A 39 años de su asunción. El gobierno de Raúl Alfonsín frente a los crímenes de lesa humanidad

El 10 de diciembre de 1983 asume Raúl Alfonsín, quién recibe de manos del Gral. Bignone la banda presidencial. Su triunfo electoral estuvo precedido de dos grandes derrotas de las masas: uno el ascenso obrero de los 70, que las Fuerzas Armadas, con el golpe del 76, aniquilaron. Contaron, como es sabido, con la complicidad abierta de múltiples sectores civiles, incluidos partidos como la UCR y el PJ. El viejo líder radical, Ricardo Balbín, había reclamado terminar con la “guerrilla fabril”; el peronismo en el poder decretaba la “aniquilación de la subversión” y los gobiernos de facto ejecutaron hasta desaparecer a 30.000 luchadores. Se trataba de la vanguardia obrera y estudiantil, que se había movilizado activamente desde el Cordobazo.

La otra gran derrota de las masas, fue la capitulación de los militares ante las tropas inglesas en la guerra de Malvinas, que fortaleció al imperialismo y significó nuevas cadenas de opresión nacional. Fue esta capitulación la que terminó de desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Desprestigio que se había iniciado cuando fuera del país se conocían, a través de los organismos de derechos humanos y familiares de los desaparecidos, las atrocidades que llevaban adelante los genocidas que ostentaban un poder de facto. Al mismo tiempo, al interior del país, la clase obrera resistía a la dictadura desde 1977 y en abril de 79 realizó un paro general, mientras que la crisis económica de 1980 llevó a que la clase media -parte de la cual había dado su apoyo al golpe- comenzara a cuestionar a la dictadura.

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Tras la capitulación en la guerra de Malvinas, se desarrollan movilizaciones de masas contra la dictadura que le asestan un golpe al llamado Partido Militar. El mismo que en distintos período del siglo XX gobernó el país a través de golpes de facto y tuvo el poder de intervenir en la política nacional, junto a los grandes empresarios.

Sin embargo, en el marco de aquella crisis, la Multipartidaria -compuesta fundamentalmente por el PJ y la UCR-, salió al rescate de los genocidas. Pactaron el llamado a elecciones -para evitar que la dictadura cayera por medio de la movilización de las masas- recién para el 30 de octubre de 1983. Asimismo apoyó la asunción del gobierno de facto de Bignone, luego que Galtieri tuviera que renunciar por el repudio de las masas.

En abril de 1983, Bignone presentó el documento final de la Junta Militar sobre la “guerra contra la subversión y el terrorismo”. Meses después firmó la denominada Ley de Autoamnistía, que intentaba garantizar la impunidad para todos los genocidas.

Campaña electoral y asunción de Raúl Alfonsín

Peronistas y radicales se presentan a elecciones para asumir la presidencia en 1983, luego de siete años de gobiernos de facto. Mientras el candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder, prometía respetar la Ley de Autoamnistía de los militares -con el que se cubría él mismo después de firmar los decretos de aniquilación a la subversión-, el candidato por la UCR, Raúl Alfonsín, leyó correctamente el reclamo de las mayorías y prometió juzgar a los militares.

Por entonces los organismos de derechos humanos contaban con una amplia simpatía de las masas que reclaman juicio y castigo a los culpables.

En diciembre de 1983, a poco de asumir, el gobierno radical deroga la ley de amnistía, y establece por decreto el procesamiento de las cúpulas guerrilleras y la persecución penal de las Juntas militares. Más de 70 mil personas se concentraron en Plaza de Mayo para marchar hacia los Tribunales en reclamo de justicia civil.

La creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en diciembre de 1983 buscaba dar una respuesta a las demandas populares de justicia. Al mismo tiempo, era un intento del gobierno de Alfonsín de dar por terminado el tema de la violación de los derechos humanos, intentando el menor costo posible para la institución militar y las fuerzas de seguridad. Con este objetivo la Conadep se limitó a reunir información sobre la identidad de los desaparecidos en base a denuncias y testimonios de sobrevivientes, y a examinar la metodología empleada por la dictadura, sin recurrir a los archivos del propio Estado represor.

Si bien los testimonios de los sobrevivientes estaban llenos de menciones sobre sus secuestradores y torturadores, la Comisión no tenía como propósito develar la identidad de militares ni civiles cómplices, sino dar a conocer la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. De este modo, la Comisión desestimaba el discurso militar sobre supuestos excesos cometidos durante el gobierno de facto pero, al mismo tiempo, evitaba contribuir con el juzgamiento de los genocidas.

