Desde el 2006 la familia Slim solicita permiso para que Telmex incursione en el mercado del triple play, sin embargo, este ha sido negado año tras año bajo el argumento de la predominancia de la empresa en el sector. ¿A qué interés responde esta política gubernamental y cómo ha afectado esto a la base telefonista?
Jueves 19 de noviembre de 2015
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992, el gobierno federal estableció el compromiso con Estados Unidos de "liberar las telecomunicaciones del control estatal" - tendencia ya demostrada desde los 80´s con la venta de Telmex a Carlos Slim Helú -, pero es hasta 1995 cuando la aplicación del TLCAN se hace notar más directamente en el ramo y se concreta en la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), tras el principio de "convertir al Estado en promotor de la inversión privada y de la competencia en las telecomunicaciones". De esta manera se preparaban las condiciones que permitirían la entrada de empresas transnacionales a un sector de la economía nacional recién privatizado, tal como comenzó a suceder en otras ramas de la industria y los servicios bajo los principios del "neoliberalismo".
La primera expresión de lo anterior ocurrió en 1997 con la "competencia por la larga distancia", donde arribó el gigante norteamericano AT&T (con el nombre de ALESTRA) en franca disputa con TELMEX. Pero a pesar de contar con una regulación gubernamental que daba facilidades para su asentamiento, no logró establecerse; su falta de infraestructura ante un monopolio tan grande fue haciendo insostenible mantener la competencia con la compañía de Carlos Slim, cuestión que él aprovechó para incrementar enormemente sus ganancias y catapultarse a los primeros lugares de la lista de Forbes.
Ahora estamos ante el segundo intento del capital internacional por posicionarse en el ramo, pero esta vez, tras la aprobación de las "reformas estructurales", y cuenta con leyes mucho más propicias para instalarse definitivamente (así como en sector alud, educación, industria y energéticos). De nuevo aparece AT&T, comprando Iusacel y Nextel para incursionar en el mercado del internet y telefonía moviles, invirtiendo miles de millones de dolares en fibra óptica.
Ante estas políticas los Slim tomaron la decisión en el 2002 de reducir su inversión en el país y trasladar la mayor parte de su capital hacia América Latina, poniendo los cimientos de su consorcio internacional América Móvil. Mediante esta jugada, además de expandir su negocio con las fabulosas ganancias de Telmex, buscaron presionar al gobierno mexicano culpándolo de la falta de inversión en el sector y de beneficiar a compañías extranjeras. Como es lógico pensar, a una reducción de la inversión le sigue un deterioro de la infraestructura, baja calidad del producto o servicio y una obvia disminución de las ganancias, cuestión que poco a poco empezó a demostrarse en Telmex. Pronto la administración, producto de su estrategia de austeridad, endureció su postura hacia el STRM y limitó más la contratación de personal sindicalizado, exigió aumentar el volumen de la producción y la edad de jubilación, lo cual significa "hacer más con menos" para sostener sus ganancias multimillonarias aún con una bajísima inversión. Es decir, la patronal ha descargado sobre las espaldas de los y las telefonistas el peso de sus contracciones financieras.
Diez años después de implantada esta política empresarial vemos que los accionistas han logrado avanzar fuertemente contra los derechos y prestaciones de la base telefonista, más todavía aún sobre los de las nuevas generaciones. Bajo los lemas neoliberales de "productividad", "competitividad" y "modernización", Telmex ha justificado su "necesidad" de medir y aumentar la producción individual, de tener mayor control sobre la administración del trabajo, de incrementar la edad de jubilación, ampliar turnos y horarios, diversificar la mano de obra, reducir vacantes, contratar más personal terciarizado, etc.. De esta manera la patronal arrincona a la base trabajadora, argumentando que la culpa es del gobierno al no permitirle invertir en el país y que esto pone en riesgo sus finanzas.
Recientemente la empresa anunció que en el 2016 la autoridad decidirá si renueva y modifica su título de concesión, por lo que llama a cerrar filas para obtener el triple play como una meta que traerá una nueva etapa de prosperidad económica y estabilidad laboral. Pero, ¿en verdad un nuevo despegue de sus ganancias significa un mejoramiento del nivel de vida de los y las telefonistas? Creer en esta promesa es como admitir que los recortes a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo se deben a que corre riesgo la "viabilidad financiera" de la empresa, cuando los números demuestran su alta rentabilidad al declarar que tan solo en el 2014 obtuvo una utilidad neta de 6 mil 276 millones de pesos, en plena ejecución de la reforma a la LFT y de la recesión económica internacional.
Los y las telefonistas no tenemos por qué sostener con recortes las grandes ganancias de la patronal, son ellos quienes deben reducir sus ingresos privados para sostener y mejorar nuestro CCT. Necesitamos conocer a fondo el estado financiero de la empresa y contrastar los discursos con la realidad, solo de esta manera podemos darnos cuenta cómo la patronal utiliza la situación a su favor para chantajearnos y golpear nuestras conquistas históricas.
Sabemos que una demanda de estas características será rotundamente rechazada por la empresa y se amparará en su derecho a mantener el "secreto comercial", pero los más 50 mil telefonistas tenemos más derecho a conocer los verdaderos libros de contabilidad de la compañía que día con día hacemos funcionar. Puesto que "entre derechos iguales decide la fuerza", el problema se resume a cuánta disposición de lucha tengamos y qué tan organizados estemos para conquistar nuestras legítimas demandas.
¡Por la defensa combativa de nuestro CCT!
¡Por la apertura de los verdaderos libros de contabilidad de Telmex!
