Tribuna Abierta. El golpe de la “Fusiladora” (II)

El golpe de septiembre de 1955, se propuso de acuerdo a sus pronunciamientos entre otros objetivos: “restaurar la libertad y la democracia”; “eliminar la tutela del Estado en las relaciones obrero-patronales” y “estabilizar, liberalizar y desarrollar la economía”.

Ante las nuevas necesidades que se planteaban para el desarrollo capitalista, comenzó un proceso cuyo signo fue la profundización progresiva y creciente de los efectos económicos de una crisis económica que tendía a separar socialmente cada vez más al proletariado de la burguesía. Por esos motivos y la actitud de los golpistas frente a los trabajadores y sus conquistas, es que el golpe del 55, fue contra la conducción política y gremial del peronismo, pero fundamentalmente para atacar las conquistas laborales de la clase obrera. Se sumaba la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas, que debía pasar por la acumulación de capital, y las inversiones en la industria pesada.

Para ello se necesitaba imperiosamente un aumento de la producción y racionalización, lo que traería inevitablemente más explotación. El ataque a las leyes obreras, las directivas de los golpistas y los patrones, para lograr el disciplinamiento al interior de las fábricas, se puso de manifiesto, con el ataque del capital al trabajo. Por otra parte, distintos sectores de la burguesía plantearon que Perón no iba a realizar ese plan de aumento de la producción y de mayor explotación, por su relación con los trabajadores y los sindicalistas.

En el seno de la clase dominante, no hubo acuerdo cómo continuar con el desarrollo de las fuerzas productivas, ni con la estrategia de acumulación, de distribución, de ahí los distintos intentos con democracia restringida, proscriptiva, o los golpes militares que se fueron dando entre 1955 y 1976.

Luego del golpe, se produjo la ocupación de los locales sindicales por los comandos civiles, represión y cárcel para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Hubo intentos conciliadores y de lograr el apoyo de dirigentes gremiales, en el breve gobierno de Lonardi. Este tuvo actitudes de acercamiento para con el movimiento obrero, pronunció un discurso mediador al asumir el gobierno, luego como todo un símbolo de su política, recibió a una delegación de dirigentes gremiales y nombró como Ministro de Trabajo a Luís Cerrutti Costa, ex asesor legal de la poderosa UOM.

El 21 de septiembre de 1955, cinco días después del golpe, la dirección de la central obrera realizó su primera reunión. En ella los gremialistas debatieron cómo actuar frente a la “Revolución Libertadora”, planteándose el dilema si se la debía enfrentar decididamente con la clase obrera movilizada o “acomodar el cuerpo” a la nueva situación. La mayoría de los dirigentes estuvieron de acuerdo en la idea sustentada por los principales sindicalistas, escuchándose conceptos como “Considero que es necesario analizar detenidamente la situación para evitarle males al país y a los trabajadores”; “La renuncia del general Perón nos desliga de ciertos compromisos; en consecuencia lo que corresponde es que analicemos la nueva situación”; “En mi opinión queda un solo camino: retirarnos con dignidad”. Mientras que muchos trabajadores peronistas y no peronistas estaban dispuestos a enfrentar al golpe con un paro general, los dirigentes sindicales optaron por lo que llamaron “retirarse con dignidad”.

El día de la reunión de los sindicalistas se difundió por LRA Radio del Estado el siguiente comunicado “El señor secretario de la Confederación General del Trabajo, Héctor Hugo Di Pietro, ha tomado contacto con las autoridades de la Junta Militar, informándoles que las tratativas de pacificación ya han sido iniciadas por el Comando de Oposición (...) por cuya razón los trabajadores (...) deben permanecer tranquilos y reanudar las tareas, contribuyendo así a la normalización de los servicios públicos y el mantenimiento del orden”.

Los dirigentes de la CGT, continuaron exhortando a los trabajadores a “mantenerse en el más perfecto orden”. En esta posición coincidían los dirigentes de algunas regionales de la CGT. Desde la conducción de la Regional Rosario, se distribuyó en la misma fecha el siguiente texto: “A raíz de la presencia de un grupo de provocadores perfectamente identificados por miembros de la CGT, que frente a la sede de la central obrera reclamaron una bandera para recorrer las calles en nombre del peronismo, advierte que los gremios deben estar alertas para contrarrestar maniobras de esa especie, y reitera la consigna de cumplir las instrucciones del titular del organismo obrero, señor Héctor Hugo di Pietro”.

