El presidente del Gobierno da nuevamente su negativa a derogar las leyes del PP a pesar de ser cuestionadas por el actual Congreso. Los dirigentes sindicales se dejan ver con medidas tibias.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Miércoles 14 de diciembre de 2016
Mariano Rajoy ha hecho este miércoles pasado, en una nueva sesión de control al gobierno en el congreso, una defensa de su legado y se ha opuesto a derogar las leyes aprobadas por la mayoría absoluta que tuvo el PP en la legislatura pasada y cuestionadas ahora por la Cámara.
La reforma laboral sigue la senda de la Ley Mordaza y de la Lomce, que el Congreso ya ha pedido anular. Algunos de los pilares del Gobierno de Rajoy en la anterior legislatura.
La proposición no de ley del PSOE para dejar sin efecto la norma ha conseguido los apoyos suficientes para salir adelante, fueron 168 votos a favor, 131 en contra y 42. Sin embargo, al ser una proposición no de ley se trata de un gesto simbólico que no obliga al Gobierno a iniciar ninguna gestión en ese sentido.
Con respecto a la polémica Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, o más conocida como ley “Mordaza”, Rajoy declaró a la oposición “Decir que tenemos un problema de libertad de expresión me parece una broma”, cuando solo un día antes cinco miembros de la CUP fueron detenidos por quemar fotos con la cara del rey.
Desde el PSOE han ha hablado de "ideología represiva" en la ley mordaza. Hernando ha asegurado que se han abierto 6.000 procedimientos por falta de respeto a policías, denuncias por llevar una mochila, multa de 800 euros por hacer una foto a un coche o identificaciones, entre otros efectos negativos de la norma como la criminalización del colectivo de mujeres en situación de prostitución.
El PSOE, en su larga “campaña electoral” por recomponer su imagen, se compromete a cambiar la ’ley mordaza’ y la reforma laboral. "No pierda el tiempo, señor Rajoy; si usted no quita la mordaza, la quitaremos nosotros".
Sin embargo, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz ha aprovechado para recordar al PSOE que también fue su reforma laboral la que precarizó el empleo y las condiciones laborales. Aunque valoraba el apoyo de esta formación ya que, decía, al menos "contribuye a rematar una parte del mal causado en nuestro país". Además de Díaz, también ERC y Bildu hicieron referencia a la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Zapatero, de la que también reclaman su derogación.
A pesar de todo el pataleo parlamentario, el gobierno no piensa cesar ninguna de las leyes aprobadas en su anterior mandato. La política parlamentaria muestra uno de sus límites. El ejecutivo se reserva el derecho de llevar el timón. En especial si el barco amenaza con desviarse de la ruta marcada por Bruselas.
En esa tensión entre el Gobierno y el Congreso, por si este último puede legislar con la oposición del primero, terminará probablemente en un tedioso debate jurídico y procedimental en un recurso de atribuciones del Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
La idea fundamental de la democracia de la burguesía, de que el pueblo se gobierna a través de sus representantes, se desvanece entre las palabras en el parlamento y los papeles en los pasillos judiciales.
Luego de la práctica desaparición de la vida pública, los sindicatos han dado signos de vida y buscan, con las movilizaciones que se celebran esta semana, presionar al Gobierno para cambiar su política.
Los mayoritarios CCOO y UGT han anunciado que convocarán movilizaciones en todo el Estado para el 15 de diciembre y una manifestación sindical y social el domingo 18 de diciembre en Madrid donde exigirán “dialogo social” al gobierno. PSOE y Unidos Podemos respaldarán las manifestaciones que los dirigentes sindicales de estas centrales entienden como parte de un proceso de movilización "dilatado en el tiempo y creciente en intensidad" para pelear por la "recuperación de derechos perdidos".
Pero es difícil creer que recuperaremos los derechos perdidos de la mano de quienes no solo no combatieron a la hora en la que nos fueron arrebatados, sino que actuaron como colaboradores directos por acción y omisión de la pérdida de éstos. En última instancia CCOO y UGT llaman a movilizaciones, para no llamar a una huelga general. Y negociar así alguna migaja, mientras dejan pasar los nuevos planes, como el ataque a las pensiones.
Un verdadero plan de lucha debería ser discutido en asambleas democráticas en los centros de trabajo, donde puedan participar sin importar su afiliación sindical o su situación contractual, para avanzar hacia una huelga general en todo el Estado. Solo con la lucha y la movilización se pueden tirar abajo los planes del gobierno e imponer una salida favorable a los trabajadores y los pueblos oprimidos.