En segundo lugar, la Comisión se limitó al tratamiento de las desapariciones ocurridas en los primeros años de la dictadura militar, desestimando la investigación de los asesinatos cometidos por la Triple A durante el gobierno de Perón e Isabel Perón. Este recorte temporal respondía a la política del gobierno de evitar el involucramiento de la dirigencia peronista, pero también de sus propios correligionarios.

El prólogo del informe final, escrito por Ernesto Sábato, señalaba que “durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda...”. A continuación afirmaba que “a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”. Ese texto resume la interpretación que el gobierno de Alfonsín intentó imponer sobre lo sucedido en los ’70 y sobre las respuestas dadas por los militares durante los siete años de gobierno de facto.

El informe de la Conadep perseguía un ambicioso interés: colaborar con la recomposición del Estado burgués. Para eso fue necesario equiparar la lucha de clases con el terrorismo, ocultar el protagonismo de la clase obrera en el ascenso revolucionario que llevó al golpe y presentar a la mayoría de los desaparecidos como inocentes víctimas sin ideología, que quedaron atrapados entre el fuego cruzado de la extrema derecha y la extrema izquierda.

El informe también oculta que, previo a marzo de 1976, la democracia burguesa fue el régimen de la violencia contrarrevolucionaria que organizó bandas paraestatales, la Triple A, junto a la burocracia sindical, para quebrar la alianza de clase entre el movimiento obrero y la juventud en el ascenso revolucionario de los 70.

Así y todo, y más allá de los objetivos políticos, la Conadep recogió miles de testimonios que sirvieron para mostrar la existencia de un plan sistemático perpetrado por las Fuerzas Armadas genocidas.

La otra tarea importante para la democracia burguesa, que comenzó el gobierno de Alfonsín, fue la llamada “desmalvinización”. La desastrosa conducción de la guerra, que aceleró la caída de los militares, instaló la idea de que no se puede derrotar militarmente al imperialismo. Esta idea fue promovida por la burguesía y sus partidos. Alfonsín llegó a decir: “La guerra de Malvinas comenzó como un carro triunfal y terminó como un carro atmosférico”.

Juicio a los dos demonios, impunidad para la Triple A

En febrero de 1984, después que el gobierno de Alfonsín decretara la persecución legal de los dirigentes de las organizaciones armada, fue detenido en Río de Janeiro el jefe Montonero Mario Eduardo Firmenich. Llegó al país el 20 de octubre de 1984. Desde entonces permaneció detenido en la cárcel de Villa Devoto, hasta los indultos de Carlos Menem en los años 90.

El gobierno de Alfonsín promulgó otras leyes vinculadas al período de los años 70. En mayo de 1984 se sancionó la ley 23.062, que garantizó la impunidad de los representantes del Partido Justicialista que comandaron la Triple A. Esta ley establecía que la expresidenta María Estela Martínez de Perón no podría ser juzgada por ningún delito que hubiera cometido antes del golpe militar, porque no había sido desaforada ni sometida a juicio político como prevé la Constitución, sino destituida por un “acto de rebelión”.

Por la guerra de Malvinas fue a juicio Leopoldo Fortunato Galtieri. Un Tribunal Militar lo llevó a prisión. Cumplió cinco años de cárcel hasta ser indultado y restituido su grado militar por el entonces presidente Menem en 1990.

El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia a las Juntas. Fueron condenados a prisión: Jorge Rafael Videla (presidente de facto entre 1976 y 1981), Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola (presidente en 1981) y Armando Lambruschini.

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El fallo que condenó sólo a cinco de los responsables del genocidio fue apelado. El 30 de diciembre de 1986 la Corte Suprema de Justicia modificó la calificación de los delitos consiguiendo la reducción de penas para Viola y a Agosti.

Se juzgaba a los ejecutores del Proceso, pero no a los beneficiarios económicos que impulsaron el golpe, ni a sus representantes políticos.

