Nadie quiere ser quien tome la decisión de nuevos confinamientos, pero menos aun de tomar las medidas necesarias para enfrentar la pandemia, y la crisis que genera a favor de las mayorías sociales. Gobiernan para el Ibex.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Miércoles 26 de agosto de 2020
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, este martes. EFE/ Zipi
El gobierno, en rueda de prensa después de su Consejo de Ministros, este martes anunció que traslada a las autonomías la responsabilidad sobre la aplicación del estado de alarma en sus territorios. Al día siguiente los gobiernos de las comunidades autónomas dijeron desentenderse de esta propuesta, mientras se está al fin del periodo de verano frente a un comienzo improvisado del inicio de curso escolar. Ni unos ni otros quieren o son capaces de afrontar la situación catastrófica que se viene.
Frente a una evolución global de la pandemia que el gobierno califica “de preocupante” en especial en comunidades como Madrid y Catalunya, así como una tasa de decrecimiento de la economía del orden del 18%, el gobierno central y las comunidades autónomas se pasan la pelota, para no tomar medidas de verdadero calado.
Y es que aunque nadie aun sostiene que hay que ir a un nuevo estado de alarma y nuevos confinamientos masivos, la realidad es que lejos de estar descartado es un escenario posible. Esto implicaría, al mismo tiempo, un nuevo golpe a una economía que aún está en situación de descalabro producto del anterior estado de alarma.
Varias comunidades autónomas ya hicieron explícito que en ningún caso harán aplicación de la propuesta del ejecutivo contemplada en la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Mientras que otras como Catalunya y Asturias no lo descartan. Lo que está claro es que es un escenario indeseado para todos.
Los gobiernos, si pusieran la salud y la seguridad de la mayoría de la población por delante de los negocios y las ganancias de los empresarios, deberían tomar medidas que enfrentaran a los lobbies turísticos, financieros, farmacéuticos, etc. Para poner todos los recursos al servicio de enfrentar esta enorme crisis sanitaria, económica y social. No lo harán. Lo que en caso de nuevos confinamientos y estado de alarma los llevará a “cabalgar” nuevas “contradicciones” parafraseando al vice Pablo iglesias.
Sin embargo, es evidente que más allá de la convocatoria de un estado de alarma –convocada sea por el gobierno central o sea las autonomías- si no va acompañada de medidas que preserven a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras y ponga todos los recursos del Estado y territorio al servicio de fortalecer la sanidad pública, solo es un parche a costa de la mayoría. No se puede resolver una crisis así, a golpe y de ir suspendiendo los derechos y las libertades intermitentemente.
La realidad es que el Gobierno del PSOE y UP ha perdido un tiempo importante de forma irresponsable para afrontar una nueva oleada del virus que no se ha hecho esperar. Se ve que la crisis de la monarquía y organizar la salida del Emérito los mantuvo ocupados.
Para enfrentar las consecuencias del anterior estado de alarma y un nuevo escenario en la que se apliquen nuevos confinamientos masivos haría falta un verdadero salario de pandemia para aquellos que hayan perdido sus ingresos o estén por debajo del salario mínimo. Lejos del mísero “ingreso mínimo vital” que considera que con 600 euros pueden vivir dos adultos, medida estrella del gobierno progresista de coalición, que apenas aprobó el 1% de las 700.000 solicitudes recibidas por la seguridad Social y que en muchos casos estos “afortunados” ni si quiera lo están cobrando.
Fortalecimiento inmediato de la sanidad pública, en base a poner todos los recursos de la sanidad privada al su servicio y aumentar la contratación de profesionales y acabar con la precariedad. No basta con aplausos.
Aumento del personal docente y del resto del personal de la comunidad educativa, así como el fin de su precariedad y subcontratación junto a la ampliación de las infraestructuras, son medidas elementales para poder garantizar un inicio de curso seguro.
Prohibición de suspensiones y despidos, junto con la nacionalización sin pago y bajo control de sus trabajadores y trabajadores de toda fábrica o empresa que cierre. Así como su reconversión al servicio de las necesidades de las mayorías sociales de forma respetuosa con el medio ambiente.
Unas medidas de este tipo, las necesarias para afrontar la crisis sanitaria, económica y social que ya está haciendo estragos y promete profundizase, no puede ser, de ninguna manera, obra de ningún gobierno del régimen del 78, sino solo producto de una lucha tenaz de la clase trabajadora y las mayorías sociales para imponerlas.
