Con la creciente participación de las mujeres en manifestaciones de distintas latitudes, una reflexión sobre los desafíos que tenemos en México. Publicamos la charla realizada en el marco del ciclo “El mundo en pandemia: economía, política y lucha de clases” el pasado 11 de agosto.

Hace ya más de seis años que hemos sido testigos del ascenso del movimiento de mujeres a nivel internacional, desde el ni una menos en argentina en 2015 que cuestionaba la violencia y los feminicidios que vivimos sobre todo en Latinoamérica. En el 2017 las convocatorias a huelga internacional de mujeres los 8M no solo se expresó con movilizaciones multitudinarias, sino también incluso la paralización de sectores de la producción, sobre todo el Argentina y en el Estado Español, en la que las mujeres junto a sus compañeros lograron parar algunos centros de trabajo, contra la violencia. Por otro lado, la marea verde ha tenido un empuje muy importante en América Latina en la exigencia del derecho al aborto, sobre todo el empuje y el ejemplo que nos brindan las compañeras argentinas que a finales del año pasado conquistaron en las calles que sea ley, ellas demostraron que sin la presión de la movilización ni siquiera los gobiernos “progresistas” otorgarán ese derecho.

A la par de que dichas movilizaciones comenzaron a tomar terreno, vimos también el protagonismo de las mujeres en las protestas por derechos laborales y por mejores condiciones de vida. Las mujeres fueron parte clave de las movilizaciones y rebeliones que vimos en AL y otras latitudes del mundo como Francia, que como veíamos en las charlas pasadas, comprenden un nuevo ciclo de revueltas como respuesta a la crisis económica que se arrastra desde 2008 y que se recrudeció con la pandemia.

Dichas movilizaciones y el protagonismo que han tomado las mujeres en las protestas a nivel internacional responden al hartazgo de las mujeres ante las condiciones de miseria que vivimos. Previo a la pandemia, las mujeres conformábamos ya el 70 % de los trabajos precarios a nivel internacional, y dichas cifras se replicaban si analizábamos la extrema pobreza en el mundo. Era evidente que aquellos trabajos que en su mayoría estaban compuestos por mujeres eran de los más precarizados, como el sector salud, limpieza, educación, cuidados, etc. Todos trabajos que, además, en medio de la pandemia se mostraron como esenciales. Sobre la base de dichas condiciones es que llega la pandemia para las mujeres, recrudeciendo aún más sus condiciones de vida: fuimos las primeras en ser despedidas o en que se nos recortara el salario. Y a la par de ello, la situación de violencia patriarcal también se exacerbó.

La política de la 4T hacia las mujeres

Este marco general a nivel internacional da pie al tema central de esta sesión: la situación de las mujeres en México bajo la 4T y los desafíos y contradicciones del movimiento de mujeres en la lucha por nuestras demandas. Para ello queremos partir de algunas definiciones generales en torno a la 4T, —sugerimos que, aquellas y aquellos que no pudieron ver la sesión pasada puedan posteriormente mirarla ya que en ella desarrollamos más este aspecto—.

Por un lado, como desarrollaba Pablo Oprinari en la sesión anterior, el gobierno de AMLO ha logrado, con su retórica, identificarse como parte de los gobiernos progresistas en América Latina, aunque por el desfase temporal que se da en un momento de crisis económica y no de crecimiento regional, y por la diferencia de no haber llegado acompañado de un movimiento masivo de movilización popular, su carácter, a pesar de su discurso, lo convierte más bien en un progresismo tardío con un trasfondo conservador. No obstante, no puede entenderse el triunfo de AMLO sin las enormes aspiraciones de las masas que hartas de los gobiernos neoliberales, depositaron su confianza en este nuevo gobierno. En su discurso, la 4T dialoga y busca empalmar con las expectativas de las masas, pero, por otro lado, califica cualquier crítica que pueda haber a su gobierno, como parte del golpeteo de la oposición conservadora, aun cuando estos cuestionamientos sean por demandas progresivas o frente a las políticas más reaccionarias del gobierno. Esto es muy evidente con el movimiento de mujeres, que ha tenido desencuentros bastante agudos que veremos más adelante.