Las cúspides sindicales continuaron apostando a la conciliación con los golpistas realizando reuniones en el ministerio de Trabajo, a las que asistieron el titular de esa cartera, Luís B. Cerrutti Costa, y el almirante Isaac Rojas, vicepresidente provisional.
El 25 de septiembre una delegación de la CGT, encabezada por Di Pietro, dialogó en la Casa Rosada con el presidente provisional, general Eduardo Lonardi. Al finalizar la entrevista, los dirigentes sindicales hicieron un llamado a los trabajadores a fin de: coadyuvar a la realización de los propósitos del gobierno de restablecer, en el menor tiempo posible, la normalidad constitucional de la República, dentro las normas de la democracia, el derecho y la justicia. A cambio de ese llamado a la sumisión y la tranquilidad, el general Lonardi prometió los dirigentes no intervenir la CGT.
Con las firmas de Samuel Sinay, J. A. Domínguez, Marcos Mende, Antonio E, Celis y Juan S. Escalante, la CGT Regional Rosario dio a conocer un nuevo comunicado:

“Inmediatamente de ser escuchada la palabra del secretario de la CGT señor Héctor Hugo di Pietro, la Delegación Regional convocó a un plenario secretarios generales, resolviéndose por unanimidad que han de comprometer sus esfuerzos para que las directivas impartidas por la CGT sean fielmente, respetadas por todos los trabajadores de los gremios adheridos a la misma, dejándose expresa constancia que ningún miembro de comisión directiva ni sus delegados han dispuesto el paro que se registra en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, y considerando diversos asuntos con autoridades del Primer Ejército, las que garantizarán la acción de los gremios confederados, el plenario, por unanimidad y con asistencia total de sus autoridades, resolvió a) ordenar a los trabajadores la vuelta a sus tareas habituales, a partir de la fecha y de acuerdo con las modalidades de cada establecimiento o repartición...”.

A comienzos de octubre desde la CGT se pidieron elecciones democráticas y el desalojo de los locales sindicales. Además renunció el Consejo Ejecutivo de la CGT, y se designó un triunvirato integrado por A. Framini, por los textiles, L. Natalini, por Luz y Fuerza, sumándose Dante Viel por los Empleados Públicos. A los pocos días, se publicó un acuerdo entre la CGT y el gobierno, para que se efectuaran elecciones sindicales en 120 días, y la Central obrera designaría interventores en los sindicatos que se encontraban en situación irregular o bien ocupados por los comandos civiles. Estas medidas irritaron a los sectores antiperonistas, que reclamaron airadamente ante las autoridades nacionales. Sobre fin de octubre y principios de noviembre, se produjeron una serie de escaramuzas entre los sindicalistas y el Ministerio de Trabajo.

Andrés Framini pidió rectificaciones de las violaciones del pacto firmado hacía pocas semanas. Cerrutti Costa, contestó con un decreto anunciando el proceso electoral, la designación de 3 dirigentes sindicales, y se nombró un administrador de los bienes de la CGT. Ante esas medidas, la central obrera respondió declarando una huelga para el 2 de noviembre, que se evitó con una conciliación. Luego, del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre Aramburu, lo hizo impulsando una política antiobrera que incluyó:

Proscripción de dirigentes sindicales peronistas, intervención de la CGT, el Ministerio de Trabajo declaró nulas y disueltas las comisiones internas, nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos, la Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho de huelga, y luego de un breve acuerdo se decretó que habría elecciones gremiales en 130 días, represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales, sanción del decreto 7107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955, designación de delegados de fábrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedidos los anteriores, ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo, exigiendo aumentos en la producción, decreto 2739, con su artículo 8, sobre los obstáculos a la productividad.

Toda esa batería de medidas contra la clase obrera y sus organizaciones gremiales, llevó al movimiento obrero a desarrollar una política de defensa de sus conquistas, lo que dio origen a la “resistencia obrera”. La ofensiva del capital sobre la legislación social, hizo que las bases se organizaran fuera y dentro de los lugares de trabajo, donde se mezclaban trabajadores peronistas, comunistas, trotskistas e independientes.

La represión y hostigamiento de los empresarios hacia los trabajadores se dio con el objetivo de exigir aumento en la productividad, disciplina laboral, racionalización y lograr el sometimiento de la fuerza de trabajo. Buena parte de los dirigentes gremiales conocidos estaban presos o no participaban de la vida gremial. Entonces un grupo se hizo cargo de la política gremial, estaban entre ellos el textil Andrés Framini, los metalúrgicos Armando Cabo, Paulino Niembro, Avelino Fernández y el dirigente de la carne, Eleuterio Cardozo. Con apoyo de los golpistas surgieron dirigentes gremiales no peronistas, como el gráfico Riego Ribas, Armando March entre los mercantiles, Antonio Scipione en la Unión Ferroviaria. Un sector continuo ligado al Partido Comunista.

Dos hechos de suma importancia se produjeron entre octubre y noviembre de 1955, que mostraron el estado de ánimo de las bases obreras y los dirigentes gremiales. Primero fue la actitud frente al 17 de octubre, cuando desde la CGT, se llamó a los trabajadores a concurrir al trabajo normalmente, mientras que desde otros ámbitos se reclamó recordar con distintas actividades el día de la lealtad. Por otra parte, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, la CGT paró. El 16, el gobierno intervino la CGT, y se levantó la huelga.

