CRISIS POLÍTICA Y GIRO BONAPARTISTA. El gobierno y la “Constituyente” avanzan en la concentración de poderes y medidas proscriptivas, con el apoyo de las FF.AA.

El gobierno de Maduro venía de obstaculizar el referéndum revocatorio presidencial e impedir las elecciones regionales cuando correspondían por ley –así como impide las elecciones sindicales allí donde ve posibilidades de perderlas–, en general, negado a permitir elecciones desde que perdió las parlamentarias (6-D 2015). Tras el paso en falso de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en que buscaba despojar a la Asamblea Nacional de las facultades legislativas y otorgárselas a Maduro y al propio TSJ, la crisis pegó un salto, con el recrudecimiento de la ofensiva de calle dirigida por la MUD y el enfrentamiento de la Fiscal General. El gobierno sacó la carta de la “Constituyente”.

La última Asamblea Constituyente –impulsada por Chávez– se convocó previa consulta mediante referéndum, en el cual se sometieron a consideración también las bases de la misma. Esta ANC de Maduro no pasó por tal consulta ni tampoco sus bases de elección, imponiéndose así una farsa con unas bases y selección de candidatos hechos totalmente a la medida y placer del gobierno, para garantizarse la mayoría. En un país gobernado bajo un estado de excepción permanente, con los derechos a manifestar y a huelga fuertemente restringidos por la represión estatal, un grosero fraude aderezó la elección de esta “Constituyente”, que ha resultado ser no más que una suerte de congreso del partido gobierno, pero con poderes “plenipotenciarios” sobre el resto del país.

Esta instancia monolítica, donde todo se está votando por unanimidad, se auto-asignó una duración de dos años (la de Chávez duró seis meses), declarándose “instancia plenipotenciaria”, destituyó de facto a la Fiscal General –previa ocupación militar con la GNB–, amenaza con que los candidatos a las próximas elecciones regionales deberán contar con el visto bueno de la ANC para poder participar, y recibió la visita del alto mando militar para reafirmarles a los “constituyentistas” que cuentan con el apoyo de las FF.AA. para las decisiones que tomen.

Ha decretado que “Todos los organismos del Estado están subordinados a las decisiones de la ANC”, es decir, a este congreso ampliado del PSUV, que “deben acatar leyes y decretos” emitidos por esta: “La Asamblea Nacional Constituyente tiene un poder plenipotenciario, lo que quiere decir que todas las decisiones de la Constituyente no pueden ser contrariadas por ninguno de los Poderes, es decir, el Presidente de la República no puede estar en contra de lo que diga la Asamblea Nacional Constituyente, pero esto también vale para el Tribunal Supremo de Justicia y para todos los Poderes”, declaró Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la ANC. Aprobó una “Comisión por la Verdad, Justicia y la Legitimidad Pública”, encabezada por la propia presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, que se encargará de determinar “la verdad, las responsabilidades de los victimarios” en los asesinatos y hechos de violencia de los últimos meses: “La Asamblea Nacional Constituyente vino a sanar al país”, declaró. Es así como pretenden erigirse en una especie de “comité de salud pública” reaccionario, controlado por la añeja y desprestigiada burocracia del gobierno.

Esto va de la mano de otras decisiones, como las nuevas destituciones y sentencias de cárcel contra alcaldes de la oposición: Carlos García, Mérida; Ramón Muchacho, Chacao; David Smolansky, El Hatillo. Legalmente los alcaldes solo pueden removidos por renuncia, inhabilitación por sentencia penal definitivamente firme, o revocatoria por los electores, sin embargo, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo quien toma estas decisiones que al instante son ejecutadas por la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Antes de estos casos, sumaban seis los alcaldes destituidos por acción del chavismo bajo el gobierno de Maduro.

¿Qué le permite al gobierno avanzar en todo este giro bonapartista? Es fundamental su control de las FF.AA., es un gobierno sostenido cada vez más en los militares. Así, el Poder Judicial va tomando decisiones a petición del Ejecutivo, que de inmediato son ejecutadas por los órganos militares.

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Reforzamiento de la injerencia imperialista, grietas en las FF.AA., y la MUD va a las regionales

Esto ocurre a la par que se refuerza la ofensiva de presión internacional por parte de los gobiernos de derecha de la región y de los países imperialistas, cuya expresión más clara son las nuevas sanciones del gobierno de Trump a funcionarios del gobierno nacional, luego de haber sancionado al propio Nicolás Maduro. Dando un salto en el cinismo y la hipocresía de estos gobiernos que dicen estar “preocupados por la democracia en Venezuela”. Lo más reciente ha sido la decisión de la Cumbre de Lima y el respaldo a ésta por parte de los EE.UU.

El asalto al Fuerte Paramacay el domingo pasado, que se saldó según el gobierno con tres muertos, siete detenidos y la sustracción de parte del parque de armas de este cuartel, vendría a ser una muestra de las grietas que hay en las FF.AA., puesto que tal hecho, de ser cierta la versión del gobierno, contó con la complicidad de varios oficiales e incluso algún general. El gobierno respondió con una serie de allanamientos y detenciones, varias sin orden judicial y sin dar aún información del paradero de los detenidos luego de varios días, como el caso del general Raúl Baduel, así como una rueda de prensa con ostentación militar por parte del ministro de la Defensa.