Entonces, hay que decir que el gobierno de la 4T, mientras mantiene lo esencial de la política burguesa, o sea mientras preserva las ganancias capitalistas y la subordinación económica al imperialismo, por otro lado, de manera discursiva intenta distanciarse de los gobiernos neoliberales que nos preceden, para contener las expectativas que había en amplios sectores. En ese sentido, AMLO llega no solo sobre la base de dichas expectativas, sino que, además, logró desactivar el cuestionamiento al régimen sobre la base de relegitimar las instituciones del Estado, y resolver todo “por arriba” o por la vía institucional. En esto también se inscribió el apoyo que tuvo y sigue teniendo de sectores del feminismo principalmente liberal, y que vale la pena mencionar que, si la 4T tuvo tanto apoyo entre las mujeres en 2018, aun pese a que AMLO nunca se destacó por la sensibilidad ante las demandas de este sector, es por las propias condiciones tan marcadas de violencia y precarización que vivimos las mujeres, en gran medida, producto de la opresión imperialista en el país. Pensemos por ejemplo en la frontera norte, donde las mujeres vivieron las consecuencias de la degradación y descomposición del capitalismo semicolonial que combina la opresión imperialista, redes de trata, industria maquiladora y militarización, lo cual fue caldo de cultivo para el desarrollo no casual del fenómeno del feminicidio que se mostró de forma exacerbada en dicha zona, sobre todo en Cd Juárez, y que en la actualidad esta extendido a otras zonas.

Ahora bien, con respecto a la política frente a las demandas del movimiento de mujeres, hay que destacar cuáles han sido las medidas, aunque formales, que el gobierno de la 4T ha presentado como avances en dicho terreno. Por un lado, y la que se presenta como principal es, el avance de la participación de algunas figuras femeninas en cargos de relevancia para la vida política del país, acompañado de políticas de inclusión y paridad de género. Desde un inicio su gobierno quedó marcado por la paridad, formal, en las cámaras de diputados y senadores, así como en su propio gabinete, presentando a estas como “representantes de las mujeres en su gobierno”. La implementación de dichas figuras no ha sido escatimada por el gobierno de AMLO, ya que en fechas emblemáticas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre ha hecho gala de las mismas. Todo ello de la mano de aprovecharlas para posicionar medidas contra la violencia política y por la promoción de la participación de las mujeres en la política institucional.

Por otro lado, en torno a la violencia de género y el feminicidio, destaca la creación de fiscalías especializadas para la atención de delitos sexuales, vinculado al reforzamiento de los cuerpos de seguridad con la operación de la Guardia Nacional, algo que en múltiples ocasiones organizaciones de mujeres y de derechos humanos han denunciado que no solo es insuficiente sino contraproducente frente a la profunda relación que el aumento del feminicidio guarda con la militarización del país, pero que sin embargo se presenta como avances para la obtención de justicia a las víctimas y de “mayor seguridad”. Esto también está vinculado a la aprobación de leyes como la ley Olimpia, y la ley Ingrid, que han reforzado la lógica del castigo frente a la violencia, con una política punitivista cuyas consecuencias ahora desarrollaremos.

Por otro lado, las mujeres también han sido un objetivo de los programas sociales desplegados por la 4T con apoyo a madres solteras o becas para concluir estudios con convocatorias enfocadas a mujeres, como parte de la preocupación por consolidar una base social más firme, aprovechando que, en el 2018, el voto femenino fue significativo para el triunfo de la 4T. Sin embargo, a contra mano de ello, con el pretexto de la austeridad republicana AMLO recortó el presupuesto de 11 programas sociales enfocados a las mujeres y despidió a cientos de miles de jefas de familia y madres solteras por ocupar las mujeres los puestos más precarios en el sector estatal.

Límites del progresismo tardío de AMLO ante las demandas del movimiento de mujeres

A partir de esto, queremos enfocarnos en dos aspectos que resultan ser los más contradictorios en el gobierno de la 4T en torno a la política hacia la mujer.

Por un lado, en torno a la violencia y el feminicidio, el año pasado AMLO hizo polémicas declaraciones que básicamente negaban el aumento de la violencia en el marco del confinamiento, diciendo que la mayoría de dichas denuncias eran falsas, llegando a aseverar que en la 4T no existía la violencia y desestimando con desprecio la cruda realidad que enfrentan millones de mujeres en sus hogares y en la vía pública frente al acoso sexual y las violencias económicas, físicas y psicológicas.

