El clima previo al pronunciamiento militar se vivió en Rosario, de la misma forma que en Buenos Aires, y el día del golpe estaba previsto un acto del Partido Demócrata Progresista (PDP) en Santa Fe para reclamar por el retiro de los “intrusos enviados por el presidente Yrigoyen”.
Domingo 6 de septiembre de 2020
Breve panorama nacional
La situación nacional empeoró desde fines de 1929, al haber estallado la crisis económica mundial, que sumió a los países capitalistas en uno de los peores dramas desde su existencia. El derrumbe de la economía internacional, con sus secuelas de quiebres de empresas, desocupación, hambre y miseria se extendió desde los Estados Unidos al resto de los países. En la Argentina, el desastre económico comenzó en febrero de 1930, y trajo paralización de actividades industriales, menor exportación de los productos agropecuarios, desempleo, todo lo cual agravó la situación política.
Tanto liberales como conservadores, pensaban desde hacía tiempo en tesis autoritarias. En 1927 un grupo de intelectuales, encabezados por los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, estancieros de Entre Ríos, comenzaron a publicar el periódico La Nueva República, desde el cual denostaban a la democracia, y planteaban alternativas corporativas y fascistas. A estos jóvenes se vinculó el general Uriburu, y prepararon el golpe con “la idea de hacer una nueva Argentina, modificar la Constitución a un modelo corporativo, con la expresa prohibición de los partidos políticos, la representación lograda a través de las asociaciones patronales y de los trabajadores, todas controladas por el Estado”. Pero debían sumar a otros sectores, y lo fueron consiguiendo primeramente con numerosos conservadores, posteriormente con el gral. Agustín P. Justo, quien tenía excelentes relaciones con los radicales antipersonalistas.
Otros sectores como la prensa, especialmente el diario Crítica, se incorporaron a la prédica de los conspiradores, los universitarios también lo hicieron. El clima previo, se vivió de diversas maneras. Ya el 31 de agosto de 1930, el público y los dirigentes que asistieron a la inauguración de la Exposición en la Sociedad Rural abuchearon a Juan Fleitas, ministro de Agricultura del gobierno de Yrigoyen, quien se retiró sin pronunciar su discurso. Y unos días antes del 6 de septiembre preparando el ambiente, el Partido Conservador acompañado por numerosos liberales, publicó un documento “golpista” contra el gobierno. Entre los firmantes estaban entre otros el terrateniente de la provincia de Buenos Aires, Federico Pinedo, luego ministro de Economía del gral. Justo, Nicanor Costa Méndez, Aurelio Amadeo, Díaz Vélez, Unzue, todos hombres de la Sociedad Rural.
La oligarquía había llegado a la conclusión que Yrigoyen era imbatible en las urnas. Los sectores de la derecha política decidieron entonces que era “la hora de la espada”, y el ejército intervino por primera vez para decidir el curso político, desde que se había convertido en fuerza profesional.
El desfile de los cadetes a la casa de gobierno
Cuando el 6 de septiembre de 1930 la población de Buenos Aires vio marchar a los cadetes del Colegio Militar por Callao y luego por Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, para algunos analistas en “un ambiente que pareció más de fiesta que de un alzamiento armado, contra las autoridades legítimamente elegidas y la Constitución, no sabían ni evaluaban las consecuencias nefastas que ese pronunciamiento trajo para el país”. Al frente del movimiento cívico-militar estuvo el general José Félix Uriburu, aquél que cuando era subteniente cedió su casa para que se reunieran los revolucionarios del ‘90, participó de la revolución del Parque, y tuvo una intensa amistad con Lisandro de la Torre.
Entre los militares que participaron figuraron varios que tuvieron papeles importantes en los años venideros en el país como Pedro P. Ramírez, Humberto Sosa Molina, Julio A. Lagos y Juan Domingo Perón. Entre los cadetes del Colegio Militar también se hallaban algunos que se destacaron por distintas circunstancias como Álvaro Alsogaray, Bernandino Labayru, Rosendo Fraga, Enrique Rauch.
Se conoció la acordada de la Corte Suprema de Justicia legitimando a las autoridades de facto, y un manifiesto del general golpista dejó ver sus propósitos de instaurar un sistema corporativo, reformar la Constitución, perpetuarse en el poder por un período prolongado y lograr la formación de un Estado de corte fascista.
Se inició una era de ilegalidad, fraude, entrega de la economía del país al capital extranjero. Uriburu conformó su gobierno con conservadores y nacionalistas. A los meses, en la disputa ideológica entre los golpistas se impuso el sector liberal que encabezaba el gral. Agustín P. Justo.
Las concepciones autoritarias y represivas se manifestaron abiertamente con la persecución de dirigentes opositores desde radicales hasta anarquistas. La cárcel, la tortura, el destierro, el exilio y los fusilamientos fue el destino de muchos militantes gremiales y políticos.
