Estuvo al tanto antes que los propios obreros del cierre de la planta, luego se prestó a las dilaciones de la empresa y, entre otras cosas, ocultó durante días la presentación de la orden de desalojo.
Martes 1ro de agosto de 2017 09:43
Según la Real Academia Española (RAE) la palabra “traición” tiene dos acepciones. La primera de ellas hace referencia a la “falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener” y la segunda al “delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria”. El 29 de mayo pasado la comunidad trelewense, y los obreros de la Pepsi en particular, fueron testigos de cómo la conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga), cumplieron con todos los requisitos de la primera definición señalada más arriba. La histórica planta de la Pepsi cerró de un día para el otro, sin previo aviso y dejando medio centenar de familias en la calle.
Esa primera traición fue señalada y repudiada por toda la sociedad. Juan Levicoy y Carlos Martín, secretario General el primero y Adjunto el segundo, del Sutiaga, fueron señalados como los máximos responsables a nivel provincial de haber entregado a los trabajadores a la propietaria de la planta, en este caso Cervecería y Maltería Quilmes. Lo que no trascendió públicamente es que Carlos Martín es un histórico militante de la fuerza que comanda al gobernador Mario das Neves. Ocupó cargos públicos en el municipio de Trelew, a nivel provincial e incluso en la Cooperativa Eléctrica de nuestra localidad.
Es conocido por todos que la conducción del sindicato arregló con la Quilmes la desvinculación de los trabajadores sin consultarles a los involucrados. De lo cual se desprende sin ningún tipo de dudas que el Gobierno provincial no podía desconocer de esta situación, al estar involucrado uno de sus militantes de pura cepa. La pata política de la traición tiene un pie en Fontana 50, no hay tutía.
Por ello no debe sorprender que el Gobierno se cruzara de brazos aquel 29 de mayo y los días siguientes, más allá de alguna bravuconada impotente para la tribuna. Fueron los propios trabajadores quienes autoorganizándose en asambleas durante dos semanas forzaron a los funcionarios provinciales y municipales a intervenir en el conflicto, sobre todo después que decidieran iniciar un acampe el 20 de junio, reclamando por el cobro total de las indemnizaciones y la conformación de una cooperativa de envasado de agua y soda.
Desde entonces, el ministro de Producción Pablo Mamet y el intendente dasnevista Adrián Maderna fueron los funcionarios políticos encargados de llevar adelante las negociaciones. La conducción de la CGT del Valle Inferior del Río Chubut se limitó a hacer cínicas amenazas de paros nacionales y colaborar económicamente los primeros días del acampe, pero no ejerció ninguna presión concreta para posibilitar el triunfo de la lucha obrera. El gobernador Mario das Neves desapareció olímpicamente de escena.
Los días pasaron y pasaron. Los políticos, la CGT y las patronales calentitos en sus hogares, mientras los obreros soportaron a la intemperie temperaturas bajo cero, nevadas, lluvias torrenciales y el fortísimo viento patagónico. La dignidad era, y es, más fuerte.
Hasta que los trabajadores decidieron retomar la iniciativa y convocar a una marcha que aglutinó a más de 800 personas por las calles de Trelew, con tan solo dos días de difusión y un sábado por la tarde. Se realizó una reunión con directivos de la Quilmes en Rawson. Allí no se llegó a ningún acuerdo, pero se coordinó un nuevo encuentro para recién dentro de diez días y en Buenos Aires.
La pleitesía del Gobierno no podría ser más desfachatada. La multinacional, recordemos que Quilmes pertenece a AB InBev, decidió unilateralmente que el encuentro debía hacerse a 1.500 kilómetros del foco de conflicto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como si eso no fuera suficiente, a último momento le prohibió la participación a los propios trabajadores. Eso de por sí solo debería haber sido motivo suficiente para que el Gobierno no se siente a negociar con la multinacional. Pero no, lo hizo igual y de espalda a los propios afectados.
A esta altura del partido la multinacional, convencida de estar negociando con representantes cipayos, se envalentonó y obviamente salió con los tapones de punta: desde ya, negó terminantemente el comodato de la planta, y propuso (¡propuso!) el pago total de las indemnizaciones adeudadas y un supuesto financiamiento de la maquinaria para que los obreros impulsen una cooperativa, que según publicó hoy el diario Jornada, la Quilmes ya adelantó que no podría ser de envasado de agua y soda.
La turbia propuesta no especificó ningún detalle de cómo sería el financiamiento y bajo qué condiciones. De aceptarse la propuesta, con suerte la cooperativa podría empezar a funcionar el año próximo, cuando las Paso y las elecciones Generales sean historia. Además, existe una posibilidad concreta de que los obreros se endeuden de por vida con la multinacional.
¿Lo más grave? Aunque genere asombro hay “detalles” aun más escabrosos. La multinacional habría impulsado una medida autosatisfactiva para desalojar el acampe, represión mediante. La jueza de ejecución en lo civil María Andrea García Abad, sería quien tomó la causa. Todo en potencial, ya que desde el juzgado no se confirmó ni negó nada. Según se supo ayer (sí, recién ayer) Quilmes comunicó el jueves pasado realización de la susodicha presentación, es decir el día anterior a la reunión, donde fue comunicada la misma.
Aunque cueste creerlo (¿cuesta creerlo?) frente a la alevosía del chantaje de la multinacional de apretar a los trabajadores para que acepten la propuesta, bajo amenaza de desalojo y represión, tanto Mamet como Maderna continuaron la reunión. Una traición a la confianza de los obreros de pé a pá. Recordemos el significado de la RAE al respecto: “falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener”. Insistimos: no se levantaron de la mesa, pegaron el portazo y se fueron. No, por supuesto que no. Aceptaron sin más las inadmisibles condiciones que propone la multinacional para negociar con los trabajadores.
Como si esto no fuera suficiente, en los comunicados a la prensa tras la reunión, ocultaron el chantaje del que, hay que decirlo, son parte necesaria. A ningún periodista ni medio de comunicación le informaron de la orden de desalojo presentada el… jueves.
El mensaje es claro: si los obreros no aceptan lo propuesto, habrá palos y balas (al menos de goma). Todo por defender sus fuentes de trabajo. ¿Qué negociación se puede llevar adelante bajo amenaza de garrote?
Los obreros han demostrado una dignidad heroica en estas cinco semanas de acampe. Han despertado esa tradición de lucha arraigada en los genes de una ciudad que supo dar combates que trascendieron las fronteras de nuestro país. El pueblo trelewense y chubutense ya les envió un mensaje claro que acompañará la decisión de seguir luchando. Es ahí donde deben buscar apoyo los trabajadores para afrontar esta difícil pero no imposible batalla. El Gobierno desde un comienzo fue parte necesaria de la traición, primero con sus vínculos con la burocracia y, por ende, con la patronal, y después más abiertamente prestándose a las dilaciones, chantajes y amenazas de represión de la multinacional. Como toda lucha, solo podrá dirimirse en las calles.
