La Legislatura aprobó ayer la conformación de la Comisión Técnica que prevé la Ley 10.461. Uno de los integrantes fue funcionario durante la dictadura.
Jueves 26 de abril de 2018
Este miércoles, la Unicameral de Córdoba dio un paso más en el ataque a los trabajadores. A propuesta del Ejecutivo, se aprobó la conformación de la “Comisión Técnica de Garantías” establecida por la ley 10.461. Esta legislación, con la excusa de “garantizar la prestación de servicios esenciales”, criminaliza las huelgas y otras formas de acción directa de los trabajadores.
Aunque fue aprobada el año pasado, luego del duro conflicto que mantuvieron los trabajadores y trabajadoras de UTA por la recomposición salarial, recién fue reglamentada la semana pasada, en medio del ataque que lanzó el gobierno contra el convenio de Luz y Fuerza.
La ley 10.461 contempla como servicios esenciales a las “actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable”, comprendiendo expresamente además a “los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental”. Las tareas de la Comisión Técnica conformada hoy serán determinar las modalidades de prestación de servicios (como los planteles de personal mínimos requeridos a tal efecto) durante un conflicto y asesorar a la autoridad de aplicación (el Ministerio de Trabajo) sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas de acción directa. Pero además podrá incorporar cualquier tipo de actividad no contemplada en la ley como servicio esencial cuando por “la duración, la extensión geográfica involucrada por la medida, o cuando se trate de una afectación a un servicio público de importancia trascendental o que por sus especiales características pudiera amenazar o poner en riesgo o peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas”. Es decir que casi cualquier actividad humana puede quedar encuadrada en esta calificación si es necesario.
El proyecto enviado la semana pasada por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, propone como integrantes titulares a Pedro Enrique Ducanto, Jorge José Galarraga, Rubén Hugo Bengió, Guillermo Ernesto Maisuls y Olivio Rubén Costamagna. El nombre que despertó mayor rechazo fue el de Maisuls, al punto que el radicalismo no aprobó su incorporación.
Este abogado, oriundo de Santiago del Estero, se desempeñó como interventor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) entre 1980 y 1984 y como asesor abogado del Ministerio de Trabajo de la Nación entre 1976 y 1986. Actualmente ejerce como asesor de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba.
Según publicó el periodista Fabián García en el portal En Redacción, Esteban Gorriti, suegro de Maisuls, fue quien impulsó su carrera dentro del Estado durante la dictadura. Gorriti estaba casado con la hermana del general Horacio Tomás Liendo, quien ocupó los cargos de ministro de Trabajo durante la presidencia de Jorge Rafael Videla y de Interior con Roberto Eduardo Viola como presidente. Cuando Viola fue declarado “incapacitado” para ejercer la presidencia, Liendo ejerció la presidencia de la Nación durante 20 días a fines de 1981. Luego fue pasado a retiro.
Luego de la dictadura, Maisuls trabajó asesorando a sindicatos (del caucho y de peones de taxi) y empresas. Inclusive ocupó la gerencia de Recursos Humanos en NASA S.A., creada por Carlos Menem y Domingo Cavallo para privatizar el complejo nuclear argentino, entre 1998 y 1999.
El otro proyecto que fue aprobado hoy fue la obligatoriedad del concurso público para cubrir vacantes en los entes descentralizados de la administración pública. Esto incluiría al Banco de Córdoba, Caminos de las Sierras, Terminal de Ómnibus de Córdoba (Tocse) y cualquier ente en el que el Gobierno tenga participación estatal mayoritaria, pero el verdadero blanco del gobierno es EPEC.
Con esta ley, el gobierno pretende avanzar sobre la bolsa de trabajo de Luz y Fuerza. El convenio establece que cuando EPEC necesite cubrir puestos de trabajo, debe recurrir a la bolsa de trabajo, donde los afiliados al gremio pueden anotar a familiares. En la práctica, la mitad de los nuevos trabajadores ingresan por este mecanismo y la otra mitad por concurso. Por otro lado, el gremio capacita a quienes estén anotados en la bolsa de trabajo con cursos certificados por el Ministerio de Trabajo de la Nación o de la Universidad.
Queda en evidencia que el intento del gobierno en disciplinar a los gremios llega a la ilegalidad de legislar sobre un convenio colectivo de trabajo, conquistado y defendido por los trabajadores durante todos estos años.
La legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT, consideró que “la sesión de hoy fue un verdadero escándalo. El gobierno habla de que las relaciones de trabajo tienen que adaptarse a las nuevas pautas económicas y culturales. Lo que no dice es que esa ‘nueva realidad’ incluye un 40 % de trabajadores en negro y un 40 % de la población bajo la línea de pobreza. Esa realidad fue impuesta por una dictadura sangrienta, por años de neoliberalismo y por gobiernos que no cambiaron en un ápice esas condiciones estructurales”.
Con respecto a la conformación de la Comisión Técnica, afirmó: “En algo tiene razón el gobierno; las personas propuestas son idóneos para el rol que tienen que cumplir contra los derechos de los trabajadores. Maisuls tiene un típico perfil antiobrero, eso quedó más que claro por su rol en la dictadura. Por otra parte, Pedro Ducanto era autoridad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto cuando explotó un laboratorio y murieron seis personas. Él tenía conocimiento de las condiciones precarias en las que docentes y estudiantes desempeñaban tareas allí, realizando ensayos bajo un convenio con la multinacional Aceitera General Deheza”.
