Este miercoles comenzó el juicio de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y París. El juicio de la tragedia que, esa noche se cobró 130 muertos y cientos de heridos en la capital y los suburbios. Fue una matanza reclamada por la organización Estado Islámico y organizada desde su centro operativo en Raqqa, Siria.
Jueves 9 de septiembre de 2021 11:17
El juicio de estos ataques horrendos tuvo una duración superlativa, su investigación duró casi seis años en varios países, con sus 43.000 informes, varios cientos de miles de páginas del expediente, las 1.800 víctimas, familiares de desaparecidos, heridos o supervivientes, que se incorporaron como parte civil. A través de la logística, también, desplegada para que el juicio se desarrolle en salas especiales del Palacio de Justicia de la capital, construido para la ocasión, en una parte de la ciudad aislada para el tiempo del procedimiento, que debe durar nueve meses, mientras se filman las audiencias.
¿Qué que dice la justicia?
Si nos atenemos a la ley francesa tal y como está, la justicia significa devolver a las víctimas su historia, si no su vida, o al menos su vida antes de los atentados, para los que sobrevivieron o para los familiares de los masacrados por los comandos del Estado Islámico (EI) que, en la noche del 13 de noviembre de 2015, se lanzaron a una matanza despiadada. Según Le Monde, "la ley [es] la última respuesta al terrorismo. (...) Es la respuesta definitiva de las democracias al desafío de la violencia terrorista: la ley, toda la ley, nada más que la ley. Es el momento en que los ciudadanos pasan de ser objetivos y víctimas a formar parte de un proceso de justicia racional y responsable. A la vista de la forma en que el juicio se está anunciando y guionizando, políticamente por el ejecutivo, y mediáticamente por los principales medios de comunicación, uno tiene derecho a estar perplejo.
Un calendario presidencial
En primer lugar, porque se supone que el procedimiento finaliza en mayo de 2022. El veredicto contra los veinte acusados, catorce de los cuales estarán realmente presentes en el palco, se pronunciará por tanto en plena elección presidencial, un asunto central para Macron, que aspira a la reelección. Para el hombre que pretende situar el cursor muy a la derecha, apoderarse de las cuestiones regias, de la seguridad y de la policía, a caballo entre la cuestión de la inmigración y el lugar del Islam en Francia para drenar hacia él los votos del electorado más conservador, el momento es casi perfecto. La emoción colectiva que inevitablemente despertará el juicio en sus momentos fuertes, en su apertura y durante las últimas semanas en particular, tendrá fuertes repercusiones a nivel político. Es fácil imaginar los atajos y la instrumentalización que podría generar un procedimiento de este tipo, que durará varios meses.
Así que, por supuesto, nadie en el partido de Macron es ahora lo suficientemente lúcido como para frotarse las manos. Pero el juicio de los atentados del 13 de noviembre de 2015, que tuvo lugar durante el quinquenio de Hollande, es una pieza en la comunicación política del ejecutivo en campaña. Ya, además, los más ambiciosos de los ministros de Macron, Eric Dupont-Moretti y Gérald Darmanin, con una mirada seria, no se han privado de instrumentalizar el juicio. El primero, al visitar los locales construidos especialmente para albergarla, se permitió afirmar que era "una oportunidad para que nuestro sistema de justicia reafirme que funciona según un cierto número de reglas intangibles, que distinguen la civilización de la barbarie, y es importante reiterarlo". La segunda, exagerando el discurso sobre el resurgimiento del riesgo de atentados terroristas -cuando este tipo de casos se maneja normalmente con la mayor discreción, por razones obvias-, al destacar el papel asignado a los cerca de 300 gendarmes y policías que se desplegarán alrededor del tribunal.
Un tribunal excepcional
El otro elemento, independiente del momento del procedimiento, se refiere a la propia justicia y a la forma en que se impartirá. Al coincidir la apertura del juicio con el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Le Monde recuerda que "la potencia estadounidense (...) respondió con prisiones secretas de la CIA, el secuestro de sospechosos en todo el mundo y su traslado al campo de prisioneros militares de Guantánamo, abierto especialmente para ello, fuera del ámbito del derecho penal estadounidense, también fuera de los ojos de la opinión pública [mientras que] el juicio del 13 de noviembre, en París, [debería] demostrar que es posible juzgar democráticamente el terrorismo".
