Mientras faltan recursos para atender a la crisis sanitaria, el grupo privado busca ahorrar costes presionando al personal para que tome vacaciones. Hay que expropiar a estos parásitos sociales.
Martes 24 de marzo de 2020
Hace tan solo unas semanas cuando la pandemia del COVID-19 comenzaba a llegar a España denunciamos como el grupo hospitalario HM hacía negocio ofertando pruebas diagnósticas por 300 euros.
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Ahora, con el estado de alarma, el gobierno tiene la capacidad de derivar enfermos de la sanidad pública a la privada, pero ¿lo está haciendo? Con la transformación de IFEMA en un hospital de campaña, el ayuntamiento de Madrid quieren hacernos creer que esta todo solucionado, pero siguen faltando recursos de todo tipo.
Nos enfrentamos a una crisis sanitaria en la que cada vez más vemos cómo los trabajadores y en particular los sanitarios son los más expuestos, siendo ya más del 13% de los contagiados, unos 5400 de 39.673. Mientras tanto, este grupo hospitalario que es el segundo a nivel nacional por actividad asistencial anima a sus trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo temporalmente en forma de excedencias o vacaciones con el objetivo de reducir los costes laborales.
La empresa se ampara en decir que estas medidas no van dirigidas a todos los sanitarios sino a aquellos que no puedan ser de utilidad actualmente denominándolos la "retaguardia", pero lo cierto es que en el comunicado en el que se transmitió la noticia no se hace distinción. Además, miembros del personal hospitalario ya han afirmado que tanto auxiliares como enfermeros están siendo llamados para sumarse a estas medidas.
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Con 17 hospitales en todo el estado, 7 de ellos en Madrid y más de 4000 empleados, el grupo HM facturó 415 millones de euros en 2018.
Todos sus recursos e infraestructuras tienen que pasar urgentemente a ser gestionados por el estado para poder ser utilizados de la forma más eficaz posible para paliar los impactos de esta pandemia y dejando de lado los cálculos económicos.
