El gobierno reglamentó ayer mediante el decreto 894 la “Reparación Histórica” para pagar las deudas previsionales con jubilados y pensionados.
Viernes 29 de julio de 2016
Fotografía: flickr
El Gobierno reglamentó ayer el denominado Programa Nacional de Reparación Histórica para pagar las deudas previsionales con jubilados y pensionados que hayan o no iniciado juicios con el Estado por mala liquidación de sus haberes.
A partir de la reglamentación, los adultos mayores podrán chequear, a partir de este mediodía desde la página web de la ANSES, cuál es su situación previsional para saber si están o no incluidos en el plan de recomposición de haberes y el pago de juicios.
En el decreto 894, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, se precisa que desde el organismo previsional se contactarán con los jubilados a través de un correo electrónico para informarles los términos de la propuesta y que tendrán prioridad los adultos que tengan más de 80 años o que padezcan problemas de salud.
Según estimaciones del Gobierno, la medida afectará directamente a 400 mil personas que mantienen juicios con el Estado, pero esa cifra podría ascender a los 2,4 millones ante potenciales nuevos reclamos.
La medida alcanzará a quienes tengan juicios con el Estado, pero no sentencia firme, y a quienes no hayan iniciado juicio: en el primer caso recibirán hasta un tope de 48 meses de retroactividad; y en el segundo, tendrán el reajuste del haber mensual desde la fecha de ingreso al programa.
La ley también prevé que en los casos en que no se haya comenzado un juicio, la ANSES tendrá que hacerse cargo de los honorarios de los abogados, y además establece que los procesos judiciales se desarrollarán en los tribunales más cercanos al domicilio del jubilado.
El decreto precisa que los reajustes de haberes que obtengan los jubilados y pensionados no modifican las pautas de devolución del IVA para las compras con tarjeta de débito ni para la determinación de la tarifa social.
Dentro del paquete de medidas incluidas en el decreto 894 está la reglamentación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor que alcanza a aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con una prestación previsional contributiva. Esta pensión consiste en el pago de una prestación mensual equivalente al 80 por ciento del haber mínimo, con lo cual hoy cobrarían 3.967 pesos.
De esta forma, el proyecto marca un fin para cualquier aspiración de acceder a un haber mínimo para quienes están próximos a la edad de jubilarse y no tienen completos los aportes jubilatorios. Esto marca un fuerte contraste con lo que ocurrió durante los últimos 10 años, durante los cuales sucesivas moratorias dieron acceso al haber mínimo –ya de por sí modesto– a casi 3 millones de personas, sin o con pocos aportes, es decir mayormente trabajadores desocupados o “en negro”. Ahora quienes no cuenten con aportes –un sector muy importante considerando que un tercio de los trabajadores no se encuentra registrado– sólo podrán acceder a esta Pensión Universal, que además no es acumulable con otras pensiones. Para las mujeres que no cuenten con aportes suficientes, se estira de 60 a 65 la edad requerida para acceder a un –recortado– beneficio previsional. La “reparación” llega con recortes para las aspiraciones de muchos futuros jubilados.
En cuanto a la caja de jubilaciones de las provincias, en el mismo decreto se establece que a partir del año que viene la asistencia financiera estará condicionada a las auditorías que realice la ANSES. La medida busca que en un plazo de cuatro meses se arribe a un acuerdo con los distintos distritos cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación para compensar eventuales asimetrías con aquellas sí transfirieron sus regímenes previsionales.
Además, destaca que la asistencia financiera a las provincias estará basada en los resultados financieros auditados de los sistemas previsionales administrados por los organismos provinciales, cuya “armonización” deberá completarse en un plazo de cuatro años.
Uno de los puntos que mayor controversia generó al momento de aprobar la ley fue la “adecuación” del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que estará habilitado para financiar para el pago de beneficios previsionales “siempre que durante la ejecución de su presupuesto se presentaren situaciones de contingencia”.
El decreto publicado ayer lleva las firmas de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Rogelio Frigerio (Interior) y Alfonso Prat Gay (Hacienda y Finanzas).
