Servicios esenciales. El modelo privatizador: crisis energética que dejó sin luz a más de 700.000 hogares

Carlos Menem lo hizo. Cuando llegó a la presidencia privatizó hasta el agua. Algo que por entonces parecía absurdo. El argumento del gobierno peronista fue el mal funcionamiento de las empresas estatales. Esto tenía bases reales. A fines de 1988, en medio de un verano caliente y una profunda crisis energética, el gobierno de Raúl Alfonsín implementó un plan de cortes programados de luz.

En los años 80 la política energética de Alfonsín estuvo al servicio de subsidiar a los llamados capitanes de la industria, mientras desfinanciaba las empresas de servicios públicos. Lo que exponía al pueblo trabajador y los sectores populares a padecimientos inauditos por los cortes o las deficiencias de los servicios esenciales.

Menem privatizó las empresas públicas dejando, además, decenas de miles de trabajadores en la calle. En 1989 SEGBA -la entonces empresa estatal de luz- contaba con unos 22.809 empleados y hacia 1998, para una red eléctrica que se expandía, había tan solo 6.837 entre Edesur, Edenor y Edelap. Todas empresas en manos privadas.

Julieta Coria plantea que "el deterioro de la calidad del servicio también se puede describir en que antes del proceso de privatización del servicio había un trabajador cada 100 usuarios y hacia junio del 2000, -con el régimen privatizador consolidado y una red eléctrica en expansión-, había un trabajador cada 723 usuarios en Edesur y uno cada 788 usuarios en Edenor".

Crisis energética: ¿cómo revertir el costo de una pesada herencia neoliberal?

La energía es un eslabón fundamental del desarrollo de las comunidades y de la población en su conjunto. Pero en manos de la burguesía estos servicios esenciales solo persiguen favorecer el lucro capitalista. Esto fue el resultado de las privatizaciones. Las grandes multinacionales adquirieron a bajo costo los recursos naturales, que a su vez se beneficiaron por las políticas de ataque a las conquistas de los trabajadores. A los despidos masivos en las empresas públicas, antes de ser privatizadas, le siguió el surgimiento de empresas tercerizadas que emplean trabajadores con convenios a la baja. Algo que continúa hasta hoy, incluso después de doce años del autodifinido “gobierno nacional y popular”, que contó y cuenta con la complicidad de la burocracia sindical.

Los Gobiernos que sucedieron a Menem no rompieron con este mecanismo de expoliación del servicio eléctrico. El modelo privatizador se consolidó durante los gobiernos kirchnerista y macrista. En el primer caso fue por la vía de subsidiar a la empresas sin, mínimamente, exigir que reinviertan en el sector; en el segundo caso fue mediante los tarifazos sin que tampoco se vieron obligados a reinvertir. Todos estos procesos lograron incrementar lo que se conoce como pobreza energética. Es decir una desigualdad creciente en el acceso a esos servicios.

Pobreza energética. Desigualdad capitalista: cuando la ola de calor no es para todos igual

Como explica Lucho Aguilar “incluso un organismo oficial, el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, reconoció que en 2021 la pobreza energética todavía afectaba al 22,9% del total de la población, unas 10 millones de personas”.

Negocio millonario para un puñado de empresarios

El sistema energético está dirigido por un pequeño grupo de empresas. Pampa Energía está en manos de Marcelo Mindlin, amigo de Mauricio Macri y de todos los gobiernos, devenido en “ejemplo” de empresario que invierte y “se queda” en el país, según las palabras del presidente Alberto Fernández. Es la principal empresa energética privada del país y participa en todas las etapas productivas. Dueña de Transportadora de Gas del Sur, una de las principales empresas del rubro y ex dueña de Edenor y otras empresas. En 2018 ganó U$S 384,5 millones.

Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri, tiene participación accionaria en la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que dirige la empresa Central Puerto, el principal generador de energía eléctrica. También tiene acciones de Edesur.

Transener es una empresa mixta que transporta energía. El 51 % de la compañía está en manos de Citelec, que se divide en partes iguales entre Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, y Iaesa, la ex Enarsa, perteneciente al Estado. Transener, desde 2016 a 2018 acumuló ganancias por casi U$S 119 millones.