En este marco, la derecha parece haber quedado momentáneamente a la defensiva, tras fracasar sus planes de salir de Maduro. Como hemos dicho siempre, la oposición no representa, como pretende venderse, la “alternativa democrática”, tiene un ADN golpista que les impide jugar el papel los “demócratas víctimas del totalitarismo” que intentan representar. La derecha siempre ha buscado desplazar del poder, incluso por la fuerza, a los gobiernos chavistas, si no lo ha hecho ha sido porque fracasó en sus intentos en el pasado, y porque hoy no ha logrado la correlación de fuerzas suficiente para intentarlo, solo por eso.

En el caso de Maduro, se propuso sacarlo desde el mismo momento en que se anunció oficialmente la muerte de Chávez. Las acciones de calle por el “fraude” en las presidenciales de 2013, “La Salida” en 2014, el “salir en 6 meses de este gobierno” apenas tomaron posesión de la AN (diciembre 2015), las constantes increpaciones a los militares para que le saquen la silla a Maduro o lo obliguen a negociar en los términos que quiere la MUD, son parte de su política, así como el buscar y apoyarse en la constate injerencia de las potencias imperialistas de Europa y los EE.UU.

Sin embargo, luego de haber declarado la “escalada definitiva” previo a las elecciones de la fraudulenta “Constituyente”, sin haber logrado sus objetivos, al tiempo que apuestan al reforzamiento de esta injerencia, han decidido concurrir a las elecciones regionales marcadas por el gobierno para el 10 de diciembre. Según las declaraciones de Andrés Velásquez, como vocero de la MUD, han decidido participar “por consenso”, aunque, según, como medida “táctica”: “Asumimos la preinscripción de candidatos para una eventual participación en las elecciones regionales como una forma de obligar a que haya elecciones (…) la preinscripción es una trampa que el Gobierno nos puso para ver si nos desviamos del camino democrático, eso no va a pasar”. El CNE anunció que la MUD no podrá inscribir candidatos en 7 de las 23 entidades que eligen gobernador –por decisiones de tribunales regionales–, y ésta respondió que lo harán a través de las tarjetas de los partidos de la coalición que sí están habilitados.

Voluntad Popular plantea un matiz, acordando en la preinscripción pero condicionando la participación efectiva a que el gobierno brinde garantías de la “transparencia del proceso”. Acción Democrática (AD), otro de los partidos centrales de la MUD, afirma su decisión de participar sin asomar mayores condicionamientos. Están las voces disidentes de Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo, de María Corina Machado y Antonio Ledezma, respectivamente, aunque son partidos minoritarios en la MUD y legalmente no están autorizados a participar, al quedar inhabilitados tras la renovación de los partidos que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al tiempo que anuncia su participación, la MUD declara su apoyo a las sanciones impuestas por gobiernos europeos y de los EE.UU. a figuras del gobierno nacional, así como hablan de “profundizar la presión social”, convocando a una marcha para este sábado 12, en apoyo a los alcaldes destituidos, lo que no parece ser sino una más de las marchas, ya mermadas, que han venido convocando en las últimas semanas.

Cabe recordar que a pesar de las declaraciones altisonantes, de nombrar al gobierno como una “dictadura”, y de su negativa pública al diálogo, la MUD viene manteniendo diálogos y negociaciones secretas con el gobierno, tal como trascendió hace días. Así como también que si esas sanciones imperialistas que apoya la MUD no son de mayor escala, afectando por ejemplo a PDVSA, es por puro cálculo de los gobiernos imperialistas sobre la posible afectación de sus propios intereses o de sus empresas, y no por consideraciones para con el país o el pueblo de Venezuela.

Por una salida propia de los trabajadores y el pueblo pobre

Como hemos venido planteando desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), ante este “empate catastrófico” entre dos fuerzas reaccionarias que se disputan el control del país, sin estar representados los intereses obreros y populares en ninguno de esos bandos, urge una salida propia de la clase trabajadora. Necesitamos enfrentar tanto al gobierno como a la MUD, que busca volver a gobernar para imponer un plan económico que profundizará los padecimientos del pueblo, así como rechazar estas sanciones e injerencias del imperialismo –campeón en violaciones sistemáticas de los DD.HH. dentro de sus fronteras y en el resto del mundo– y de los gobiernos de derecha de la región, claramente represivos contra las luchas de los trabajadores y pueblo pobre en sus respectivos países, o golpistas, como el caso de Temer.

Mientras avanza el bonapartismo (autoritarismo y represión) del gobierno, y la derecha redefine sus estrategias, reforzándose la injerencia imperialista, la crisis económica sigue haciendo estragos en la vida del pueblo, con nuevos saltos criminales estas semanas en la ya agobiante inflación. Necesitamos luchar por un plan económico obrero y popular de emergencia, no cualquier “plan económico”, que siempre son diseñados en función de garantizar los intereses y ganancias empresariales por encima de las necesidades del pueblo. Así como por una salida política acorde con los intereses de las mayorías trabajadoras.

Corresponde buscar las vías por las cuales superar la pasividad e inmovilismo que hoy imponen las centrales y federaciones sindicales. Los trabajadores, activistas y sindicatos de base, debemos romper con esta situación e impulsar asambleas en nuestros lugares de trabajo, así como encuentros regionales de trabajadores en lucha, donde podamos discutir todos estos problemas y la situación del país, encuentros para definir nuestra propia agenda, para articular las luchas que hoy se dan aisladas, para tejer la solidaridad activa, para definir planes de lucha unificados por nuestras demandas. Asambleas y encuentros regionales con miras a un gran encuentro nacional de trabajadores que resuelva un plan nacional de lucha por un programa obrero de emergencia y una salida propia, de los trabajadores, independiente del gobierno y de la MUD, a la gran crisis política que vivimos, para que no se terminen de imponer ninguna de las salidas reaccionarias que propugnan.

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