Panorama económico. El gobierno del Frente de Todos avanza con el ajuste para cumplir con el FMI

En medio del juicio a Cristina Kirchner, que copó los medios de comunicación, el gobierno del Frente de Todos acelera el ajuste contra la clase trabajadora. El pasado fin de semana el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el ortodoxo Gabriel Rubinstein, será su número dos, es decir ocupa el cargo de secretario de Política Económica. Este viernes se oficializó su designación a través del Boletín Oficial.

En tanto, el lunes el Gobierno decidió un recorte del presupuesto, una reducción fiscal neta de $128.000 millones en obras públicas, educación, vivienda y salud, entre otros. La medida fue firmada por Juan Manzur, Jefe de Gabinete y Sergio Massa, Ministro de Economía, y la poda fue para seis Ministerios (Desarrollo Productivo, Educación, Salud, Transporte, Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat).

Te puede interesar: Ajuste fiscal: Massa recortó el presupuesto para salud, vivienda y educación

El 9 de septiembre el ministro de Economía se reunirá con el FMI en Estados Unidos, y para eso hizo los deberes, ya avanzó con una suba de tarifas de los servicios públicos mayor al plan de Guzmán. Según una estimación de CIFRA si se sostiene el actual nivel de precios energéticos, los subsidios energéticos totales sobre el PIB se ubicarían en 1,95%, siendo superiores a lo pactado en la meta con el FMI (1,6% sobre el PIB). Es decir, que el Fondo puede presionar por más tarifazos. Otra negociación en danza es un nuevo préstamo enmarcado en el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad (FRS). Según la agencia Reuters, Argentina evaluaba solicitar el préstamo con un tope máximo de U$S1.350 millones, pero según fuentes oficiales es poco probable que el organismo internacional lo conceda en lo inmediato.

Además, Massa mantendrá encuentros con empresas mineras, petroleras, y automotrices (como Exxon, Chevron, Shell y Total, Volkswagen, Rio Tinto y Livent) en busca de inversiones. Así, se profundizará la entrega de recursos a pesar de las duras consecuencias para el ambiente y la salud de las poblaciones.

Massa manos de tijera

La disminución de $128.000 millones del presupuesto tiene consecuencias concretas más allá del frío número. Por ejemplo, en el “Programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes” se recortó $15.000 millones, que se suman a otros $1.6 mil millones que habían sido ajustados en junio, lo que en total significa una reducción del 36% de los fondos destinados a ampliar la oferta educativa en el nivel inicial en todo el país, según detalló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Es preocupante cuando solo el 55% de las escuelas de nivel inicial dispone de sala de 3 años.

En tanto, el “Programa Conectar Igualdad” pasó de alrededor $90.000 millones a $55.000 millones, lo que representa una baja del 38,3%. Según ACIJ, esta disminución implica que este año se entreguen como mínimo 840.000 computadoras menos que las que el Estado se había comprometido a comienzos de 2022. Según datos del Ministerio de Educación Nacional, en 2020 alrededor de un 60% de las niñas, niños y adolescentes que asistían a escuelas de gestión estatal no tenían una computadora en el hogar para uso educativo ni una conexión a internet (con acceso fijo a la red y una buena calidad de señal).

La decisión administrativa firmada por Massa también dispuso el recorte del programa 39 “Planificación y Desarrollo Territorial” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por un total de $50.000 millones, lo que representa una baja del 23,51% respecto del presupuesto vigente anterior a la reducción.

El informe advierte que el grado de cumplimiento de las metas físicas informado al primer trimestre de 2022 (última información disponible publicada) se observa que “sólo se entregaron 430 lotes con servicios de los 9.205 previstos para todo el año y se realizaron 32 obras de infraestructura y equipamiento urbano de las 228 planificadas”. El Gobierno ajusta una partida clave cuando el país tiene un déficit habitacional de, aproximadamente, 3,5 millones de viviendas.

Te puede interesar: Avanza el plan del FMI: Massa pasa la tijera por el hilo más débil

Si se observa de conjunto el presupuesto vigente de este año, la prioridad oficial es honrar la deuda. Según datos de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía a agosto de este año, la partida de Educación y Cultura representa el 6,4% del total del presupuesto vigente, Salud 4,3%, Vivienda y Urbanismo 1,8%, y Ecología y Medio ambiente solo 0,3%, mientras que los servicios de la deuda pública significan el 7,3% del presupuesto. Hay que aclarar que una parte de la deuda es intrasector público (como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, entre otros organismos), otra porción de los pagos va para los fondos de inversión, los bancos y otros especuladores que hacen negocios con el endeudamiento. Esto sucede en un año en que los pagos de la deuda son relativamente bajos por la reestructuración que negoció el exministro Martín Guzmán. Pero hacia 2025 van a aumentar su peso dentro del presupuesto.

Salario (muy) Mínimo

Otra decisión que pasó casi desapercibida en la semana fue el mini aumento del salario mínimo. El pasado lunes se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y se pactó una suba del 7% del haber mínimo que será de $51.200 a partir de septiembre. Pero, su valor sigue siendo similar a la línea de indigencia y casi la mitad de la canasta de pobreza, que estima el Indec.

Según la ley de Contrato de Trabajo, el SMVM debe garantizar “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, algo que no sucede. Hay que tener en cuenta la canasta de referencia que calcula la Junta Interna de Ate Indec, que incluye el gasto de alquiler, y se acerca a lo que necesita un hogar para llegar a fin de mes: en julio fue de $ 179.990.

La promesa electoral del Frente de Todos fue que se recuperaría el poder de compra del salario que Macri destrozó. Pero un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), que pertenece a la CTA, advirtió que el SMVM real en julio de 2022 quedó 10,2% por debajo del nivel de diciembre de 2019 y 30,8% por debajo de diciembre de 2015.

Te puede interesar: El poder de compra del Salario Mínimo cayó un 31 % desde 2015

Según el documento, en julio debería haber sido de $65.785 el salario mínimo para llegar al mismo poder adquisitivo de 2015. También añade que “serían necesarios $71.600 en agosto para alcanzar el mismo poder de compra que el salario mínimo tenía en 2015, y casi $119.000 serían equivalentes a la línea de pobreza para una “familia tipo””.

La pérdida del poder adquisitivo también afecta a trabajadoras y trabajadores privados, estatales e informales. El poder de compra en el sector privado registrado se desplomó un 20,5% en relación a 2015 (junio 2022 versus octubre 2015); en el caso de los trabajadores del sector público la caída fue del 27,6% en el mismo período. En tanto los trabajadores informales entre octubre de 2016 y junio de este año perdieron un 32%.

En el vendaval de noticias alrededor del juicio de vialidad se oculta que el plan del FMI avanza, una hoja de ruta que implicará mayor ajuste contra el pueblo trabajador. Que la campaña mediática a ambos lados de la grieta no tape el bosque del saqueo en curso, la clase trabajadora tiene la fuerza para enfrentarlo.

Te puede interesar: Enfrentemos el ajuste. Editorial de Raúl Godoy en Basta de Verso