Análisis. El gobierno PSOE-UP abre la mano a una geometría variable escorada hacia Ciudadanos

Cuando asumió el gobierno de coalición, hace solo algo más de 100 días aunque parezcan semanas, tanto Unidas Podemos como el PSOE y gran parte de los medios progresistas lo vendieron como el gobierno “más progresista de la historia”. La agenda feminista, ecológica y social se presentaba en el centro de la hoja de ruta del gobierno. Los necesarios apoyos de una parte del independentismo catalán, esencialmente ERC, les llevó incluso a tener que ceder, aunque fuera solo en el terreno de los gestos, y abrir hasta una mesa de diálogo tan mentada como vacía de contenido.

Un reformismo de patas muy cortas

En las primeras semanas el espejismo fue quedando al descubierto. El mismo Pablo Iglesias y sus ministros y ministras fueron poniendo paños fríos a las expectativas más optimistas. Habría que hacer grandes sacrificios en el programa de gobierno para lograr acuerdos. La derogación de la reforma laboral, la limitación del precio de los alquileres o el fín de la Ley Mordaza, entre otras promesas, iban quedando pospuestas para las calendas griegas. Entre tanto, se sumaban definitivamente al coro constitucionalista contra las aspiraciones democráticas del pueblo catalán y a los gestos de pleitesía a Su Majestad.

Pero si algo ha servido de disipador de ilusiones ha sido la crisis del COVID-19. La respuesta ante la crisis sanitaria pasó sin intervenir la sanidad privada ni la industria capaz de producir todo lo que faltaba en los hospitales. Las respuestas a la crisis social y económica no pasaron de viejas recetas ya empleadas en la crisis anterior -como la flexibilización de los ERTEs-, algunas “ayudas” que pesarán en forma de créditos en los próximos años -como las de vivienda-, subsidios de miseria para autónomos y otros colectivos vulnerables y un paquetazo de rescate empresarial y bancario que tiene como pieza clave 117 mil millones en avales -como los que Zapatero puso a disposición de la banca a finales de 2008 y que después dieron paso al rescate de Rajoy-.

Si el gobierno PSOE-Unidas Podemos prometía ser un ejecutivo con mucha política de relato y pocas políticas reformistas ya en enero, la crisis que se ha abierto a partir de la pandemia le lleva a la velocidad de la luz a convertirse en el enésimo gobierno social-liberal que gestionará el rescate de turno de los capitalistas. La única diferencia es que seguramente la magnitud de la crisis los llevará a superar hazañas de otros predecesores nacionales, como González o Zapatero, o de otros países, como el viejo amigo de Iglesias Alexis Tsipras.

¿Hacia una coalición parlamentaria más conservadora?

En este devenir también las alianzas parlamentarias pueden cambiar. De hecho la crisis de estabilidad permanente que el ejecutivo de coalición ha venido sufriendo es muy posible que se trate de resolver por la única vía posible, la conservadora.

Ayer vimos en la votación de la prórroga del estado de alarma como la coalición de la investidura saltaba por los aires. El pase de ERC al “no” puso en peligro el mantenimiento de este marco jurídico excepcional. El gobierno buscó entonces socios alternativos en los grupos de la derecha.

Descartados los votos de Vox y del PP, en plena disputa por ver quien llega en mejores condiciones al relevo del actual gobierno, solo quedaba la tercera pata del trifachito: un Ciudadanos venido a menos que se presenta ahora como la bisagra responsable con visión de Estado. Esta por verse si el apoyo de Arrimadas es una corrección de la línea que había llevado a la formación naranja que liderara Albert Rivera a rivalizar en derechismo con los Abascal y Casao.

Esta formación, nacida con el apoyo abierto de grandes del IBEX35 y grupos de comunicación, parecía haber perdido su razón de ser en el último tiempo. Muchos hombres del establisment, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, venían rogando por el surgimiento de un “Podemos de derechas” y Rivera acudió a ofrecer sus servicios. Primero en Catalunya, convirtiéndose en el ariete del españolismo más militante. Más tarde en el resto del Estado, presentándose a Pedro Sánchez en 2015 como la alternativa a lo que terminaría haciendo cuatro años más tarde, un gobierno con Iglesias y Garzón.

La competición en la derecha se vió azuzada desde el otoño catalán de 2017 y la emergencia de Vox un año más tarde. Rivera osó apostar a un sorpaso difícil y perdió, y en el segundo round del 10N vio como su formación se reducía a un modesto grupo parlamentario de una decena de diputados. Puede ser que su heredera, Arrimadas, pretenda reconstruir algo del proyecto original. Un partido bisagra que sirva de corrector por derecha a unos social-liberales del PSOE débiles y dependientes de sus socios de gobierno y los partidos independentistas y nacionalistas.

La geometría variable al servicio del rescate a los capitalistas

Es todavía pronto para saber si la votación de ayer marcará un cambio de alianzas en esta dirección o cuanto de estable sería. Si vemos a ERC recular y volver a su papel de leal socio de Sánchez nadie se asombraría tampoco.

Lo que sí queda claro que el “gobierno más progresista de la historia”, que lo mismo te aprueba un rescate preventivo a la banca o bate récord en sanciones de la Ley Mordaza, puede buscar en quienes gobiernan con el apoyo de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos los apoyos puntuales que necesite para sus políticas más conservadoras que serán cada vez más.

Esto será así sin duda en todo lo relativo a las tendencias a la recentralización del Estado. Si alguien podía albergar alguna esperanza en que el gobierno de coalición supondría una nueva etapa de ampliación de la autogobierno, su gestión de la crisis socio-sanitaria enseña todo lo contrario. No le ha temblado el pulso para aprovechar la ocasión para anular competencias o para enviar provocativamente al Ejército a hacer trabajos que podrían haber realizado bomberos y personal civil tanto al País Vasco como a Catalunya.

El Ciudadanos de Arrimadas, como el de Rivera, será siempre un aliado para desandar lo mínimos posible de los avanzado en estas semanas de excepcionalidad, y para que ni siquiera la “mesa de diálogo” tenga que ser un peaje para la gobernabilidad.

Pero también en materia de contrarreformas laborales y sociales los naranjas puden ser un apoyo. El rechazo del PP y Vox a asumir las políticas de ajuste que el gobierno aplicará en los próximos meses – los tan mencionados nuevos Pactos de la Moncloa o de Reconstrucción -, no se debe a que difieran en el contenido sustancial de las medidas (aunque pueden exigir que sean aún más duras). Contar con el apoyo de Ciudadanos, que cuenta en su programa con medidas neoliberales de lo más ofensivo como el contrato único, puede ser un buen sucedáneo a la ausencia de unidad formal en la aprobación del ajuste histórico que se viene.

Lo que no hay duda es que ni la geometría variable de la investidura y estos más de 100 días de gobierno, ni las nuevas que se puedan encontrar con Ciudadanos y otros partidos o diputados de la derecha, tienen nada que ofrecer a la clase trabajadora y los sectores populares. Con unas combinaciones u otras se vienen aprobando todas las medidas de rescate a los capitalistas más allá de las diferencias y la teatralización exacerbada por la demagogia de los grupos de la derecha.

Exigir a los sindicatos un plan de lucha para enfrentar el ajuste en curso y poner en pié otra izquierda, que supere la bancarrota de la izquierda del “cambio” que hoy gestiona el status quo, en clave anticapitalista, de clase y revolucionaria, son las únicas vías que nos pueden salvar de ser los convidados de piedra a los acuerdos que se lleguen en el Congreso a nuestras espaldas y sobre nuestros hombros.