El gobierno tiene que salir a cambiar una ley para evitar perjudicarse. Se trata de una ley que impone sanciones a quién colabore de manera directa con la explotación de gas y petróleo en Malvinas.
Lunes 26 de septiembre de 2016 09:48
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reveló que el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de modificar una ley que impone sanciones a quien colabore de manera directa con empresas privadas para la explotación gasífera y petrolífera en las Islas Malvinas. ¿Por qué tuvo que salir Pinedo rápidamente a explicar los planes del gobierno? No sólo por el escándalo de la semana pasada que protagonizó el presidente, cuando el Foreign Office y la propia canciller argentina desmintieron que le haya planteado el tema de la soberanía a la Primera Ministra de Gran Bretaña, Theresa May, sino también porque el propio gobierno nacional estaría infringiendo la ley vigente de licitaciones al entregarle la concesión de Enarsa (sí, la misma a la que Aranguren le acaba de regalar el tarifazo) para el remolque de los buques gasificadores.
Pero el gobierno no retrocedió porque se dio cuenta de que su actitud entraba en franca contradicción con su discurso anti corrupción, sino porque forzó un conflicto de intereses con otros sectores empresariales que se quejaron por la celeridad con la que actuaron desde la administración macrista para entregarla la licitación de ENARSA a empresas que ya habían firmada licitaciones con el gobierno anterior a “sobreprecios muy elevados”, como denunciaron las cámaras de practicaje y pilotaje, de lanchas de prácticos, de la industria naval santafesina y de la Mesa de la Unión Naviera, además llamaron la atención que antes de que se adjudicaran las licitaciones a la empresa danesa Maersk, los daneses ya habían enviado nueve remolcadores al puerto de Montevideo, cuando para remolcadores argentinos, construidos en astilleros argentinos y que están en el puerto de Buenos Aires, por lo general demoran meses en hacer los trámites para lograr las licitaciones.
Otro escándalo en puerta para el gobierno es que estas empresas que actuaban con sobreprecios, que tienen las licitaciones “automáticas” desde la administración anterior, están vinculadas al recientemente procesado y detenido dirigente sindical Omar “Caballo” Suarez, acusado de obstruir la navegación naviera. Es decir, que si la investigación avanza contra el burócrata naviero, puede complicar al actual gobierno nacional. En este aspecto también hubo más continuidad que cambio.
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Así las cosas, parece que Macri no sólo no le planteo a Theresa May el tema de la soberanía de las Islas Malvinas, reclamo histórico de pueblo argentino, sino que desde el nuevo gobierno macrista, como desde el anterior gobierno kirchnerista, lo que realmente acusa la urgencia del empresariado argentino, hoy en los dos lados del mostrador, es garantizarse su cuota dentro del saqueo imperialista de los recursos de las Malvinas.
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