El gobierno saca in extremis dos de los tres primeros decretos de su hoja de ruta social-liberal para la legislatura

Tres reales decretos ley aprobados por el gobierno en diciembre se han sometido a la revalidación necesaria este miércoles en el Congreso. En una negoaciación de última hora, el gobierno ha logrado sacar adelante dos de ellos, gracias a un acuerdo in extremis con Junts. El relativo al subsidio de desempleo ha decaído al no lograr el sí de Podemos.

La fragilidad de los apoyos parlamentarios del nuevo gobierno de coalición hace que la posibilidad de una legislatura corta está inscripta en la situación. La posibilidad de que este tipo de ataques no pasen - u otros peores como los que querría la derecha -, seguirá dependiendo de si se rompe la pasividad impuesta por el reformismo y la burocracia sindical.

El gobierno, por medio de la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Sumar, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, del PSOE, han tirado de relato para advertir que su posible derrota parlamentaria sería un varapalo para los más vulnerables. Podían hacer uso de esta demoagogia porque los textos mezclaban algunas pequeñas concesiones o prórrogas de ayudas, con los primeros recortes de su gobierno.

Igual de poco creíbles resultaban las exigencias de grupos como Podemos, que hoy se escandalizaban de la moderación o los recortes ocultos en decretos como el del subsidio de desempleo, olvidando que son idénticos a los que ellos mismos avalaron en los últimos cuatro años. No recuerdan sus loas a la reforma laboral de Yolanda Díaz, que mantuvo lo esencial de la de Mariano Rajoy de 2012, en contra de las críticas del sindicalismo alternativo.

Lejos del ruido y el pasteleo parlamentario, lo que se votaba hoy en el Congreso era el principio de la hoja de ruta social-liberal acordada con la UE para la siguiente legislatura. En ella, aunque se sostengan algunas de las mínimas medidas sociales de la anterior, vienen nuevos aires de austeridad. El gobierno del PSOE con Sumar, como antes con Unidas Podemos, sigue siendo un ejecutivo al servicio de las grandes empresas del IBEX.

El semestre de presidencia española de la UE terminó 2023 con un acuerdo, auspiciado por la ministra Calviño, para volver a la senda de la austeridad a partir de 2024. Control de déficit y de deuda, a costa de servicios públicos y derechos. Las recetas de la crisis de 2008 regresan, aún a otro ritmo, de la mano de los gobiernos de derecha y centroizquierda. Los tres decretos son un primer paso en esta dirección.

De hecho, su aprobación es una de las condiciones de la Comisión Europea para el desembolso del siguiente tramo de los Fondos Europeos de 10 mil millones. Un nuevo chute de chash para las cuentas de las grandes empresas españolas, que ya han acaparado un 40% de este dinero público en ayudas directas y a fondo perdido.

Un decreto ómnibus que ponía en suspenso la aplicación de la amnistía y ataca a las trabajadoras y trabajadores públicos

El primer decreto debatido ha sido el decreto sobre funcionamiento de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo. Un proyecto presentado como una mera modernización y digitalización de la Justicia y el resto de la administración, pero que ocultaba también medidas claramente regresivas.

La más sonada constituía un cable a la Judicatura en su particular pugna contra la amnistía. El decreto incluye una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitiría dejarla en un suspenso de hasta dos años. Cualquier juez que presentara una cuestión pre-judicial al Tribunal de Justicia de la UE, conseguiría con el nuevo articulado paralizar la ley referida hasta que dicho tribunal resolviera.

Esta inclusión no era accidental ni inocente de parte del gobierno PSOE-Sumar. La Ley de Amnistía no decaería como tal, salvo que el TSJUE diga lo contrario, con lo que no se pondría punto final a la legislatura. Pero sí que se pospondría la imagen de una vuelta de los exiliados a después de las elecciones europeas o que los dirigentes independentistas procesados o condenados puedan ser candidatos a estos comicios o los catalanes de 2025, en los que el PSC aspira a conquistar la Generalitat. Además, esta prórroga judicial, a juicio del gobierno, ataría la lealtad de Junts hasta que el TSJUE dictara sentencia, al menos.