El Interventor de la CGT, Capitán de Navío Alberto Patrón Laplacette, el 1º de mayo en 1956, dirigió un mensaje radial para todo el país, en el cual fijó los objetivos de los golpistas frente al mundo sindical, afirmando que “Todos sabemos por qué fue intervenida la CGT. Triunfante la Revolución que por ser pura, tal vez demasiado ingenua, los dirigentes sindicales que medraron al amparo del régimen depuesto, esos dirigentes, llenos de culpas y de dinero mal habido, arrastran a sus compañeros a una huelga general política. Esa huelga que nació muerta, que no tuvo calor popular, que podía haber perturbado aún más la marcha del país, ya exhausto por diez años de saqueos, originó como digo, la intervención de la central obrera y sus organismos”.

Después de destacar el apoyo de las FF.AA a “la acción de los trabajadores”, manifestó “que no se interprete torcidamente, no se ha pretendido suplantar a los trabajadores de las direcciones de sus organizaciones, pero entiéndase bien: a los trabajadores. Hemos sustituido sí, a quienes titulándose trabajadores, los vendían ignominiosamente”.

Luego de explayarse sobre las investigaciones que se estaban realizando expresó: “De esta experiencia los gremios saldrán renovados, con nueva vida, difundidas, con un nuevo espíritu: trabajar por sus derechos y conquistas sindicales, sin intervenir en la política y sin sometimiento de ninguna especie de ningún partido y menos aún de ningún hombre. Los trabajadores deben saber elegir bien por la experiencia y por la libertad de que gozan, porque no tendrán ambiciones políticas ni estarán atados al carro de ningún tirano. Además, en las próximas elecciones en los sindicatos sabrán elegir bien, porque se cuidaran de los comunistas como siempre lo han hecho. Los comunistas no construyen, destruyen. Felizmente son pocos, pero desgraciadamente están organizados. Ellos hacen huelgas con cualquier motivo, no tienen problemas, sus salarios perdidos, le son abonados y no precisamente por los patrones. A esa gente que no cree en el país, que basa sus inspiraciones en regímenes extraños, repudiados por todos los hombres libres, no hay que seguirlos”.

Las luchas de la clase obrera

Fueron varias las medidas adoptadas por los trabajadores contra los atropellos y la mano dura de las patronales, como el boicot, trabajo a desgano, sabotajes, incluso la huelga. De las fábricas a los barrios obreros, se fue extendiendo una red de solidaridades anónimas, ayudando y colaborando con los cientos de detenidos y perseguidos.

Las comisiones internas, fueron las más agredidas, pero fueron reemplazadas, y desde la clandestinidad tomaron en sus manos las respuestas obreras. Las luchas salariales de fines de 1956, ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. Se fueron dando paros de metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles, carne. Por otra parte, surgieron diferencias y oposiciones entre viejos y nuevos líderes sindicales. Entre estos últimos estaban Vandor, Gazzera, Olmos.

A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero 3000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza, Siambreta. Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios, que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales. Los bancarios lograron una “ayuda de emergencia” de $400 mensuales para el periodo de diciembre de 1955 a febrero de 1956. Además, el gobierno a mediados de febrero, decretó un sueldo mínimo de $1120 y un aumento del 10% sobre los sueldos que excedieran el mínimo.

Los golpistas decretaron que habría elecciones de delegados a las comisiones paritarias para discutir los convenios colectivos de trabajo, que se realizarían bajo el control de las intervenciones militares. El decreto encerraba una serie de medidas discriminatorias, de exclusiones tramposas, carentes de elementales normas de democracia. Entre las instrucciones del interventor de la CGT podemos mencionar que no podían ser electos los obreros menores de 25 años, ni los extranjeros, y tampoco los que estaban “comprendidos en las inhabilitaciones para ejercer la representatividad gremial”, los peronistas y comunistas. Por esos motivos los comicios estuvieron viciados de una serie de irregularidades, lo mismo sucedió con las comisiones paritarias en las discusiones de los respectivos convenios.

El presidente provisional en su discurso del 1º de Mayo, anunció que en un lapso de 150 días todo quedaría normalizado, pasaron luego varios meses antes de que se concretara lo prometido. Posteriormente las elecciones se realizaron con una serie de irregularidades.

En la noche del 9 de junio de 1956, se inició un levantamiento liderado por el General Juan José Valle, para derrocar a la dictadura militar. La sublevación fue vencida, y en los enfrentamientos armados, murieron entre otros, los militares Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez del bando dictatorial; y los civiles Ramón Raúl Videla, Carlos Irigoyen y Rolando Zaneta, del bando peronista. Los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas (Presidente y Vice del gobierno), sabían del alzamiento pero habían decidido no abortarla con el fin de aprovechar el hecho para extremar la represión. El día anterior fueron apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu dejó firmado el Decretos 10.362 imponiendo la ley marcial y dejó también redactados los Decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364/56 que incluiría luego las personas seleccionadas para ser fusiladas.

La clase obrera continuó enfrentando la ofensiva de los golpistas y los empresarios. Desde esos días el país cambió y la lucha de clases fue en aumento.