Según lo anunció públicamente la Ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, la radical Adriana Chaperón, a partir del sábado 11 rige en la provincia la prohibición absoluta de salir de los domicilios excepto en días determinados, según la terminación del DNI o número de patente para quienes tienen vehículo. El fundamento que esgrime la funcionaria hace foco en la necesidad de que “no colapse el sistema de salud”.
Lunes 13 de abril de 2020 17:42
Si bien la realidad por la que atraviesa la salud pública es heredada de gobiernos anteriores, la responsabilidad de un plan de emergencia serio para atender a una población que cuenta con uno de los índices de contagios más altos del país por cantidad de habitantes, corresponde a la actual gestión. Nadie discute en estas circunstancias que el aislamiento social preventivo es la medida más segura para cuidarnos, pero si eso no va acompañado de un plan integral que incluya más testeos, más inversión en elementos y material sanitario, y una política de asistencia económica de conjunto, es claro que el aislamiento por sí mismo no resuelve la problemática que sufren miles de trabajadores que han perdido sus ingresos y en menor medida quienes no llegamos a cubrir la Canasta Familiar.
Aunque la coyuntura le otorga una oportunidad excepcional para revertir la matriz distributiva de la riqueza que generan los trabajadores y concentran los poderosos de siempre, el Gobierno no ha tenido la voluntad de tomar decisiones de fondo para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que cada día es más profunda.
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A la falta de temple para tocar esos intereses, se suma la improvisación permanente que deja al desnudo la inconsecuencia de su política. Desde que se decretó la cuarentena, las marchas y contramarchas han sido una característica sobresaliente de la gestión.
Argumentando la “filtración” de la Resolución 0311 de la Ministra se Salud, se dejó sin efecto la medida que intentaba implementar la "Ley Seca" en la provincia, y que la policía había comenzado a ejecutar el 20 de marzo. Unos días después dio marcha atrás con el pedido que había hecho a Aerolíneas Argentinas para que se destinen dos vuelos al aeropuerto de Río Grande, debido a la clausura de la terminal aérea de Ushuaia. Por último, en la primera semana de abril los integrantes del bloque político FORJA emitieron un comunicado en que instaban a los empresarios nucleados en AFARTE, a no tomar medidas “que atenten contra los trabajadores, sus salarios o su estabilidad laboral”. En paralelo, el propio Gobierno comunicaba que no cumpliría el acuerdo homologado con estatales y docentes.
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El anuncio de rebaja salarial de hecho, aunque no sorprendió a algunos dirigentes sindicales que lo sabían desde el fin de semana, provocó la indignación de los y las trabajadoras de la educación y desembocó en una medida de retención de servicios con apagón informático.
La línea que sigue la alianza del Frente de Todos en la provincia, va en la dirección que marca Alberto Fernández: aislamiento, restricción para circular y presencia de fuerzas represivas en las calles. Hasta ahora no se han tomado determinaciones de fondo sobre los sectores que históricamente han acumulado fortunas: los empresarios que monopolizan la actividad turística y la explotación de hidrocarburos, entre otros.
Por ejemplo, la última renegociación de contratos en 2017, que prorrogó las concesiones hasta 2031, benefició a las multinacionales con la aplicación gradual de la alícuota por regalías, pasando del 12 al 15 % recién para enero de 2021. El favorecido fue el consorcio Total-Wintershall-Pan Américan Sur, que opera en la denominada Cuenca Marítima 1.
Además, otras empresas como Camuzzi han acumulado ingentes ganancias con los aumentos tarifarios de los últimos años, pero no han invertido en la extensión de redes domiciliarias entre otras obligaciones. Lo mismo sucedió con las distribuidoras de gas envasado que han recibido más de 800 millones de pesos en concepto de subsidios provinciales.
Tampoco se ha diseñado un plan de reconversión industrial para frenar los recortes salariales, suspensiones y despidos en el sector fabril. Tierra del Fuego cuenta con uno de los parques industriales más grandes del país que podría recuperar la fabricación de Netbook y otras herramientas tecnológicas bajo un protocolo de seguridad adecuado. Esto permitiría que todos los y las estudiantes de la provincia tengan acceso a la educación virtual en condiciones menos desiguales.
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Nada de esto es casual, ya que el frente político que gobierna, incluye desde sectores conservadores como el Movimiento Popular Fueguino, parte del PJ, al radicalismo, hasta el espacio progre de la ex gobernadora Fabiana Ríos, y los neoperonistas como el PCR de la legisladora Mónica Acosta.
El problema “progre” dentro de esta alianza es que su límite era el macrismo y el bertonismo que ya no existen, y pierden toda capacidad de crítica salvo que les toque el propio bolsillo. En este sentido, el discurso paternalista de Fernández y Melella funciona bien por ahora para quienes tienen un techo y un salario asegurado. Sin embargo, la realidad de millones es muy distinta. Con más de un 40 por ciento de trabajadores en la informalidad, el “humor social” tiende inevitablemente a empeorar. La represión a los trabajadores del frigorífico Penta y el "ciberpatrullaje" presentado por la ministra Frederic la semana pasada, adelantan un escenario más conflictivo.
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En momentos en que el Estado y sus gestores de turno intentan borrar los intereses antagónicos bajo el concepto de unidad nacional, las y los trabajadores y nuestras organizaciones debemos participar activamente para que la crisis no recaiga sobre nuestras vidas.
Aunque se intente disimular con proclamas combativas, muchos dirigentes en Tierra del Fuego subordinaron a las organizaciones que representan al actual gobierno. Participaron activamente de la campaña y aplaudieron fervorosos en el acto de asunción de Melella.
Desde la izquierda venimos sosteniendo que la solidaridad debe entenderse en términos de clase. Romper con la pasividad y la salida individual que propone el poder político y problematizar nuestro papel frente a la emergencia.
Centralizar el sistema de salud, ocupar las fábricas que cierren, reconvertir la producción para ponerlas al servicio de la comunidad, exigir un salario mínimo de 30 mil pesos para combatir el desempleo, organizar colectas solidarias para las y los compañeros que no llegan a cubrir sus necesidades básicas; son propuestas concretas y posibles que requieren de nuestra participación activa para enfrentar en mejores condiciones la crisis sanitaria y económica