Pero la jugada no les ha terminado de salir. Finalmente, según fuentes de Junts, el PSOE y Sumar han acordado con la derecha catalana la retirada de esta modificación en su tramitación como proyecto de ley, a cambio de su necesaria abstención para que salga adelante.

Como otros muchos decretos, este incluye modificaciones legales de muy diversa índole y que afectan a varias leyes, de ahí su apelativo de “omnibus”. La segunda medida envenenada, y contra la que ningún partido ha levantado la voz hoy en el Congreso y saldrá adelante, es un ataque a las trabajadoras y trabajadores públicos sin precedentes. El “progresismo” hace suya la cantinela reaccionaria “contra el funcionario vago” para, a través de denominados mecanismos de control de tareas, incorporar nuevas sanciones y hasta despidos en la administración pública. Una medida, presentada como una mejoría de la eficiencia, pero que da una herramienta inédita para llevar adelante despidos en el Estado, como los que vimos en Grecia tras la crisis de 2008.

Un aumento mínimo del subsidio de desempleo a cambio de un tijeretazo a las pensiones de los parados de larga duración

El debate ha seguido con el decreto sobre conciliación y protección por desempleo, el único que ha decaído. El gobierno, por medio de Yolanda Díaz, lo ha presentado como un gran avance en materia de subsidio por desempleo.

La principal novedad era que quienes accedan a esta ayuda - por haber agotado la prestación contributiva o no poder acceder a ella - pasarían de cobrar 480 euros mensuales, a 570 euros los primeros 6 meses y 540 los seis siguientes. El resto del tiempo volverían a los 480. Que el “gran avance” presentado sea pasar de ser paupérrimo a ser pobrísimo ya irrita. Más si tenemos en cuenta que la evolución de esta ayuda en los últimos 4 años ha quedado sistemáticamente por debajo de la inflación. Desde 2020 el subsidio ha perdido 4 puntos de poder adquisitivo.

Pero además, la pírrica subida se utilizaba como una cortina de humo para ocultar un verdadero recorte de unas de las pensiones más bajas. En el mismo decreto se proponía reducir la base de cotización de los desempleados mayores de 52 años que cobren el subsidio, pasando del 125% de la base mínima al 100%. Así lo ha denunciado Podemos, que ha votado en contra, pero también otros socios de investidura como BNG o EH-Bildu, aunque este recorte no les ha evitado votar a favor.

De esta manera se explica que, como decía el mismo decreto, aún subiendo la cuantía y el total de potenciales beneficiarios, el Estado esperaba un ahorro anual estimado de 93 millones de euros. Las personas beneficiarias del subsidio son algo más de 730 mil. De ellas, 550 mil son parados de larga duración mayores de 52 años. Con la nueva base de cotización que se proponía, un trabajador que hubiera trabajado 15 años y quedase en situación de desempleo crónico - una realidad muy extendida en sectores y zonas de desindustralización - tendría un recorte anual de su pensión de 1900 euros. Casi el doble que los 1020 euros extra que habría percibido solamente en el primer año del subsidio.

Un desmantelamiento gradual del llamado “escudo social”

Por último, se ha debatido el decreto de prórroga de las llamadas medidas anticrisis puestas en marcha tras el inicio de la guerra de Ucrania y la crisis inflacionaria internacional. Se trataba de la octava prórroga del llamado “escudo social”. Pero esta venía ya con algunos de los recortes exigidos por la UE, de acuerdo con el retorno a la austeridad pactado en el semestre español de la UE.

Las más importantes tienen que ver, precisamente, con uno de los grandes problemas de las familias para llegar a fin de mes: el precio de la energía. La electricidad recuperará las tasas de impuestos indirectos como el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que pasarán del 2,5% al 3,8% y el 3,5% al 5,25 respectivamente. Una subida acumulada de 3 puntos, más allá de la que se genere por la inflación. En el caso del gas, la subida será mucho mayor a partir de abril, pasando el IVA del 10 al 21%. Lo que no decae son las compensaciones a las eléctricas, que se cifran en 100 millones de euros para 2024.

