El diputado nacional del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade además presentó cargos contra el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, y el director del PAMI, Carlos Regazzoni.
Sábado 30 de julio de 2016
La denuncia, que recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, fue presentada de manera conjunta con el referente kirchnerista Juan Cabandié por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violación de secretos y cuestiona la legalidad de la decisión de transferir los datos del PAMI a la Secretaría de Comunicación Pública. Se suma a la realizada la semana pasada por la iniciativa de permitirle el uso de datos del ANSES al mismo órgano estatal, en la que se vieron implicados Marcos Peña, el director y el subdirector ejecutivo de administración de la ANSES, Emilio Basavilbaso y Federico Braun, respectivamente.
“Autoridades del PAMI reconocen que utilizarán millones de datos en poder de la Secretaria de Comunicación, que los posee a partir de la comisión de un acto ilícito según fue denunciado días atrás. Y esto lo realizarán ya sin ningún tipo de acto administrativo que lo intente disfrazar, sino más bien subrepticiamente", dijo Tailhade, y advirtió que "tampoco debe perderse de vista la intencionalidad del Lic. Marcos Peña en el tratamiento de estos datos personales, que no parece ser otra que la de utilizarlos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio, operaciones de manipulación de la opinión pública, entre tantas otras especialidades del Peña y su socio Jaime Durán Barba”.
Sin embargo, el kirchnerismo parece olvidar que durante el gobierno anterior también se utilizó información personal de la población recaudada a partir de la creación de los nuevos DNI para la frustrada campaña electoral del ex Ministro de Interior Florencio Randazzo.
En referencia al uso de datos personales de la población, el dirigente del PTS-FIT y ex candidato Nicolás Del Caño dijo el lunes pasado: “Nos parece que es inmiscuirse en los asuntos personales de cada uno por parte del Estado. Es un avance contra las libertades democráticas. Quieren apropiarse de esos datos personales para tener ese nivel de control al que aspira el Gobierno”.
