El Senado y la Cámara de diputados/as se encuentran debatiendo, simultáneamente, una reforma al sistema político. La reforma concita consenso entre los partidos tradicionales pero aún no definen qué tan profunda debe ser. Durante los debates constitucionales se avanzó en un cierto acuerdo que propone sobre todo, imponer mayores trabas para la formación de nuevos partidos, sanciones para autoridades electas que no acaten órdenes de partido e incluso, la pérdida de la legalidad y escaños para partidos que no superen cierto umbral de votos. Una propuesta totalmente antidemocrática que se muestra como un intento de la clase política tradicional de proteger sus intereses y los de los grandes grupos empresariales que la respaldan, restringiendo el debate democrático y consolidando un sistema político al servicio del capital.
Miércoles 18 de diciembre de 2024
Una reforma para mantener el poder del bloque dominante
Entre los principales puntos de la reforma destaca el endurecimiento de los requisitos para que un partido político pueda mantenerse activo, incluyendo un aumento considerable de votos para mantener la legalidad de la organización.
La propuesta debatida en el Senado señala que una organización que no obtenga el 5% del total de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, no podrá elegir miembros para la Cámara de Diputados, se pone la excepción de tener menos del 5% pero a lo menos 8 bancadas, un absurdo. Además, se proponen barreras adicionales para la inscripción de nuevos partidos, lo que hará casi imposible que movimientos sociales o fuerzas críticas del modelo económico y por fuera de los partidos tradicionales, logren consolidarse como actores políticos.
Según expertos electorales como Pepe Auth, el objetivo de la reforma debe ser “forzar la convergencia en grandes partidos y subir los umbrales para presentar candidaturas independientes”. En esta línea la Cámara de Diputados ha propuesto algunas políticas para presionar a los partidos a formar federaciones de partidos y castigar proyectos que denominan “personalistas” pero finalmente termina siendo igual de restrictivo que el proyecto del Senado.
Quedando semanas para el término del año, la comisión de constitución del Senado aun se dará cita para continuar el debate un par de jornadas más, mientras que la cámara retomará el debate en sesiones a partir del 6 de enero del 2025.
Un giro antidemocrático que proscribe las fuerzas políticas de la clase trabajadora y los sectores populares
El debate sobre la reforma al sistema político y electoral afectará particularmente a los partidos políticos pequeños, organizaciones que suelen representar intereses específicos de minorías, trabajadores o movimientos sociales, y es justamente a estos los que se pretende dejar sin representación política. Bajo las nuevas disposiciones, se busca que estas colectividades desaparezcan al no cumplir con los nuevos estándares, dejando el sistema político dominado por las fuerzas que históricamente han legislado en favor de las élites económicas o las que se posicionan como el “mal menor” frente a la derecha. Parte del discurso del gobierno y el Frente Amplio ha sido ese, quedarse con la bandera de la única alternativa para frenar a la derecha, cuestión que en la práctica se mostró totalmente falso.
La práctica del gobierno de negociar todo con la derecha y armar un bloque de gobierno junto a la exConcertación, no hizo más que revivir a los viejos partidos del régimen que quedaron en el suelo luego de la rebelión del 2019.
Dificultades para nuevas organizaciones y la exclusividad de los recursos
El proyecto que dificulta la formación de nuevas fuerzas políticas, también tendrá efectos económicos. Legalizar un partido requiere una gran cantidad de recursos destinados a las campañas de afiliación ya que implica la impresión de materiales de difusión, el trabajo en terreno y otras cosas. Las pequeñas organizaciones realizan enormes esfuerzos de autogestión para conseguir esos recursos, mientras los partidos ya creados disponen de aportes fijos desde el Estado para mantener una parte de su aparato y presencia pública, pero además estos partidos reciben financiamiento desde Universidades como se vió con la USS, o con el escándalo de SQM que figuraba como militante en el PPD debido a los aportes directos que Ponce Leroy hacia mientras Toha era presidenta de la colectividad.
La exigencia de cumplir con requisitos de inscripción en varias regiones simultáneamente, así como el aumento de trámites administrativos, limita severamente las posibilidades de éxito para partidos que buscan desafiar la hegemonía neoliberal.
El mensaje es claro: si no formas parte del juego capitalista, no tienes lugar en el sistema político.
Un retroceso histórico al servicio del capital
La concentración del poder político no es nueva en Chile, el sistema binominal, que permitió la gobernabilidad de los 90 y la primera década del 2000 es fiel reflejo de ello. La modificación al sistema a uno proporcional respondió a una profunda crisis que se desarrolló sobre todo a partir de los diversos movimientos de la clase trabajadora durante el ciclo huelguistico de sectores estratégicos como el cobre, forestales y portuarios, que se acentuó con el surgimiento del movimiento estudiantil como un importante actor político y que impugnó fuertemente al modelo.
La creación del sistema proporcional abrió las puertas a nuevas organizaciones como los partidos que hoy constituyen el Frente Amplio, mismo partido que busca restringir la aparición de nuevos partidos, buscando consolidar así, un nuevo sistema excluyente, donde pocos partidos se ponen de acuerdo para seguir al servicio de los intereses del capital.
La lucha por una referencia de izquierda, socialista, anticapitalista y revolucionaria, independiente del gobierno y sus partidos.
Esta reforma pone en evidencia que tanto el gobierno como la oposición buscan reconstruir un sistema político que dé estabilidad y recomponga la legitimidad neoliberal en el país. El Frente Amplio consolidó su posición como la pata izquierda del régimen y ahora buscan cerrar la puerta que les permitió entrar al congreso, posicionando como el eje aglutinador de la “izquierda” junto al PC que hoy debate cómo abarcar ese 5% a su izquierda y que se expresó durante las últimas elecciones.
En este sentido, hay una serie de debates que se están dando dentro de la izquierda sobre qué proyecto político construir y cómo enfrentar esta arremetida del sistema tradicional. Desde estas páginas estamos convencidos de que debemos dar una pelea para enfrentar cualquier reforma que fortalezca el autoritarismo del régimen a la par que busca proscribir a las alternativas que busquen desafiarlo.
Por eso desde el PTR estamos llevando una campaña para conseguir la legalidad en las regiones de Santiago y Valparaíso, y que de cara al próximo ciclo político y electoral se puedan escuchar voces que defienden un proyecto político alternativo a los de los partidos tradicionales, que se referencia en la necesidad de levantar una izquierda socialista, anticapitalista y revolucionaria, que busque posicionar las demandas de la clase trabajadora y los sectores populares de forma independiente al gobierno y sus partidos, que busque terminar con el Chile al servicio de los empresarios, luchando por educación y salud gratuita para todos, por el fin del negocio de las isapres y las de las AFP, para que se garantice el acceso de la vivienda digna y todas las demandas sociales que se pusieron sobre la mesa durante el 2019.
