Bolivia. El juicio por las masacres debe extenderse al Estado, a la agroindustria y a las Iglesias

Tras años de espera, desde la transición pactada del gobierno de facto de Áñez al gobierno de Arce, la imputación de la fiscalía entró recién este 17 de abril. Esta imputación puesta por la fiscalía hace mención a las masacres del 2019. Donde las fiscalías departamentales de La Paz y Cochabamba presentaron respectivamente los casos de Sacaba y Senkata. Con respecto a la segunda masacre mencionada dice:

“La denunciada JEANINE ANEZ CHAVEZ, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, como Capitana General de las Fuerzas Armadas y con Mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidades de la planta YPFB-SENKATA, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos Militares Policiales con esta finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078”

En este caso se le acusa de la muerte de 10 personas y que 31 personas fueran heridas y en cuanto a Sacaba de que fueran heridas 90 personas y 10 asesinadas. Los delitos de ambos casos son genocidio, homicidio y lesiones graves y leves.

Es importante analizar las implicaciones políticas que surgen de procesar a Áñez por vía ordinaria por los casos de las masacres ya que los juicios de responsabilidades son a la vez una expresión de la responsabilidad estatal de los hechos. Es decir, a la par de la responsabilidad que Áñez, sus ministros, policías y militares tienen, es dar cuenta de la responsabilidad estatal de conjunto. Pero además de esta responsabilidad, el que el proceso se realice por la vía ordinaria, le deja una carta bajo la manga a Áñez, que sobre esta base intentará la nulidad de lo actuado exigiendo el “debido proceso” en su calidad de expresidenta. Sabe que el juicio de responsabilidades no avanza gracias a las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos, que también son responsables del golpe de Estado, y que cuyo peso en la Asamblea Legislativa impide que se llegue a los 2/3 de votos para que esto avance.

Con esta disposición de imputación, el MAS busca recrear y renovar la confianza sobre las cuestionadas instituciones judiciales, lavándoles la cara pese a estar profundamente cuestionadas por el papel que jugaron durante el golpe de estado, siendo que estas mismas instituciones son las que metían a cientos de inocentes en las cárceles para justificar el relato de “sedición” del régimen golpista.

Lejos de constituir un privilegio como pretende aprovecharlo Áñez, el juicio de responsabilidades da cuenta que el manejo del aparato estatal es lo que le posibilitó ser responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Por ejemplo, entre los juicios de responsabilidades previos, está el que fue “Contra el régimen ‘de facto’ de Luis García Meza Tejada y otros”, entre los cuales se juzgaron diversas demandas contra el gobierno en su totalidad. En el caso de Áñez, eso implicaría también los juicios por fraude económico contra Iván Arias y otros golpistas a los que el MAS les dio paso libre a ocupar cargos públicos.

Frente a esto, advertimos que ninguna justicia real vendrá de la mano de las instituciones golpistas, pues mantienen la esencia de las mismas que es la de la protección del Estado y los intereses capitalistas. En ese sentido, exigimos un juicio de responsabilidades contra el gobierno golpista de Áñez, un juicio público y abierto a la presentación de pruebas.

Solamente la organización y movilización independiente de los sectores populares, que además arrebate de estas instituciones golpistas la investigación mediante la conformación de una comisión de investigación independiente que parta de los familiares, con representación de organizaciones de derechos humanos idóneas y activistas, que tenga acceso a todos los archivos y que pueda determinar la expropiación y puesta bajo el control de trabajadores y trabajadoras de las empresas que financiaron el golpe de Estado del 2019.

No pueden quedar en impunidad las organizaciones empresariales como la CAINCO y el Comité pro Santa Cruz que financiaron abiertamente los amotinamientos, las bandas paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) y de la RJC (Resistencia Juvenil Cochala). Tampoco pueden quedar en impunidad las iglesias que bendijeron y alentaron el golpe. Justicia para las víctimas de las masacres implica que se desfinancie a las instituciones represoras golpistas, pues lejos de la culpabilidad de solamente quienes ejecutaron las órdenes, son las instituciones que sirven para la represión en defensa de intereses de clase.