A uno le gustaría creerlo, pero hay tres grandes objeciones que son tan ciertas como las certezas afirmadas con seguridad. La primera es simplemente que las veinte personas que deben comparecer lo harán ante el Tribunal Especial de Asunción, un tribunal de excepción. Este Tribunal Especial de Asunción es el avatar del Tribunal de Seguridad del Estado, instituido en la posguerra argelina por De Gaulle, en 1963, para juzgar los delitos políticos y las acciones calificadas de atentado contra la seguridad nacional. Abolida por Robert Badinter, Ministro de Justicia de Mitterrand, para quien fue una promesa electoral, fue considerada la expresión judicial del "golpe de Estado permanente", expresión utilizada para describir la Quinta República.
Los crímenes y delitos contra la seguridad de la nación debían ser tratados, según los socialistas de la época, por los tribunales ordinarios. En esta cuestión, como en muchas otras, las promesas de Mitterrand y del Partido Socialista no se cumplieron. En 1982 se restableció un tribunal especial con su nombre actual, Tribunal Especial de Asunción. Posteriormente, con el regreso de la derecha al poder, el tribunal se consolidó en 1986, bajo el liderazgo de Jacques Chirac, que había hecho del uso del terrorismo (toma de rehenes, atentados, etc.) una de sus principales cartas políticas.
El segundo elemento, correlativo al primero, es el hecho de que este tribunal especial de asambleas existe hoy en día en un continuo de medidas liberticidas y excepcionales que se han incorporado progresivamente al derecho común o se han redactado en la Constitución, en particular desde 2015, a raíz del endurecimiento del ejecutivo tras la ola de atentados que ha golpeado repetidamente al país. Es imposible separar este tribunal de excepción de una legislación similar que Hollande, primero, y luego Macron, después, han reforzado, precisamente en nombre de la "lucha contra el terrorismo islamista."
¿El juicio de qué, el juicio a quién?
Finalmente, y aunque Siria será uno de los telones de fondo del juicio, dado que fue la base de operaciones del EI y el punto de partida de muchos terroristas, este será el juicio de veinte hombres. Cinco se dan por muertos, catorce estarán realmente presentes, seis, incluido Salah Abdeslam, único superviviente del comando 13 de noviembre, son cuadros del EI, los siete restantes son presuntos cómplices, miembros de un segundo círculo (otro hombre encarcelado en Turquía será juzgado también en ausencia). Y, sin embargo, si entre esos hombres están los asesinos o sus cómplices, los que apretaron el gatillo o se inmolaron, el nodo central y, en cierto sentido, la verdad sobre los atentados, hay que buscarla en Irak y Siria.
En efecto, los atentados del 13 de noviembre, como todos los atentados asesinos perpetrados en nombre de la ideología yihadista ultrarreaccionaria que golpean, en primer lugar, a las poblaciones de los países árabes-musulmanes, sólo pueden explicarse por la forma en que la región, en el sentido más amplio del término, se ha desestabilizado. Y algunos países se han desintegrado, como consecuencia de las intervenciones imperialistas de los últimos veinte años, después del 11 de septiembre de 2001, con la agresión norteamericana contra Afganistán en la que participó Francia, luego, después de marzo de 2003, con la invasión anglo-estadounidense a Irak, y finalmente las intervenciones occidentales, en particular las francesas, en el Sahel, luego en Libia y Siria en 2011.
Los jueces del Tribunal Especial dirán que no se trata de una cuestión de geopolítica, y menos aún de política, aunque tengan fuertes vínculos con su ministerio de supervisión, y que el objetivo del juicio es llevar ante la justicia a hombres acusados de terrorismo o de complicidad. Y, sin embargo, es también el ensayo de una cadena imperial de intervenciones, agresiones y desestabilizaciones que habría que llevar a cabo, si se quiere entender realmente lo que está en juego. Si a esto añadimos un calendario judicial que sigue casi a la perfección los contornos de la campaña presidencial y de las elecciones, no es en absoluto seguro que se haga justicia. Ni por las víctimas, ni por sus familiares, ni por su memoria.