Alzamiento carapintada

El 24 de diciembre de 1986 fue promulgada la Ley 23.492 de Punto Final que estableció el fin de los juicios a todos aquellos que no fueron llamados a declarar "antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley". A excepción de los responsables del secuestro de recién nacidos. La avalancha de denuncias presentadas por sobrevivientes y familiares de los desaparecidos, permitió continuar con los juicios. Esto fue uno de los disparadores que provocó el estallido de la crisis de Semana Santa de 1987: el alzamiento carapintada cuestionó los juicios a las Juntas y reclamó mayor impunidad.

La voz de mando del levantamiento la dio el Mayor Ernesto Barreiro -activo represor al movimiento obrero y popular en Córdoba-, porque se negó a presentarse ante la Justicia Federal por los cargos de tortura y asesinato en el centro clandestino La Perla.

Sin embargo, el núcleo de la rebelión se trasladó a Campo de Mayo, donde el Teniente Coronel Aldo Rico fue el portavoz de los carapintadas. La base del levantamiento fueron los oficiales y suboficiales genocidas que no se beneficiaron con la ley de Punto Final. A pesar que el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de las tropas, las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir a los militares rebeldes. El General Alais, designado a cargo de la tarea, se hizo famoso por no llegar nunca a destino.

Frente a este alzamiento un sector amplio de la sociedad se movilizó. Desde el Jueves Santo, la Plaza de Mayo y la de los dos Congresos estaban repletas de manifestantes dispuestos a marchar hasta Campo de Mayo para impedir que se consumara la extorsión de los militares. El domingo de Pascua un sector se manifestó en las puertas de Campo de Mayo al canto de “si se atreven, les quemamos los cuarteles”.

El radicalismo opta por el camino de pactar con los militares y desmoviliza a amplios sectores populares que querían pelear contra los carapintadas. De esa forma salva a los militares de las consecuencias que podían sufrir por el pueblo movilizado.

El Partido Justicialista y la CGT jugaron su rol infame. No llamaron a movilizarse, y mucho menos a una huelga general que podría haber derrotado a los carapintadas y a los militares que secretamente los secundaban. La CGT acompañó a Alfonsín en su política de desmovilización.

Finalmente el domingo de Pascua, Alfonsín se traslada a Campo de Mayo y pacta con los amotinados mayor impunidad. Cuando regresa a la Casa de Gobierno, se dirige a los manifestantes pronunciando la frase que recuerda su capitulación: Felices Pascuas. La casa está en orden . La CGT, los dirigentes empresarios, la UCR, el peronismo, el Partido Comunista y la mayoría de los partidos políticos del régimen -con la excepción del MAS, el Partido Obrero y las Madres de Plaza de Mayo, que denunciaron la capitulación- firmaron el Acta del Compromiso Democrático, donde se concedía el reclamo carapintada: “El debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”.

En junio de ese año el Congreso aprobó la Ley de Obediencia Debida. De este modo el régimen político iba a sostenerse sobre la impunidad para los crímenes de la dictadura que garantizaron tanto el radicalismo como el peronismo.

El alzamiento carapintada no tuvo por objetivo perpetrar un golpe militar, como desde distintos sectores se quiso presentar. Los militares habían perdido legitimidad y poder, pero tenían fuerza para poner en vilo a un gobierno que intentó disciplinar, con concesiones, al Partido Militar, que aún golpeado y desprestigiado por los crímenes de la dictadura y la capitulación frente a las tropas inglesas, quería sostener su autonomía y se negaba a tener procesados.

El gobierno de Raúl Alfonsín, junto al partido Radical y el PJ, cedió a los reclamos de los militares en nombre de poner a resguardo la democracia. Cuando en realidad todos estaban unidos para reconstruir el Estado burgués, aplastando las demandas democráticas y sociales de las mayorías populares que no cesaron de movilizarse.

Que Alfonsín no pudiera disciplinar los reclamos militares, más una situación económica convulsiva, lo obligaron a entregar anticipadamente el poder a manos del ya electo Carlos Menem. Pero todo el régimen político preservó la figura de Alfonsín como quien salvó la democracia de las asonadas militares.

En definitiva, las leyes de impunidad, la capitulación en Semana Santa de 1987, los indultos y algunas condenas emblemáticas en los posteriores juicio de lesa humanidad -logrado por la movilización popular-, exponen los límites de la política democrática burguesa para resolver el problema del genocidio de clase, porque el Estado capitalista es responsable de estos crímenes contra la clase obrera y el movimiento estudiantil que ganaba en combatividad y cuestionaba el orden imperante al momento del último golpe militar.