El golpe en Rosario
El clima previo al pronunciamiento militar se vivió en Rosario, de la misma forma que en Buenos Aires, y el día del golpe estaba previsto un acto del Partido Demócrata Progresista (PDP) en Santa Fe para reclamar por el retiro de los “intrusos enviados por el presidente Yrigoyen”. El partido de Lisandro de la Torre había contratado un tren para llevar a sus simpatizantes hasta la capital provincial. A la vez el espíritu golpista del PDP quedó al descubierto cuando dio a conocer una proclama planteando que “Los legisladores nacionales, en el mitting personalista de mañana nos dirán que con su actitud en el Congreso fueron eficientes colaboradores en la obra de desquicio administrativo e intelectual”.
Las crónicas del diario La Capital en aquella jornada describieron que “Rosario, ajena al movimiento militar, recibe la noticia sin mayores agitaciones. Una manifestación del Partido Demócrata Progresista integrada por varios miles de personas recorre el centro. También demuestran su adhesión estudiantes de la Escuela Normal de Profesores Nº 3 y del Colegio Nacional Nº 2”.
Por su parte, la representación local de la Federación Universitaria Argentina expresa su júbilo por “el despertar enérgico de la conciencia cívica de nuestro pueblo”, aunque considera “injustificable”, la asunción del gobierno por una junta provisoria. Algunas tentativas de reacción por parte de grupos anarco-sindicalistas fueron severamente reprimidas durante los días posteriores”.
Se informó que, “bajo el imperio de la ley marcial en horas de la noche y sobre la orilla del río Paraná, en inmediaciones del arroyo Ludueña, fueron fusilados tres hombres a quienes se ha sorprendido pegando carteles, en los cuales se incitaban a combatir al nuevo gobierno mediante ataques al Regimiento Nº 11. Una de las víctimas es el obrero anarquista Joaquín Penina”.
El mismo día del golpe, el matutino rosarino analizó la situación nacional comentando que “la desorientación en que se vienen exhibiendo los miembros del Poder Ejecutivo frente a la honda agitación que conmueve al pueblo de Buenos Aires y cuyos ecos repercuten intensamente en el interior del país”. En la jornada siguiente afirmaba “La caída del señor Yrigoyen no por prevista resulta menos aleccionadora y ejemplar.
Poco menos de dos años al frente de los destinos de la República ha bastado para destituirle de la predilección y la confianza del pueblo. El ex mandatario y sus colaboradores han caído víctimas de sus propios errores. El imperativo de la hora presente, la tarea magnifica de encausar al pueblo de la República por la senda que ha de llevarlo a reintegrarse en el imperio de sus instituciones”, preconizando que debían cumplirse dos etapas “una de preparación, para que el pueblo se coloque en aptitud de darse los mandatarios a que por prerrogativas de soberanía…”.
Se declaró el estado de sitio y la ley marcial. Se procedió a clausurar los sindicatos obreros. Hubo reclamos y los ladrilleros decretaron la huelga y fueron disueltos a balazos. A la vez fue detenido el dirigente Victoriano Rodríguez, mientras trabajaba en la zapatería “Villaverde”, situada en San Martín y Mendoza, quien era vocal de la Alianza Libertaria y se desempeñó durante años como secretario del Sindicato de Empleados de Comercio. En los días siguientes numerosos obreros anarquistas, comunistas y socialistas fueron detenidos y deportados.
Por su parte, un parte policial informa que “en las últimas horas de anoche 3 hombres de ideas avanzadas –comunistas o anarquistas– a quien se sorprendió pegando carteles o llevándolos en su bolsillos, en los que se incitaban a combatir al actual gobierno de la Nación, por medio de ataques al Ejército, fueron fusilados en la costa del Paraná, en las inmediaciones del Saladillo, haciéndose cargo de la inhumación de los cadáveres la misma autoridad. La jefatura ha dispuesto que en estos casos no se darán a conocer los nombres de los ejecutados”. Uno de ellos era el obrero Joaquín Penina, posteriormente en Buenos Aires, fueron fusilados Severino Di Giovanni y Paulino Scarfó, todos ellos anarquistas.
Los golpistas del ‘30, negadores de toda democracia, y con una especial concepción del orden y la paz, a los pocos días del 6 de septiembre, informaban que el teniente coronel Rodolfo Hebreo, comandante militar de la ciudad, fue “visitado y saludado por empresarios, gerentes y profesionales de la ciudad” y los comentarios giraron en torno a que “Rosario esta tranquila. Como por encanto han desaparecido los ladrones, estafadores profesionales y los funcionarios que los amparaban. También han quedado desterrados los accidentes de tránsito: en los ómnibus y tranvías, nadie fuma, se respetan las ordenanzas y nadie grita ni insulta…”.
A las semanas, Enzo Bordabehere, uno de los principales dirigentes del PDP, en un acto público apoyando la asonada militar comentó que “se esta viviendo una hora de epopeya para el país, que ve complacido la orientación política y francamente tranquilizadora que señala la proclamación del presidente provisorio”. Cinco años después era asesinado en el Senado de la Nación, por un “matón” de un senador conservador, que seguramente como él apoyaron el golpe del ‘30, toda una paradoja para el demoprogresista.
