El actual edil de Chignautla, Luciano Aparicio, pretende hacerse de la administración del agua arrebatándole este poder a los comités comunitarios.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Jueves 3 de diciembre de 2020
Actualmente, el suministro de agua potable en Chignautla está a cargo de siete comités ciudadanos, los cuales cobran cuotas de entre 100 y 150 pesos al mes a las familias y tarifas simbólicas a usuarios de escasos recursos; pero desde siempre, este recurso vital estuvo bajo el control de las poblaciones.
El pasado lunes 30 de noviembre, los pobladores de este y otros municipios del estado de Puebla acudieron al palacio municipal en busca del edil priísta Luciano Aparicio Rodrigo, para pedir explicaciones ante el atropello sobre sus derechos y buscando frenar la creación del sistema operador de agua municipal anunciado, sin siquiera saber la opinión de quienes, a pulmón y organización popular lo administran desde siempre. Tal proyecto, es considerado un intento de privatización del servicio del vital líquido que terminará siendo un negocio redondo para algún funcionario priista y la gente humilde de la zona ya no podrá costear, como bien es sabido por múltiples ejemplos en el país.
La desconfianza y enfurecimiento también es debido a que el cabildo aprobó la creación de un organismo municipal que sustituye la tarea de los comités tomando a su cargo el conjunto del servicio, lo que incluye que los pagos se harán directamente al ayuntamiento, y el costo del agua ya no será regulado por los pobladores, lo que significa arrebatarle el poder de la gestión comunitaria del agua a los comités que tienen una tradición histórica para llevar a cabo esta tarea, como parte de sus usos y costumbres.
Al no encontrar respuesta durante largo tiempo, y considerando una burla la negativa de Aparicio Rodrigo, los ánimos se fueron caldeando y los integrantes de estos comités acompañados y respaldados por alrededor de 500 pobladores, incendiaron las instalaciones y tomaron la plaza principal donde, decenas de manifestantes se unieron a la protesta y definieron en unidad cerrar la carretera federal Tezi-utlán-Nautla con una barricada durante cuatro horas aproximadamente.
Como hemos visto en múltiples oportunidades, cuando los gobiernos quieren pasar sus planes privatizadores, también estas autoridades, en su intento de confundir y dividir a la población para desvirtuar la importancia del control comunitario del agua, independiente de las instituciones y los partidos políticos del régimen, apoyándose en los medios de comunicación oficiales, han difundido la idea de que la protesta fue alentada por su competidor Aarón Bonilla, quien se postulará a un cargo público por el Partido Acción Nacional. Argumento tramposo muy conocido por todos que busca polarizar la opinión pùblica.
No obstante, y, ante la encendida protesta, la Guardia Nacional llegó al palacio municipal para controlar según dijeron “que no hubiera linchamientos”, otra puesta en escena que, aunque no hubo confrontación con las y los manifestantes, intenta generar temor en otros pobladores y seguramente, justificar futuras represiones de ser necesario, lejos de estar al servicio del pueblo en este nuevo intento de saqueo del agua.
Cabe recordar que, esta corporación militar, ha estado involucrada en duras represiones y crimenes en las protestas populares en contra de la privatización del agua y los megaproyectos, como la del pasado 23 de noviembre, cuando desalojó por la fuerza el plantón que impedía la reactivación de la obra termoeléctrica de Huexca en Morelos, y el asesinato de la pareja de Jessica y Jaime, integrantes de la Caravana en defensa del agua en Chihuahua, el pasado 8 de septiembre; mostrando que no ha cambiado el carácter represivo de las fuerzas armadas y que su rol no es cuidar los intereses de la población trabajadora de la ciudad y el campo.
El agua debe estar bajo control de la población
La escasez del agua es un fenómeno que viene golpeando a todo el país. En Puebla, desde hace 10 años ha habido cambios drásticos de temperatura y esto influyó en éste. Además de que, hace siete años, durante la administración del entonces gobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), éste envió una iniciativa para reformar la Ley del Agua del estado, que contemplaba la concesión del servicio a empresas privadas, aunque en municipios como Aguakán ya existía la privatización desde una década atrás.
A raíz de esta privatización, en 2013 se concesionó a la empresa Concesiones Inte-grales SA. de CV., conocida comercialmente como Agua de Puebla, para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Amozoc, brindando un servicio deficiente, encareciendo los costos para los pobladores y enriqueciendo sus arcas, provocando que, distintas organizaciones populares, se mantengan luchando hasta la fecha, por la remunicipalización del agua en Puebla.
El agua bajo control de las autoridades gubernamentales no garantiza la gestión de este recurso a favor de la población, ya que dichas autoridades, gobierno tras gobierno, han servido a los intereses rapaces de las grandes empresas y corporaciones.
Por eso, aunque es muy importante la lucha en contra de la privatización del vital líquido, es necesario dar un paso más allá, poniendo en pie organismos democráticos e independientes del Estado y de los empresarios, que asuman el control de la administración y gestión de los recursos naturales en beneficio de sus reales dueños, el pueblo trabajador de la ciudad y el campo.
En ese marco, es de suma importancia que el movimiento en contra de la municipalización del agua en Chignautla, logre que ésta quede en manos de los comités comunitarios, pero, a la vez, que busque la unidad con todas las luchas en curso en defensa del agua y de la tierra, convirtiéndola en una sola y logrando nacionalizarla para poder encontrar el triunfo de sus justas demandas.
