El Hospital privado Fundación Jiménez Díaz (De Quirón Salud) ha visto aumentados los fondos públicos que recibe un 26% más de fondos en los últimos 7 años, alcanzando a los que reciben hospitales públicos que tienen casi el doble de camas y no han visto aumentados sus fondos. Revisión de todas las leyes privatizadoras que en sanidad y sistema de salud 100% público bajo control de plantilla y usuarios.
Jueves 28 de septiembre de 2023
El dinero público destinado a los gastos del Hospital Fundación Jiménez Díaz (413 millones), propiedad del Grupo Quirón se acercaba ya en 2017 al de otros hospitales como La Paz (456 M), el Gregorio Marañón (450 M) o el Doce de Octubre (395 M).
Mientras que estas cifras varían de forma poco significativa en el caso de los centros públicos en relación con las cifras de 2011, el gasto de la Fundación ha aumentado un 26%, ya que en este año la CAM pagó 86 millones menos.
Sin embargo la diferencia de tamaño entre ellos es considerable. Mientras el primero se ajusta a las 651 camas, los otros tres superan las 1100. En cuanto a trabajadores los tres centros públicos superan los 6500 mientras que la fundación de la empresa de salud no llega a los 4000.
Su población asignada es menor que la de La Paz o el Doce de Octubre, pero el número de asistencias a pacientes de otras áreas no deja de aumentar. El sistema de libre elección implantado por Esperanza Aguirre permite que miles de pacientes elijan otro centro diferente al asignado para citas de especialidades.
Curiosamente son los centros privados de la comunidad los más elegidos. En particular para aquellas en las que las listas de espera son largas, eso sí, también ha de cumplirse el requisito de que no sean intervenciones muy complejas y costosas, esas rápidamente se derivan a los centros públicos. Las cirugías ambulatorias es de donde más beneficio se embolsa el grupo privado.
En 2018 un informe filtrado de la Cámara de Cuentas revelaba que Quirón pedía facturar hasta seis veces más por los mismos tratamientos que se ofertan en la sanidad pública, unos datos que, casualmente, se eliminaron del documento final.
Pero durante la pandemia se hizo incluso más evidente como la sanidad privada busca el beneficio por encima del bienestar y de las necesidades de la población, todo ello amparado, defendido y alentado por el criminal gobierno del PP de Ayuso.
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A principios de este año la Comunidad de Madrid saldó una deuda de casi 1.300 millones con el Grupo de euros. Y tras las elecciones del 28 M nombró como consejera de sanidad a la ex directora asistencial de Quirón
El Grupo Hospitalario Quirón es el más grande en el territorio español, solo en la comunidad de Madrid tiene cuatro hospitales. Su sobrefinanciación a costa de fondos públicos es un ataque más a los servicios sanitarios para la clase trabajadora y sectores más vulnerables. Debemos denunciar hasta el final todo negocio con la salud, impulsando la organización de las plantillas de los hospitales de gestión privada y también de los centros públicos por demandas comunes hacía una sanidad universal organizada en beneficio de mejorar la sanidad de toda la población y no los beneficios de unos pocos.
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Los ataques a nuestra sanidad pública mientras se favorece y subvenciona la privada deben enfrentarse desde las calles, criticando no solo los ataques de la derecha sino también los del gobierno “progresista” que ha mantenido infrafinanciada la sanidad y ha aprobado los presupuestos más militaristas en los últimos cuarenta años, pese a que el gasto en defensa sube un 26%, el de sanidad lo hace solo un 2%, menos que la inflación.
Es necesaria una respuesta de toda la clase trabajadora y sectores populares, para exigir una la sanidad pública y universal que garantice la salud de los sectores populares y de la clase trabajadora. Peleemos por la revisión de todas las leyes privatizadoras que permiten que las empresas entren en la sanidad y luchar por un sistema de salud bajo control de trabajadorxs y usuarios. También acabar con la precariedad de lxs sanitarixs acabando con los contratos temporales, y logrando un aumento salarial acorde al IPC y un aumento presupuestario para todos los niveles asistenciales. Nos merecemos una sanidad 100% pública, accesible y de calidad, también como parte para acabar con este sistema capitalista de explotación y precariedad.
