El Senado votó el proyecto de expropiación con el apoyo de todas las bancadas, gracias a un proyecto presentado por organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 2004, quienes lo celebraron como una forma de “saldar una deuda con la sociedad”.
Viernes 28 de octubre de 2022 12:16
Foto Alfredo Luna, Télam
El local donde funcionaba el boliche República de Cromañón, en donde murieron 194 personas en el año 2004 por un incendio durante el recital de Callejeros, será expropiado para que allí funcione un espacio para la memoria.
El proyecto para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación” fue aprobado por todas las bancas del Senado, con 60 votos a favor y 1 en contra. Previamente, el 12 de octubre, ya había tenido media sanción en Diputados. "Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva", establece la iniciativa.
Los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, presentes en el recinto durante el tratamiento, celebraron la aprobación, y en una conferencia de prensa, leyeron un documento donde señalaron que "la expropiación es la única forma de lograr que en Cromañón no haya otra cosa que un espacio para la memoria".
También resaltaron allí la voluntad de las distintas fuerzas políticas para coincidir “en la importancia de que no se olvide lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004 y para que nunca más se repita".
El documento estuvo firmado por organizaiciones como "Coordinadora Cromañón", "El Camino es Cultural", "Familiares de la Matanza", "Movimiento Cromañón", "Ni Olvido Ni Perdón", "No Nos Cuenten Cromañón", "Organización 30 de Diciembre", "Que No Se Repita", y "Sin Derechos No Hay Justicia", entre otras.
Como espacio para la memoria, está estipulado que incluya una muestra permanente para recordar lo ocurrido, y el desarrollo de distintas actividades culturales. También se establece que se conserven distintos elementos testimoniales de la masacre de Cromañón que "hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar" y que el santuario puesto en pie en homenaje a las víctimas "gozará de protección por parte del Estado".
La iniciativa estuvo frenada desde el año 2005 en Legislatura porteña por falta de apoyo del oficialismo de la Ciudad, pero este año se destrabó gracias a la presentación que realizaron organizaciones de familiares y víctimas en el Congreso nacional, según consigna Página 12.
En la actualidad, el edificio pertenece a la sociedad “Nueva Zarelux”, cuyo dueño es Rafael Levy, quien también lo era al momento de la masacre. Al respecto, el documento leído por organizaciones de sobrevivientes y familiares, señaló: "El inmueble donde funcionó Cromañón está a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, sin embargo, en los juicios penales la justicia determinó que su verdadero dueño es Rafael Levy; fue responsable, y por ello condenado a 4 años y medio de prisión, de varias de las decisiones que llevaron a Cromañón a sus condiciones de funcionamiento, por ejemplo, tapar los extractores de aire que originalmente se encontraban en el techo del lugar para la instalación de canchas de fútbol que puso en alquiler".
En el mismo documento, las organizaciones resaltaron la responsabilidad del Estado: "la masacre de Cromañón puso de manifiesto que el incumplimiento de los deberes de la dirigencia política, la ineficiencia de los funcionarios públicos y la connivencia corrupta entre el empresariado y sectores del Estado, tanto del ámbito local como nacional, tiene consecuencias irreversibles. No podemos dejar de mencionar, en este sentido, a Aníbal Ibarra como máximo responsable político de la Masacre, quien fuera destituido como Jefe de Gobierno".
Y respecto a la aprobación del proyecto de expropiación y restitución de un espacio para la memoria, señalaron: "Esta es una oportunidad histórica para construir una política pública para la memoria y los derechos humanos de ayer y de hoy. Este logro se cristalizará como un hito de reparación simbólica que permita proyectar un futuro donde el presente continúe construyendo sentidos que, compartidos, dialoguen con quienes fuimos, quienes somos y quiénes queremos ser. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla", finalizaron.
