El guionista y director de cine Jonathan Perel estrenó un documental en el marco del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (el Bafici) que se titula “Responsabilidad empresarial”. Es una película de poco más de 60 minutos que se basa en un informe de dos tomos (publicado por el propio Estado argentino), pero que, según la definición del mismo Perel, no circuló mucho o se difundió de manera muy limitada. Documenta con mucha información y datos la masiva y generalizada participación empresaria en la dictadura. Muestra como, por ejemplo, en el Ingenio Concepción en Tucumán, el más importante en la provincia hasta la actualidad, se comprobó que hubo 26 trabajadores víctimas de crímenes de lesa humanidad con 21 personas desaparecidas. Se demostró un estrecho vínculo entre el dictador Antonio Domingo Bussi y la familia propietaria del ingenio; la sede del sindicato fue ocupada y se usó como centro clandestino de detención; se comprobó el suministro de camionetas e información de inteligencia interna y la desaparición de obreros dentro de la empresa. ¿Resultados?: aumentó sustancialmente la producción y achicó el plantel de trabajadores. En La Fronterita, otro ingenio de la misma provincia: al menos 25 obreros fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad (2 fueron asesinados, 9 desaparecidos, 14 secuestrados), al menos 7 habían participado del sindicato o cuerpo de delegados. Se comprobó participación empresaria en los secuestros, torturas y desapariciones; la provisión de recursos logísticos; secuestros de trabajadores en el lugar de trabajo y beneficios económicos. Una parte de las instalaciones de la empresa se utilizó como centro clandestino. Personal ejecutivo elaboró un censo de las personas que vivían en la colonia de Famaillá para señalar quienes andaban con el sindicato. ¿Resultados? Aumento de la productividad y de los beneficios. El Ingenio Ledesma (en Libertador General San Martin en Jujuy): directivos y altos empleados de la empresa se involucraron en los secuestros, algunos producidos en la misma fábrica. Provisión de camionetas y listas de personas a detener. Estrechos vínculos de los directivos, incluido el dueño Pedro Blaquier, con los agentes de la represión. La empresa de transporte La Veloz del Norte (Salta): Al menos 22 trabajadores de la empresa resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad, existe evidencia de que la empresa tuvo responsabilidad directa en las detenciones: provisión de recursos como vehículos personales y micros, galpones para la ejecución de los secuestros y presencia del personal jerárquicos en los lugares de tortura. Este caso es interesante porque no hubo desaparecidos y eso permite tener testimonios sobre la participación directa del dueño y ejecutivos de la empresa. Varias víctimas nombran a Marcos Levin ¿Resultados?: las rutas de La Veloz del Norte fueron notoriamente ampliadas en ese periodo y hasta el día de hoy mantiene las concesiones de ese tiempo. Acindar (en Villa Constitución, Santa Fe): casi un centenar de trabajadores y personas vinculadas con la empresa fueron víctimas de delitos de lesa humanidad (18 fueron asesinados, 8 se encuentran desaparecidos, 69 fueron detenidos y luego liberados). El presidente del directorio de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz luego fue ministro de la dictadura; se demostró la complicidad en los secuestros y la empresa se benefició de la estatización de los pasivos empresarios en 1982 (650 millones de dólares que transfirió al Estado). En la misma zona, Dálmine Siderca en Campana: al menos 80 trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad (39 desaparecidas, 7 asesinadas, 34 sobrevivientes); secuestros en la planta; la empresa proveyó financiamiento para comisarías donde funcionaron centros clandestinos; directivos instigando o presenciando secuestros de trabajadores. Después del golpe la empresa se llenó de militares, alguno de los cuales se habían metido a trabajar como si fuesen parte del plantel. En la zona norte del Gran Buenos Aires: Astilleros Astarsa. El principal elemento de prueba fueron las detenciones en la fábrica, incluso con presencia de directivos. Al menos 51 personas sufrieron la represión empresarial-estatal en los astilleros. Algo similar, también en Tigre, pasó en astilleros Mestrina. En las cerámicas Lozadur y Cattáneo; en la automotriz Ford: 37 víctimas del terrorismo de Estado, con un centro clandestino de torturas que funcionaba en el quincho del predio de la empresa y se vio beneficiada con la venta de 90 Ford Falcón verdes no identificables a los fines de reequipamiento de las policías provinciales. Mercedes Benz: en este caso, además de la repetición de todos los mecanismos descriptos anteriormente, además se estableció un “fondo extraordinario de acción social”, con el aporte del 1 % de la venta de cada auto para “la erradicación de elementos negativos de la fábrica”. En Fiat y Grandes Motores Diesel en Ferreyra-Córdoba (118 trabajadores fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad) y la empresa ayudó al Tercer Cuerpo a en la cacería y la represión. Al centro de detención La Perla llegaban, enviados por la empresa, legajos completos de obreros con foto y todo. Sigue la lista en con Bunge&Born en Grafa en Capital (que se vio beneficiada por la estatización de su deuda); Astilleros Río Santiago en Ensenada; Propulsora Siderúrgica (esta es una principales empresas que engrosó la deuda externa con 80 millones de dólares); Petroquímica Sudamericana y Swift en La Plata; Alpargatas (en Capital, Buenos Aires y Tucumán), otra beneficiada por la estatización de su deuda con la transferencia de pasivos al Estado por 227 millones de dólares; Molinos Río de la Plata; la cementera Loma Negra (en Olavarría y Barker), en esta empresa en 1975 la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa era del 19%, en 1983 se derrumbó al 9%. Y hasta incluso el diario La Nueva Provincia. El documental termina hablando de una insuficiencia del concepto de “complicidad” empresarial y la pertinencia de la definición de responsabilidad directa. Los mecanismos fueron similares: trabajo conjunto, facilitación de información personal de los empleados, detenciones en los lugares de trabajo, uso de los predios para la represión, aporte de materiales, equipamiento, personal, logística y fondos en dinero. Los apuntados fueron activistas o delegados gremiales; el objetivo fue la reconfiguración de las relaciones de poder, mayores ritmos de trabajo, aumento de la productividad, disminución de planteles laborales, modificaciones arbitrarias y regresivas en los convenios colectivos y el fin de toda actividad gremial. Es un fresco un poco siniestro, pero muy elocuente; una clase sobre el golpe y la dictadura militar. Pero, sobre todo, es una demostración de para qué clase se organizó el golpe. Una clase que no solo goza de impunidad, también que mantiene su poder.