El resto de medidas se mantiene como hasta ahora. Es decir, con mucho más relato que dato. Donde más patente se hace esto es en materia de vivienda. Aunque el decreto limita a un 2% la subida de alquileres, la subida reconocida por el gobierno ha sido del 10% de media desde la primera aprobación del llamado “escudo social”. O la falsa “prohibición de los desahucios”, que no ha evitado los 19.332 lanzamientos de 2023.

Este decreto tambien ha sido salvado con el acuerdo de última hora con Junts. Según fuentes de la derecha catalana, se ha hecho a cambio de algunas medidas para favorecer el retorno de sedes sociales de las empresas que marcharon de Catalunya en 2017, la asunción por parte del Estado del coste de las bonificaciones del transporte y un traspaso de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Esta última se trata de una de las demandas en auge por parte de sectores de extrema derecha del independentismo y de la que se está haciendo eco la formación posconvergente. El discurso y las propuestas de Junts consisten en realizar un traspaso para poder aplicar políticas de extranjería aún más duras y restrictivas que las del Estado español. Como vemos, un acuerdo muy "progresista".

Una oposición que no tienen tampoco nada que ofrecernos

Si los decretos son el primer paso del gobierno PSOE-Sumar para ponerse a tono con los nuevos aires de la UE en materia de ajuste, los noes a los mismos de los grupos de la derecha no suponen ninguna alternativa. Tanto PP como Vox, discrepan fundamentalmente en el ritmo y la profundidad de los ataques, que deberían ser aún mayores. En estos días, el PP se ha mostrado incluso abierto a dar sus síes al decreto anticrisis, si a cambio se incluía un recorte de impuestos de 10 mil millones a las rentas más altas.

De parte de los socios de investidura, el grueso se han mantenido en la posición dócil de la investidura pasada. Las exigencias o críticas por moderado de grupos como ERC o EH-Bildu no se las puede creer nadie. Sea como sea, siempre le acaban dando el sí, aunque tengan que tragarse sapos como el de los Presupuestos más militaristas de la historia de 2023.

La inicial oposición de Junts o su supuesta "exigencia" no es más que un intento de marcar un perfil más "duro", no quedar tan identificada con ERC y su definitiva apuesta por el retorno pleno a la normalidad autonómica y aparecer como los mejores defensores de los intereses de las grandes familias y empresas catalanas. La proximidad de las elecciones autonómicas, en un año, les convierte esto en una obligación para sobrevivir.

La renuncia a la autodeterminación fue parte de los acuerdos de investidura, por eso ahora se centran únicamente en hacer efectiva la principal concesión - la amnistía - y que no se retrase hasta después de esos comicios. Por otro lado, se pretenden mostrar como los mejores negociadores con el Estado en el nuevo marco autonomista. De ahí que la mayor parte de sus críticas y exigencias iban en la dirección de mejorar las condiciones de financiamiento y fiscales para las empresas catalanas, a las que el mundo postconvergente sigue representando fielmente. Por último, tratan de hacerse portavoces de los discursos y propuestas soberanistas en clave racista que un sector de los hiperventilados vienen levantando cada vez con más fuerza.

La otra novedad han sido los cinco noes de las diputadas y diputados de Podemos. Una posición consecuencia de las negativas de Sumar y el PSOE a que siguiera formando parte del Consejo de ministros y ministras. La formación morada ya advirtió que esta exclusión implicaría negarse a seguir tragando los sapos que - sin apenas resistencia - tragaron en la anterior legislatura. Con los noes de hoy al decreto del subsidio de desempleo, ha querido escenificar esto. Una defensa de las pensiones hoy, sin explicar por qué con sus votos y presencia en el gobierno, avalaron las dos contrarreformas en esta materia del ministro Escrivaà. Podemos se juega a reaparecer como una fuerza opositora al social-liberalismo, queriendo que olvidemos su paso por el gobierno social-liberal de Sánchez o su apuesta a que le vuelvan a integrar en el futuro. Una impostura que es coherente con respaldar otros decretos, como el “omnibus” que en nada ampliaba o mantenía derechos, o en que su propuesta para frenar estas políticas sea alérgica a promover cualquier movilización social.

