Los datos de junio confirman el hundimiento económico poscorrida cambiaria. El costo de la corrupción versus el costo del saqueo con la deuda y la fuga. La “burguesía nacional” que no fue.
Pablo Anino @PabloAnino
Domingo 5 de agosto de 2018
En simultáneo a que todas las empresas periodísticas contaban hasta el último detalle del “cuaderno gate”, en las oficinas del gabinete económico buscaban explicaciones al derrumbe industrial de junio: -8,1 % interanual.
Es el peor registro desde que asumió Cambiemos. Peor aún, para encontrar un número tan bajo hay que remitirse a una fecha tan lejana como agosto de 2002: ese mes la industria retrocedió 8,5 %.
Todos los bloques industriales que releva el Indec se hundieron. La única excepción corresponde a industrias metálicas básicas, sector en el que actúan Techint y Aluar.
En el acumulado del año la industria apenas exhibe un crecimiento de 1 % que se irá diluyendo a medida que avance la recesión en los próximos meses y podría tornarse directamente negativo cuando se contabilice el año completo.
La crisis no comprende únicamente a la industria. Abarca a todo el aparato productivo. La construcción exhibió una baja moderada en junio, pero lo novedoso es que se trata del primer número negativo en quince meses. El acuerdo con el FMI tienen uno de los núcleos centrales en el recorte de la obra pública: la construcción seguirá en caída libre.
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La semana que termina fue la segunda consecutiva de datos alarmantes: previamente, el Indec había dado a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), que anticipa el movimiento del Producto Interno Bruto (es decir, de toda la economía): exhibió un retroceso de 5,8 % interanual en mayo, captando el impacto de la corrida cambiaria iniciada a fines de abril.
Los bancos en general, el J.P. Morgan en particular, fondos buitres y especuladores de distinta calaña son los grandes ganadores. Mientras la economía se hundía, el sector financiero creció 10,8 % en mayo. Ese mes los bancos acumularon ganancias por $ 14.555 millones, un 76,1 % más que en el mismo mes del año pasado.
En sentido contrario, los tarifazos anunciados los últimos días buscan acentuar el ataque al poder de compra del salario: según Indec, hasta mayo las remuneraciones crecieron cuatro puntos porcentuales por debajo de la inflación. Entre los trabajadores no registrados (en “negro”) y los empleados públicos la pérdida es mayor.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), efectuado por el Banco Central durante julio, indica que los especialistas del establishment esperan una inflación del 31,8% anual. No está descartado que pueda incluso ser mayor. Hacia fin de año el salario comprará cada vez menos.
No fue tormenta, como dijo Mauricio Macri para excluir su responsabilidad cargándola sobre factores fuera de su control como si se tratara de un fenómeno natural. Fue un tsunami causado por la devaluación, el recorte presupuestario anunciado en el medio de la corrida y el ajuste pactado con el FMI.
Si no hay pan, que haya circo
La debacle económica desatada con la corrida dejó expuestas las profundas contradicciones del “modelo” M, basado principalmente en una escalada inédita de endeudamiento externo con la colocación de bonos.
El acuerdo con el FMI significó un “by pass” para seguir por el mismo camino: ahora el endeudamiento es con el organismo internacional.
El Gobierno atraviesa su peor momento político: desde diciembre, luego de la contrarreforma previsional, empezó a caer en las encuestas; la corrida fue la expresión de falta de confianza del empresariado, principalmente del sector financiero que tomó “medidas de lucha” para que se acelere el ajuste; y el escándalo de los aportantes truchos le corrió el velo a la celestial María Eugenia Vidal.
La maquinaria del ajuste que puso a funcionar a todo ritmo Cambiemos para aceitar la explotación cotidiana que recauda millones en favor de los empresarios a través del robo legal, inscripto en el régimen salarial, de los que ponen su laburo para producir todas las riquezas del país, intenta ser corrida detrás de escena.
La agenda se trasladó desde el saqueo en marcha pergeñado en Washington por Christine Lagarde y el gabinete económico, encabezado por Nicolás Dujovne y Luis Caputo, al supuesto robo para la corona en favor de otra Cristina: Fernández de Kirchner.
No hay dudas que la explotación sistémica del capitalismo sobre la mayoría trabajadora se aceita con el contubernio del régimen de la coima. El primer ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, lo puso de manifiesto: “Hay un cierto grado de cartelización”, afirmó frente a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se agrupan varios de los empresarios hoy apresados por el “cuaderno gate”. Poco tiempo después a Lavagna le fue solicitada la renuncia.