La década infame
En el país se había iniciado una de las épocas más negras de nuestra historia, puesto que las políticas llevadas adelante desde esos años repercutieron negativamente en las finanzas nacionales, sumado a la política de entrega y sumisión a los dictados del imperialismo inglés y norteamericano.
Esa década fue bautizada por el periodista José Luis Torres, como la “década infame”, caracterizada por lo que desde el oficialismo se admitió alegremente como “fraude patriótico”, en lo económico por acontecimientos como el pacto Roca-Runciman, y hechos como el asesinato en pleno Congreso del senador dr. Enzo Bordabehere, la persecución de la oposición, y el hijo de Leopoldo Lugones que inventó la picana eléctrica.
Los nacionalistas se organizaron en cuerpos armados, como la Legión Cívica Argentina, inspirados en el ejemplo de la Italia Fascista de Mussolini, a la cual se le concedió por decreto carácter oficial. Carlos Ibarguren hizo una calurosa defensa de la misma y remontó sus orígenes hasta la época de la Independencia. Ese cuerpo paramilitar, tuvo corta vida, pero entre otras manifestaciones, desfilaron en la celebración del 25 de mayo de 1931.
Golpe militar, corrupción, negociados, gobierno dictatorial, represión, fraude y proscripción, eran entre otras las problemáticas y desafíos que debió hacer frente el movimiento obrero y la oposición en los años venideros.
Los golpistas y los trabajadores
La postura del movimiento obrero frente al golpe militar del ‘30 y los sucesivos gobiernos conservadores fueron disímiles y contradictorios.
Por una parte, a las semanas de la asonada militar del 6 de septiembre se creó la CGT, producto de la unión de la Confederación Obrera Regional (COA) de tendencia socialista y la Unión Sindical Argentina (USA), integrada por gremios de orientación “sindicalista e independientes”, mientras la FORA no se sumó a la fusión. Los dirigentes de la flamante CGT, en su declaración inaugural, dejaron sentada su actitud de sumisión al poder de los sectores dominantes cuando manifestaron “La CGT, órgano representativo de la fuerzas sanas del país, convencida de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional, y dispuesta a apoyarla como está en su acción institucional y social… Convencida esta Confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial, sino para asegurar la tranquilidad pública… Los actos de los sindicatos no han sido molestados…
No se conoce el caso de militantes o miembros de los cuerpos centrales de la CGT que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud de la acción sindical…”.
Esa declaración olvidaba los fusilamientos de varios anarquistas, los presos, las torturas y la deportación de cientos de militantes obreros y políticos. Además, la ofensiva hacía la clase obrera se dio en dos frentes, por una parte los empresarios propiciaron una serie de medidas contra los trabajadores y sus conquistas, tanto en el plano de la legislación como en los lugares de trabajo. Además, “el 10 de septiembre, el gobierno decidió postergar la reglamentación para los ferroviarios de la ley 11.544, sobre la jornada de trabajo, que iba a aparecer el 12 de septiembre en manos del gobierno radical. El local de la FOM fue clausurado momentáneamente, y las medidas contra los anarquistas y los sindicatos anarquistas se llevó a cabo de manera muy severa, con el fusilamiento de un anarquista el 11 de septiembre y la suspensión de La Protesta, el diario anarquista, al día siguiente… los comunistas y sus sindicatos también fueron contenidos. Según Robert Alexander, entre 400 presos políticos detenidos en la penitenciaria de Villa Devoto por el gobierno provisional, la mitad eran comunistas”.
Posteriormente, los dirigentes oscilaron entre tibios reclamos e importantes conflictos como el llevado a cabo por los obreros de la construcción en 1936.
Los logros se dieron “durante los años 1932-35, en que el Partido Socialista mantuvo un número mucho más considerable de sus bancas en la Cámara de Diputados, que en las décadas anteriores, se sancionaron varias leyes sociales, principalmente destinadas a aliviar el problema de la desocupación.
Según la codificación de las leyes del trabajo de Mariano Tissembaum, 27 de las 69 leyes sancionadas entre 1903 hasta 1942, o sea cerca de un 40% lo fueron en el trienio 1932-35. Por cierto, entre esas 27 leyes estaban incluidas las 12 del convenio internacional y varias leyes de efecto temporario para combatir la desocupación, pero entre ellas figuraban la ley 11.640 de sábado inglés (descanso obligatorio de la tarde del sábado), la ley 11.729 de indemnización por despido y la 12.205 llamada de la silla (se obligaba a los patrones en el comercio y la industria a proveer de asientos para el uso de cada persona). En especial la ley 11.729 era una de las leyes sociales más importantes entre las sancionadas antes de 1943, ya que obligaba a los patrones a abonar una indemnización por despido y también otorgaba vacaciones pagas”.
Las divergencias de los dirigentes de la CGT y de los principales gremios, llevó a la división de la organización obrera. Las discrepancias fueron en torno a la presidencia o no en el terreno político de los sindicatos, la actitud frente a la Guerra Civil en España, la Segunda Guerra Mundial, la tolerancia o la resistencia a los gobiernos conservadores nacidos del fraude, la denuncia de la represión y los reclamos económicos.
*Artículo publicado originalmente en 2015
