No podemos confiar en un “proceso constituyente” que busca calmar engañosamente las aguas de un despertar generalizado de la población en Chile, para seguir entregando migajas tras 30 años de miseria, manteniendo la herencia de la dictadura y este modelo capitalista y neoliberal.
Gaba La Izquierda Diario Antofagasta
Viernes 31 de enero de 2020
Tres asesinatos más se suman a los más de 25 realizados a manos de Carabineros de Chile, los que suceden hipócritamente tras el acuerdo “Por la paz” de Piñera, el cual fue firmado desde la UDI al Frente Amplio, y con una política abstencionista del Partido Comunista, abriendo el paso al fortalecimiento de las políticas represivas, migajas y trampas del gobierno de Sebastián Piñera. Tal como lo expresa el informe de DDHH de la Universidad de Chile “El Estado viola los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión, de forma grave, generalizada y sistemática".
Bajo este contexto es que el gobierno de Piñera hipócritamente crea proyectos para mejorar los protocolos de Carabineros y darles más "protección", con licitaciones de más de 250 mil dólares para comprar insumos para la Armada, para reprimir frente al control público, a la vez que mantiene a más de 2500 presos políticos, sobretodo jóvenes, con montajes y falsas acusaciones, como lo pudimos ver en el caso del joven atacameño Licanantai, activista medioambiental, encarcelado más de un mes sin pruebas; con las y los secundarios, acusados y perseguidos políticamente con la ley de seguridad del Estado como es el caso de Ayelén y Víctor, dirigentes de la ACES, o el caso del joven dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios Dauno Tótoro, quien enfrenta una querella del gobierno por señalar, lo que que las calles expresaban “renuncia Piñera”.
A esto se suman leyes aprobadas que sancionan la protesta y el derecho a huelga- como la popularmente llamada “ley antisaqueos”- que fue aprobada en general por sectores del Frente Amplio, y con la abstención mayoritaria del Partido Comunista, por la cual se arriesgan penas de cárcel que van desde presidio menor en su grado mínimo hasta 541 días, criminalizando la manifestación popular desde “el que baila pasa”, hasta la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, arrebatando la autonomía que tienen las y los trabajadores de organizarse colectivamente por sus demandas, controlando por medio de la ley el derecho fundamental a huelga y paro, restringiendo la organización sindical, y de las y los trabajadores.
Esta línea represiva es para mantener silentes a millones de personas que despertaron y que se han manifestado contra de la salud y la educación de mercado, las bajas pensiones y el no acceso a vivienda, el miserable sueldo mínimo y la precarización laboral. Crisis en la salud que dejó sin luz al Hospital Barros Luco y a más de 26 mil personas muertas en lista de espera; con un nuevo código de aguas que sigue concediendo a los privados este derecho básico por 30 años; con una reforma de pensiones recientemente aprobada por votos de la DC, que no termina con el negocio de las AFP, cuestión que no fue contemplada dentro del proyecto alternativo del Frente Amplio y la "oposición", renunciando al compromiso de NO+AFP realizado en las elecciones pasadas, aun cuando éstas recaudan $500 mil millones, reparten $200 mil millones en pensiones, para que los $300 mil millones restantes los grandes grupos financieros puedan especulan e invertir en la bolsa y en sus negocios. Con despidos y amenazas en los puestos de trabajo, con anuncios de un aumento de más de 300 mil despidos declarados por el ministro de hacienda, Ignacio Briones, a fines del año pasado.
De conjunto lo anterior obedece a la preparación del gobierno de Piñera para enfrentar el proceso constituyente y las movilizaciones, señalando astutamente en el Encuentro Nacional de la Empresa 2020 que hay que “evitar enfocarse sólo en los procedimientos, sino a avanzar en la discusión sobre los contenidos de la Carta Magna”, y como no, si finalmente es un proceso lleno de trampas, como por ejemplo los 2/3 del total de representantes (104 votos) para garantizar cualquier cambio y “acuerdo”, es decir, un sector minoritario (52 votos), podrá vetar cualquier definición que se tome; la imposibilidad de modificar los Tratados de Libre Comercio, que regulan los acuerdos comerciales a favor de los grandes empresarios, como lo es el tan repudiado TPP 11; que estudiantes menores de 18 años no puedan votar siendo que fueron el factor detonante para el estallido social en Chile; que dirigentes sindicales, vecinales, no pueden ser candidatos, entre otros.
En definitiva el gobierno de Piñera busca por medio de engaños, violencia y trampas, "calmar" las aguas del Chile que despertó, para seguir entregando migajas para la gran mayoría tras 30 años de miseria, de la herencia de la dictadura y la constitución de Jaime Guzmán. Con la finalidad de seguir aumentando las ganancias millonarias del imperio de Luksic, Angelini, Matte y la misma familia Piñera, por lo que el futuro de la vida de millones y los cambios estructurales y profundos necesarios en salud, educación, pensiones, vivienda, recursos naturales, entre otros, no vendrán de la mano de este “proceso constituyente”, que además tiene vergonzosamente a la cabeza a Piñera con un apenas 6% de aprobación y un parlamento totalmente deslegitimado, contando con apenas un 3% de confianza por parte de la población.
Ante esto es necesario que el pueblo trabajador, juventud, pobladores, estudiantes, mujeres, inmigrantes y pueblos originarios en unidad se opongan a las trampas del plebiscito, discutiendo, decidiendo y autoorganizándose en sus lugares de trabajo, en los sindicatos, las escuelas y universidades, en las poblaciones y barrios, en los Comité de Emergencia y resguardo, en las coordinadoras y asambleas territoriales populares.
Siendo a la vez clave que la Mesa de Unidad Social rompa la tregua con el gobierno, haciendo un llamado amplio desde las centrales de trabajadores que dirigen como la CUT y el Colegio de Profesores, para organizar un plan de lucha serio y continúo, que tenga en perspectiva la pelea y conquista de una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, sin ningún tipo de restricción, que tenga representación con la participación de los mayores de 14 años, con representantes electos cada 20.000 electores, que sean revocables y ganen lo mismo que un trabajador calificado o un profesor, y donde puedan ser electos de forma democrática dirigentes sindicales y de organizaciones obreras, estudiantiles, sociales.
