El 22 de junio en Lima, se desató un incendio en el centro comercial Las Malvinas que cobró la vida de Jorge Luis Huamán Villalobos y de otros tres jóvenes, quiénes en ese momento se encontraban trabajando encerrados bajo llave por su empleador. Este hecho refleja la súper-explotación laboral a la que son sometidos la gran mayoría de la juventud trabajadora peruana.
Julio Blanco Dirigente de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores de Perú
Sábado 24 de junio de 2017
Foto: Perú.com
El jueves 22 de junio, al promediar el medio día, en las inmediaciones del centro comercial Las Malvinas (cercado de Lima), el edificio Nicolini - que era usado como depósito de mercancías inflamables por las ferreterías que abundan en la zona - comenzó a arder. Este siniestro que se prolongó hasta el día siguiente y que fue catalogado por los bomberos como fuera de control, costó la vida de Jorge Luis Huamán Villalobos y de otros tres jóvenes, que en ese momento se encontraban trabajando en el lugar del incendio encerrados bajo llave por su empleador.
Este hecho lamentable que enluta a las familias de los fallecidos, contrasta radicalmente con el discurso exitista que promueven los empresarios y que pretende hacernos creer que ya casi estamos en el primer mundo y que todo eso se lo debemos a la acción emprendedora y “progresista” de nuestra burguesía local.
Jorge Luis Huamán Villalobos, quien apenas tenía 19 años de edad al momento del siniestro, se dedicaba a labores de electricista, trabajaba más diez horas diarias, seis días a la semana, con un salario que apenas bordeaba los 700 nuevos soles mensuales (200 dólares). Sin seguro de salud, ni derecho a vacaciones, ni bono por capacitación, tampoco contaba con derecho a sindicalizarse ni estabilidad laboral. Sin embargo, este no es un hecho aislado, sino más bien refleja la realidad que viven hoy miles de peruanos, los cuales forman parte de ese 68% de jóvenes que trabajan sin derechos ni beneficios sociales.
Esta súper-explotación del trabajo se sostiene jurídicamente en la legislación laboral que fue impuesta desde el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y que los gobiernos “democráticos” que lo sucedieron, se encargaron de profundizar. Dentro de las principales medidas que promueven la precarización tenemos: la ley de tercerización 29245, el decreto legislativo 1038, el reglamento de la ley de tercerización, el decreto supremo 003-2002-TR, la ley de intermediación laboral 27626.
A estas medidas se suman ahora los dos decretos supremos aprobados el 31 de mayo pasado por el gobierno de PPK, los cuales debilitan las inspecciones de trabajo y limitan el arbitraje potestativo de la SUNAFIL. En lo relacionado a las inspecciones de trabajo, esta iniciativa gubernamental permite eliminar o reducir - hasta en un 90% - las multas a las empresas que vulneran los derechos de sus trabajadores.
Todas estas medidas reaccionarias se encuentran enmarcadas dentro de la lógica neoliberal que la constitución de 1993 promueve.
Es iluso pensar entonces que existe una burguesía buena movida por los “nobles intereses nacionales”. La única motivación que en realidad mueve a la burguesía, sea esta local o extranjera, es la necesidad de incrementar su tasa de ganancia a través del incremento de la plusvalía absoluta y relativa, solo de esa manera puede ser más competitiva tanto en el mercado nacional, como en el mercado internacional. Para lograr este objetivo el empresariado arremete contra los trabajadores, eliminando derechos, incrementando e intensificando la jornada laboral y reduciendo los salarios. Esta dinámica, que es consustancial al capitalismo, se hace más evidente en tiempos de crisis internacional como los que vivimos en la actualidad.
Por esa nada noble razón, a los empleadores de Jorge Luis Huamán Villalobos y de los otros tres jóvenes fallecidos, no les tembló la mano al momento de dejarlos encerrados bajo llave, con las funestas consecuencias que ahora lamentamos.
