Amparado en la extensión del Estado de catástrofe, el gobierno viene impulsando una serie de políticas que buscan reforzar las medidas autoritarias contra la movilización social y el pueblo trabajador en general.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 16 de septiembre de 2020
Faltando seis semanas para el plebiscito constitucional y con el plan “paso a paso” en marcha, el gobierno ve con profunda incertidumbre un rebrote de las manifestaciones en diversas comunas a la vez que pareciera aumentar el contagio de COVID19 en algunas regiones del país.
De esta manera ha seguido empujando medidas represivas, o de puro control social, que no tienen mayor explicación sanitaria ni tampoco sirven realmente para combatir una pandemia como la del COVID19.
Mientras en el barrio alto grupos por el rechazo se reúnen para reivindicar el golpe militar y la dictadura genocida de Pinochet, cualquier grupo que se reúne en plaza dignidad es rápidamente reprimido y disuelto, amparándose en al Estado de catástrofe y la imposibilidad de hacer manifestaciones públicas con más de 50 personas.
Estas medidas han sido precedidas por el reforzamiento a los contingentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros que vieron la llegada de nuevos carros policiales (ya estrenados en las calles de la capital) así como indumentaria como escudos o nuevas armas antidisturbios. A todo eso se suma además la defensa cerrada del gobierno y de Víctor Pérez a los generales investigados por la Contraloría sobre el uso excesivo de la fuerza durante octubre y noviembre del año pasado.
Extensión del Estado de Catástrofe y nuevas medidas de control
La semana recién pasada el gobierno debió debatir que hacer con la celebración de las “fiestas patrias” la preocupación giraba en torno a la posibilidad de que el “relajamiento” de las medias sanitarias pudiese provocar un aumento en los contagios, teniendo en consideración el precario equilibrio que se ha conquistado en el control de la pandemia.
El mayor problema tenia que ver con las “fiestas” que pudieran darse en los millones de hogares que se aprestan a tener un momento de relajo dentro de toda la vorágine de encierro y angustia que ha traído estos meses.
El plan “Fondéate en tu casa” fue la respuesta que dio el gobierno para intentar controlar el ánimo festivo que pudiese darse en la población. El plan anunciado a comienzos de septiembre limitó el traslado de personas entre comunas y regiones que se encuentren en cuarentena además del número máximo de personas que pueden reunirse en hogares en zonas de fase de preparación o transición.
Pero las constantes confusiones que manifestaban las autoridades sanitarias debelaron, gracias a un oficio de pedido por transparencia, que dicho plan no fue elaborado por el Minsal ni la mesa social COVID19, sino por el Ministerio del Interior, este hecho no es menor ya que se alinea con la decisión de piñera de extender el “Estado de catástrofe por 90 días más.
El mismo día que se conmemoraban 47 años del golpe de Estado, Piñera anunció la extensión del Estado de catástrofe. Con esto gana tiempo y permite que los militares sigan “custodiando las calles”, mantiene el toque de queda, que se adelantará para este fin de semana para iniciar a las 21.00 hrs y además les entrega facultades especiales a los agentes represivos del Estado en caso de manifestaciones y otras.
Mencionábamos arriba que el plan “Fondéate en tu casa” fue una elaboración del Ministerio del Interior, porque la lógica del mismo no fue desarrollada con criterios sanitarios, sino como un tema de “control poblacional” y así lo demuestra el anuncio del gobierno de que movilizará cuadrillas de inspectores, policías y militares por diversas zonas de las ciudades para “vigilar” que no se "rompan las medidas sanitarias establecidas" y facultó a estas cuadrillas para hacer ingresos a los hogares sin ordenes de allanamiento ni nada.
Esto último ha sido totalmente rechazado por diversos organismos de derechos humanos ya que representa una vulneración a la privacidad del hogar, además de que se presta para todo tipo de abuso de una institución que ha demostrado una y otra vez su total descriterio y sesgo al momento de actuar contra los sectores obreros y populares.
Con esta facultad no sería de extrañar allanamientos ilegales a centros comunitarios de organización, a hogares de activistas sociales con la excusa de “fiscalizar”, total bastaría una denuncia anónima para ingresar a un hogar.
