de clase y exigir a las burocracias sindicales que rompan con su pasividad criminal y llamen a paros y movilizaciones por un plan que incluya el refuerzo de todos los medios de emergencia civiles, contratación inmediata de todos los trabajadores en paro (trabajadores de la construcción, sanitarios, técnicos) para movilizarlos en las tareas de ayuda y reconstrucción, así como permisos retribuidos, control de la plantilla sobre la suspensión de actividades, suspensión de alquileres, entre otras medidas urgentes.

La reconstrucción de todas las zonas afectadas, así como una replanificación urbana que se adapte a las consecuencias del cambio climático, no puede quedar en manos de los responsables de esta crisis. Es preciso levantar una alternativa política de las y los trabajadores, junto a las vecinas y vecinos afectados, desde cada barrio y cada centro de trabajo, coordinando de forma asamblearia y democrática la respuesta.

La clase trabajadora movilizada tiene la capacidad de poner el freno frente a la negligencia e irracionalidad de los gobiernos y los capitalistas. Porque no fue una “catástrofe natural”, es el capitalismo. Y la única salida a esta y a futuras catástrofes solo puede ser anticapitalista, socialista y desde abajo.