Solo con una movilización independiente de la clase trabajadora y los sectores populares se podrán frenar estos y peores ataques

Los meses que tenemos por delante, muy especialmente pasadas las elecciones europeas, vendrán con curvas para la clase trabajadora y los sectores populares. El proyecto de legislatura progresista, tal y como han acordado con la UE, estará basado en el desmantelamiento paulatino de las mínimas medidas sociales de la anterior y el avance de contrarreformas en materia de pensiones y desempleo. Todo mientras la pérdida de poder adquisitivo sigue corroyendo los salarios - un 40% volvieron a perder en 2023 - o la crisis de vivienda ha situado el alquiler medio por encima de los 1000 en las principales capitales.

La derecha y la extrema derecha esperan sentadas su turno. Que el descalabro de un gobierno de “izquierda” aplicando políticas de derecha les abra el camino, para una vez en Moncloa simplemente ampliar, profundizar y acelerar su obra. Si además el gobierno "progresista" y una parte de sus socios siguen, les copian las políticas de frontera como ya hizo el gobierno PSOE-Unidas Podemos, aún mejor. Mientras tanto, desde los gobiernos que controlan y desde el Estado profundo, seguirán haciendo la guerra a nuestros derechos, como vemos en la Comunidad de Madrid contra la Ley LGTBI o en el País Valenciano o las Islas contra el catalán.

El ala del neorreformismo fuera del gobierno, Podemos, querrá vendernos que la solución, otra vez, pasa por renovarles la confianza electoral. Que ellos puedan sobrevivir como partido parlamentario, negociar con más fuerza para volver al gobierno, y así… volver a hacer exactamente lo mismo que nos ha llevado a esta situación. Mientras tanto, ni en el Parlamento, ni mucho menos en las calles, van a promover ninguna acción que comprometa realmente la situación del que sigue siendo “su” gobierno.

La burocracia sindical que dirigen CCOO y UGT siguen apoltronados en su rol de ministros sin cartera. Acordando migajas, dejando pasar recortes como el del subsidio de desempleo o las sanciones a empleados públicos y mirando para otro lado ante la licuación de los salarios, la crisis de la vivienda o el endurecimiento de las políticas contra los trabajadores inmigrantes.

La única vía para realmente parar las distintas agendas antiobreras y antipopulares en disputa es una vía independiente. Que no confíe en ninguno de los agentes del régimen, sino en las fuerzas de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares para enfrentarlas. Para tumbar las medidas e iniciativas de la ofensiva reaccionaria, y hacer lo mismo con las que el gobierno “progre” va a intentar hacer pasar - cargadas de relato, engaño y chantajes malmenoristas- siempre a favor de las grandes empresas, los tenedores de vivienda y los intereses del imperialismo español y europeo.

La derrota del gobierno en el Congreso evidencia que hay un gobierno débil y una oposición débil. Sus propias contradicciones, hace que ninguno lo tenga fácil para imponer su plan. Es perentorio aprovechar estas brechas para frenar los planes de unos y otros, e imponer medidas que den salida a los grandes problemas sociales, como el reparto de horas sin reducción salarial, un SMI de 1800, la indexación de todos los salarios al IPC mensualmente , la expropiación de las viviendas de grandes tenedores, de las grandes eléctricas y distribuidores o la derogación de las leyes de extranjería.

Es urgente que el sindicalismo combativo y la izquierda anticapitalista impulsemos un plan de movilizaciones por estas medidas y contra todo ataque, y que, al mismo tiempo, exijamos a las direcciones de CCOO y UGT el fin de su política de pasividad y acuerdos a la baja y liberen las fuerzas de nuestra clase para dar una verdadera salida obrera a la situación de crisis social que ninguna migaja “progre” ha logrado mitigar. Solamente así, las complicaciones o derrotas parciales parlamentarias del gobierno como las de hoy, podremos capitalizarlas a nuestro favor y no servirán de antesala para nuevas y peores vueltas de tuerca.