El Ejecutivo presentará un proyecto en el Congreso para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Lo anunciaron en conferencia de prensa los los ministros de Justicia y Seguridad: Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich. No se refirieron a la inseguridad que sufren este grupo etario: 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres.
Viernes 28 de junio de 2024 17:41
Este viernes los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, presentaron el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso. En el mismo se tipifican las conductas de los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por algún hecho que este en el Código Penal. Fueron parte de la conferencia el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.
El proyecto que enviaran al Congreso sobre los cambios en el Régimen Penal Juvenil plantea en el Artículo 1°: Objeto. Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen
penal aplicable a las personas adolescentes cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el CÓDIGO PENAL o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro, desde los TRECE (13) años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan DIECIOCHO (18) años de edad.
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Con este plan el gobierno se plantea enfrentar la pobreza que alcanza al 69 % de niños, niñas y adolescentes. Busca criminalizar a los sectores más vulnerables que son afectados por la transferencia de ingresos que realizan de los sectores populares a los más ricos. Mientras la pobreza ascendió al 7.07 % en el primer trimestre del año, las grandes empresas aumentaron exponencialmente sus ganancias.
Según los balances públicos del primer trimestre: YPF ganó 829 % más. PAE, petrolera de la familia Bulgheroni, subió su beneficio 375 %. Tecpetrol, la petrolera de Techint, facturó 265 %, pero sus utilidades mejoraron 2.700 %. Arcor, a pesar de la recesión y que la gente come menos, facturó 303 % más y ganó 941 % más. Molinos Río de la Plata, la alimenticia de Pérez Companc que hace muchos productos esenciales, aumentó su beneficio, 1.119 %. Mastellone, que fábrica lácteos, pasó de perder $455 millones a ganar $45.031 millones. Laboratorios Richmond su resultado neto aumentó 9.851%. El Banco Santander ganó 752% más.
Penalizar a los sectores populares, ampliar la población carcelaria, aumentar penas en el código penal, es el manual que encuentran todos los gobiernos frente al aumento de la pobreza y la desigualdad social.
Hablemos de la inseguridad que sufren los menores
Los jóvenes no necesitan ni más cárceles ni más regímenes penales. Así como no hay estadísticas que muestren el peligro que los adolescentes podrían ocasionar a terceros, hay sí otros índices escalofriantes de la inseguridad que provocan las políticas del gobierno contra esta pobloción. Si solo hablamos de los índices de pobreza, las cifras son alarmantes. Lo que provoca que el acceso a la educación sea cada vez más difícil para los sectores más vulnerables.
En febrero de este año, la suba de la canasta escolar se encontraba por arriba del 450 % interanual. Lápiz de grafito de primera marca, incremento del 869 %; el papel glace de 10 hojas comunes, 818 %; y el cuaderno forrado de 48 hojas Éxito tapa dura, 732 %. El precio de un guardapolvo blanco varió un 380 %.
Este proyecto de ley contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de aprobarse, solo va a profundizar el estado de vulnerabilidad en la que se encuentra. Es, además, darle más poder a las fuerzas represivas que encuentran vía libre para matar y desaparecer a pibes y pibas como ocurrió Facundo Castro.
Es urgente pelear porque estas leyes represivas no avancen al tiempo que se necesita atacar la situación de vulnerabilidad social y la falta de futuro que afecta a niños y adolescentes. Por esto, es necesario un programa de emergencia para la niñez y la juventud. Que tengan acceso a viviendas dignas, centros recreativos, garantizando becas de estudio y boleto estudiantil, aumentando el presupuesto para el acceso a derechos y no los recortes que viene haciendo el gobierno de Milei que se profundizará con la ley Bases.