En la ecuación de los encuestadores a sueldo, Cristina eleva su techo electoral al calor de la recesión y el malestar social. En el mejor de los casos, conviene sacarla de juego. En el peor, erosionarla. Los cuadernos de Oscar Centeno son el antídoto perfecto, como los denominó Diego Genoud, para correr la discusión pública hacia las catacumbas de la corrupción estatal y empresarial con la obra pública. Es la forma de alimentar la continuidad, cada vez más en duda, de Cambiemos en 2019.
Los gurúes del establishment financiero se preguntan a cada minuto sobre las próximas elecciones presidenciales. Es lo que evalúan al momento de decidir si hacerle el juego o no a la alquimia que armó Luis Caputo para conjurar la corrida cambiaria: potenció todos los mecanismos especulativos para contener contingentemente durante julio el alza del dólar. La recesión también ayuda a ese objetivo. Está todo atado con alambre. En cualquier momento pueden pasar cosas y reactivarse la maratón hacia la divisa estadounidense.
Más allá de los cuadernos
Las anotaciones adjudicadas al chofer Centeno contienen pistas sobre coimas que habrían acumulado un total de U$S 53 millones. La Justicia dice que con el curso de la investigación el monto podría ascender a más: U$S 160 millones. En 2018, el pago de intereses de la deuda pública a los especuladores implicará 85 veces más que los U$S 160 millones potencialmente recaudados en el sistema de corrupción durante diez años.
Estos números están calculados con el Presupuesto de 2018, realizado el año pasado antes de la corrida y el acuerdo con el FMI. Ahora son mayores.
El Ministerio de Hacienda puso a disposición de la fuga, con el fin de contener la cotización del dólar, parte del primer tramo del préstamo recibido del FMI a razón de U$S 100 millones diarios (en la última semana cambió la regla reduciendo el monto a U$S 50 millones). Es decir, dos días de subasta de Hacienda implican más plata que la presuntamente recaudada por corrupción en diez años. Un detalle: la subasta se realiza hace más de un mes y continúa ¿Quién investiga este saqueo?
Evidentemente, no basta la medición en dólares del “cuaderno gate” para dar cuenta de su importancia. La caída en desgracia de grandes empresarios supone un reordenamiento general del entramado de la burguesía que opera en el país y de su asociación con las potencias económicas.
Hasta el momento hay nueve empresarios detenidos: Gerardo Ferreyra (Electroingeniería); Luis Neira (Electroingeniería); Carlos Wagner (Esuco); Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Carlos Mundin (BTU); Armando Losón (Albanesi); Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones SA); Walter Fagyas (expresidente de Enarsa); Juan Carlos De Goycochea (Isolux-Corsan).
También tienen orden de captura Francisco Valenti (ex vicepresidente de IMPSA) y Oscar Thomas (exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yaciretá).
Aunque todavía no aportó detenidos, los allanamientos llegaron incluso a las lujosas oficinas de Techint en Catalinas Norte. Se trata del principal emporio industrial nacional (para ser precisos es propiedad de capitales italianos). Techint está en los primeros puestos del "Club de la obra pública", según el ranking difundido por el Ministerio de Planificación de Julio de Vido en 2015.
Este selecto club, obviamente, es trasversal: hizo negocios con el kirchnerismo y los sigue haciendo con Macri. Es el caso de Losón, uno de los principales proveedores de gas con la gestión anterior que rápidamente entendió el cambio y en 2017 ganó proyectos en Arroyo Seco (Santa Fe) para generación eléctrica.
Juan José Aranguren y Losón recorriendo obras.
La operación comandada desde Comodoro Py por Claudio Bonadio, uno de los jueces de la servilleta que el menemista Carlos Corach le expuso a Domingo Cavallo con los magistrados que controlaba, guarda semejanzas con el “Lava Jato” y otros escándalos de corrupción en Brasil donde la “justicia” (así, entre comillas), tuneada desde los Estados Unidos, atacó al núcleo central de las “translatinas”: JBS-Fribio, que se convirtió en el primer frigorífico del mundo luego de adquirir la yanqui Swift Food Company; Petrobras, que expandió sus negocios con los descubrimientos del “Pre Sal”; Odebrecht, que se transformó en una de las principales contratistas de obra pública de América Latina; entre otras tantas empresas.