Subsidios a los empresarios para que se la lleven en pala

Durante el kirchnerismo se aplicó un esquema de subsidios para garantizar las ganancias de las empresas de energía sin tocar el esquema de privatizaciones. Además, tenía como objetivo proveer energía barata a las grandes empresas como Arcor, y Techint.

Son las grandes compañías las que más demandan el grueso del gas y electricidad, no los hogares. La economista Mónica Arancibia explica que “entre 2004 y 2015 se destinaron U$S 162.000 millones en subsidios de todo tipo a la energía, el transporte y otros sectores productivos a través de las llamadas transferencias corrientes al sector privado”.

En la era Macri las privatizadas ganaron U$S 3,2 millones por día

Los subsidios, como dijimos, no se destinaron a aumentar la inversión y mejorar el servicio, sino fue directo a los bolsillos empresarios. Así, los servicios públicos año a año fueron empeorando en la calidad, con cortes de luz, agua y gas, así como el pésimo estado de los servicios ferroviarios. La consecuencia más terrible de esto se vio en el desgarrador crimen social de Once.

Tarifazos para continuar con los pésimos servicios

Durante los primeros tres años del Gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2018, las empresas distribuidoras de energía aumentaron las tarifas entre 1.000 y 1. 200 %. Mientras que las de gas en 2.000 %.

Durante ese período, entre 2016 y 2018, las principales empresas sumaron 3.525 millones de dólares de ganancias. Y por día ganaron 3,2 millones de dólares. Por si fuera poco, Macri también volvió a dolarizar las tarifas.

Sigue el congelamiento de tarifas: ¿la pesificación y el fin de las privatizaciones para cuándo?

Si bien durante la campaña electoral Alberto Fernández prometió desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, a dos años de su mandato no lo revirtió. Ocurre que el gobierno está más preocupado por cumplir con las exigencias de ajuste fiscal que reclama el FMI, que en las necesidades de las grandes mayorías populares.

Asimismo, tampoco retrotrajo los “tarifazos” que era otra de sus promesas de campaña, y uno de sus ejes políticos cuando eran oposición.

Ola de calor y cortés de luz

Se podría decir que este es un clásico de todos los veranos. Pero no todos sufren.
Según datos que trascendieron en medio de un apagón masivo de luz que afectó esta semana hasta a 700 mil usuarios en el AMBA, las empresas privadas del sector recibieron más de U$S 10.900 millones en 2021.

Cuántos millones recibieron en subsidios las privatizadas de energía que dan pésimos servicios

Según denunció el periodista Diego Genoud, a partir de datos aportados por la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, los subsidios al sector energético en 2021 alcanzaron los 10.910 millones de dólares. “Aumentaron un 75 % respecto a 2020 y un 130 % respecto a 2019”, aseguró el periodista.

El congelamiento de las tarifas implica, además, un “subsidio indirecto” a las ganancias de todo el resto de los empresarios que operan la economía del país. El aumento de las tarifas impactaría en el valor de la fuerza de trabajo en lo que necesita una familia para llegar a fin de mes. Los servicios públicos más caros implicaría una presión a la suba de salarios.

Una salida estratégica para el problema de los servicios

Vladimir Lenin, el dirigente bolchevique de la Revolución rusa, llegó a definir al socialismo como "el poder de los soviets más la electricidad". Con esto expresaba su anhelo por industrializar toda Rusia como parte de las tareas de organizar un régimen social que ayude al proletariado y a las clases trabajadoras a conservar el poder en sus manos.

Lenin caracterizó al comunismo como el poder de los soviets más la electricidad

Los servicios públicos son un derecho esencial para el pueblo trabajador. No pueden ser gestionados por un puñado de empresas que, como vimos, sólo pretenden aumentar sus ganancias sin importar las mejoras del servicio.

Ante esta irracionalidad, es necesario terminar con el robo de las privatizadas y crear una empresa pública única que gestione todo el sistema energético nacional, es decir todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación, el transporte hasta la distribución. Una empresa pública que sea administrada por los propios trabajadores -con el apoyo de técnicos y especialistas de las universidades-, que sea controlada por usuarios populares.

El desafío es enorme, pero solo los trabajadores junto a los usuarios populares pueden tutelar un servicio de calidad y romper con el régimen actual, servil a la renta de unos pocos.