Lo manifestó la vicegobernadora Laura Montero tras una reunión con el secretario de culto de la Nación Santiago de Estrada. ¿Volantazo del gobierno ante el amplio repudio a los casos de abusos?
Jueves 16 de febrero de 2017 10:24
El ex funcionario de las dictaduras de Onganía y Videla, y actual Secretario de Culto de la Nación de la Cancillería Argentina, Santiago de Estrada habría dado el visto bueno a la vicegobernadora para que el gobierno provincial pueda avanzar en la expropiación del Instituto Provolo.
Montero viajó a Buenos Aires y estuvo reunida con el funcionario en el día de ayer.” Me confirmó que contaríamos con su aval y con el de la Secretaría de Culto en el proceso de expropiación” informó a medios provinciales.
Sobre la expropiación la mandataria provincial dijo que “es absolutamente posible desde lo pedagógico que Mendoza cuente con una escuela inclusiva de lenguaje de señas” relato Montero.
El pasado lunes la DGE había avanzado en la suspensión del Instituto. Desde ese día hasta la fecha informaron que ya fueron reubicados el 60% de los estudiantes en las distintas dependencias educativas consignadas en el listado del organismo estatal. Una vez reubicados el gobierno podría avanzar en hacerse cargo del establecimiento.
El gobierno pega un volantazo
Desde el momento en que se dieron a conocer públicamente, en noviembre del año pasado, los más de 20 casos de abusos, la Dirección General de Escuela, el órgano responsable del gobierno y administración del sistema escolar, fue muy cuestionada por su accionar tardío así como también el rol de la justicia.
La madre de un niño que concurría al instituto declaró que en el año 2008 ya había realizado una denuncia por abuso contra uno de los actuales acusados, Jorge Bordón. En su momento las autoridades de la DGE no fueron informadas por parte de la justicia de este hecho.
Pero, por otra parte, según había denunciado el diputado provincial Lautaro Jiménez cuando las autoridades de la DGE concurrieron a dar explicaciones a la legislatura provincial “se quisieron lavar las manos. Cuando le consultamos cómo la Supervisión no se había percatado de lo que sucedía en el Próvolo, los funcionarios de la DGE argumentaron que se encontraban frente a una “organización sistemática” que ocultaba lo que allí sucedía y protegía a los abusadores”
Para Lautaro Jimenez, “esta organización sistemática de los abusos y el sometimiento de menores no podría haber existido sin el amparo y encubrimiento de funcionarios del poder judicial, de la DGE o de ambos”
En la causa del 2008 contra Bordón la Fiscalía se remitió a la Institución y esta apartó a Bordón de su cargo formal, poniendo allí a Corradi, pero lo mantuvo como parte del mismo instituto. ¿Cómo se explica que la Supervisión no haya sido anoticiada de semejantes movimientos? ¿Cómo puede ser que la Fiscalía no actuó en común con la DGE y que esta no haya seguido esos movimientos? ¿Qué clase de “supervisión” es esa?
La vía que ahora busca el gobierno, lejos de partir de una preocupación real por la educación pública a manos del estado, o porque Mendoza cuente con una escuela inclusiva “a bajo costo”, según palabras de Montero, para los niños con problemas hipoacusicos se debe más bien a una solución de contragolpe ante el escándalo público que suscitaron los aberrantes hechos de abusos cometidos por miembros de la Iglesia.
Llama también la atención que el aval haya sido otorgado por un ex funcionario de la dictadura de Onganía y de la fatídica dictadura de 1976, en las cuales desempeño el cargo de subsecretario y secretario de seguridad respectivamente.
La iglesia fue una institución fundamental de los distintos regímenes militares, avalando la persecución, tortura y desaparición. Si De Estrada no sólo avaló sino que fue parte de ese régimen en el que la Iglesia era cómplice y donde se cometieron abusos a gran escala, es llamativo que ahora “avale” una resolución condenatoria del instituto, como es la expropiación, sino fuese por el gran desprestigio y rechazo que la Iglesia y los casos de curas abusadores generaron en la sociedad.