El “cuaderno gate” supone un tiro directo para matar la ilusión kirchnerista de erigir desde el estado una burguesía nacional prebendaria. Política que, no obstante, dejaba incólume un fenómeno estructural: durante la "década ganada", entre las quinientas grandes empresas del país, aproximadamente el 75 % de la facturación correspondía a compañías extranjeras.
Aun así, otra pregunta es pertinente: ¿en qué medida es funcional a Cambiemos la develación de las anotaciones de Centeno?
Desde el punto de vista de sacar el ajuste de escena y de ratificar el discurso honestista (a pesar de los Panama Papers, la estafa de la familia Macri con el Correo Argentino, de los negociados de la deuda externa como el bono a cien años de Caputo, de los aportantes truchos, etcétera) contra la “pesada herencia”, la operación es funcional al Gobierno en una proporción alta.
Pero los cuadernos de Centeno tocan a la puerta del clan Macri: el detenido Javier Sánchez Caballero fue gerente general de Iecsa cuando era propiedad de Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente. Iecsa también está implicada en el caso Odebrecht. En marzo de 2017, el otrora ejemplo de “burguesía nacional” para los Kirchner, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, adquirió Iecsa. La familia Macri, tal vez, quiso borrar las huellas del delito.
Juan Carlos De Goycochea estaba esquiando cuando lo fue a buscar la policía a su casa. Tuvo que abandonar el esparcimiento para entregarse y convertirse en el primer arrepentido que confirmó las coimas. Goycochea fue presidente de la española Isolux-Corsan hasta su despido en 2017. Está sospechado de entregar, en nombre de Isolux, coimas para la construcción de la usina de Río Turbio. Cuando empezaron las obras en Santa Cruz en 2011 intercambió elogios con Cristina Fernández. En 2016, Isolux vendió licitaciones ganadas para explotar parques eólicos a empresas vinculadas a la familia Macri. Luego los parques eólicos se vendieron, con una ganancia de U$S 15 millones, a Genneia, del Grupo Macro, y a la empresa china Goldwind.
Año 2011. Juan Carlos De Goycochea en la construcción de la usina de Río Turbio en el día que Cristina Fernández estuvo de visita para observar el estado de avance de la obra.
En 2014 fue votado en el Congreso Nacional el acuerdo marco en materia de cooperación económica con la República Popular China: comprendía veinte acuerdos, entre los que se destacan inversiones para levantar dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz (denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), la renovación del Ferrocarril Belgrano Cargas (comprando trenes chinos para sacar el “yuyito” con menos costo de transporte), la compra de once buques, la construcción de una cuarta central nuclear y una estación espacial en Neuquén, entre los más destacados. A esto se agregó un “swap” (intercambio de monedas) para fortalecer las reservas del Banco Central por el equivalente a u$s11 mil millones.
La licitación de las obras correspondientes a las dos represas hidroeléctricas fue ganada por la firma cordobesa Electroingeniería y la compañía china Gezhouba. Gerardo Ferreyra (que se conoce desde la militancia juvenil con Carlos Zannini, excandidato a vicepresidente de Daniel Scioli) y Luis Neira, vicepresidente y gerente, respectivamente, de la empresa cordobesa también cayeron presos.
La contratista china Chec, a cargo de la construcción de la estación espacial en Neuquén, contrató a Esuco para algunos tramos de la obra. Esa relación estuvo atravesada de tensiones por denuncias de incumplimiento de ambos lados. El titular de Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, es otro de los detenidos. Wagner cuenta con un procesamiento previo por parte del juez Sebastián Casanello por otra causa: fraude en la construcción de plantas potabilizadoras de AySA a cargo de Odebrecht. Wagner además había aparecido en los Panama Papers. Un hombre todo terreno.
De acá se desprende otro factor común entre la familia Macri, Electroingeniería, Carlos Wagner y otras empresas del "Club de la obra pública": los negocios con China.
Hace tiempo que Estados Unidos busca limitar la creciente influencia del país asiático en Argentina y América Latina. La Embajada de los Estados Unidos es un protagonista en la oscuridad en la promoción de la “justicia” local. El envión tomado con el acuerdo con el FMI, donde los yanquis cortan el bacalao, otorga nuevos bríos al intento de aumentar su influencia en el país.
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El “cuaderno gate” expone los rasgos gruesos del funcionamiento del capitalismo local. Corresponde a la clase trabajadora sacar las lecciones correctas y proponer un camino para que la crisis en curso la paguen los que se llenan de plata todos los días, ya sea con la corrupción o el robo legal de trabajo ajeno.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.