Sin embargo, las cifras no mienten, incluso los datos de la secretaria de seguridad y protección ciudadana indican que durante el 2020 en plena pandemia el feminicidio aumento con respecto a 2019 (en el que hubo 960). El año pasado cerró con 969 feminicidios registrados, sumado a los 2mil 783 asesinatos a mujeres clasificados como homicidios dolosos, muchos de los cuales no son juzgados como feminicidios de forma deliberada por la justicia patriarcal.

Como mencionaba antes, la política de la 4T en torno a la violencia ha sido profundizar la militarización. Pese a que una de las promesas de campaña era la desmilitarización del país, AMLO aprobó de forma fast track la conformación de la Guardia Nacional, elevándola a rango constitucional. Nuevamente recalcamos que, lo único que dejó la militarización del país para las mujeres fue el aumento exponencial del feminicidio y homicidios dolosos desde 2006, según el estudio “las dos guerras” que hace un entronque entre violencia patriarcal y la violencia desatada por la guerra contra el narco los asesinatos con arma de fuego en vía pública a las mujeres aumentaron un 500 % de 2007 a 2018, vinculados sobre todo a la actuación de la Semar y la Sedena y cifras de la UNO muestra que en 2007 se habían registrado 1089 homicidios, mientras que en 2019 fueron 3,750, un aumento del 344 % (pasando de 3 a más de 10 al día en 12 años). Y aunque ahora la GN pretende ser presentada como una medida progresiva por parte de la 4T ya tiene en su haber múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos.

En estas cifras oficiales no están contempladas las mujeres migrantes, que a su paso por México viven de forma exacerbada la violencia y la discriminación. Se estima que el 80 % de las migrantes en su paso por México sufre algún tipo de agresión sexual, volviéndose común el abuso por parte de elementos de la policía y fuerzas armadas vinculadas al crimen organizado y las redes de trata. Dicho sector, además, ha tenido que enfrentar la represión por parte de la Guardia Nacional que a estas alturas ya se convirtió en la extensión de la Border Patrol, en las fronteras norte y sur, siendo el muro que Trump aseguraba que pagaría México, y que no es casual ya que el control de la migración fue uno de los temas centrales para cerrar las negociaciones del TMEC y aun hoy en las relaciones bilaterales con EEUU. Una muestra de esto fue el feminicidio de Victoria Salazar, una migrante salvadoreña que fue asesinada a manos de la policía en marzo de este año, y la grave crisis humanitaria que significan los cientos de miles de centroamericanos y mexicanos deportados mensualmente desde EEUU tanto como centroamericanos deportados del territorio mexicano.

Uno de los principales límites de la política del gobierno de AMLO en torno a la violencia hacia las mujeres, es que la misma se sigue enfocando en la actuación cuando la violencia ya fue cometida, cuando ya hay un nuevo feminicidio o desaparición, y no en la prevención de la violencia. Y esto tampoco es casual, ya que, pensar en la prevención de la violencia tendría que partir de cambiar las condiciones estructurales de las mujeres que las llevan a ser un grupo socialmente vulnerable y que expresan el carácter de clase de la violencia feminicida y la precarización laboral.

Es decir, es claro que el gobierno de la 4T no puede acabar con la situación de violencia, pues eso significaría cambiar de forma radical las condiciones estructurales y no solo jurídicas de las mujeres. Nos referimos a que, aun con la aprobación de legislación progresiva frente a la situación de vulnerabilidad de las mujeres es un primer paso necesario, por ejemplo para garantizar libre tránsito y plenos derechos políticos y posibilidad de empleo digno para las migrantes, o lo que significaría atacar las precarias condiciones laborales de las mujeres, que sin salarios dignos ni empleos estables, sin gozar de seguridad social o prestaciones, sin acceso a créditos baratos y a educación y servicios de calidad, no podrán conquistar mejores condiciones de vida y menor dependencia frente a sus pares masculinos. Estas medidas son insuficientes para acabar con la opresión, misma que está sustentada en la continuidad de la explotación capitalista y de un sistema que se basa en unos pocos parásitos capitalistas que se benefician de la apropiación de la riqueza producida por el trabajo de millones, entre los cuales las mujeres, más las migrantes y lgbt, tienen las peores condiciones laborales. La 4T, debido a su pacto con los empresarios y el imperialismo, tiene las manos atadas para impulsar cualquier cambio de fondo en la vida de millones de mujeres pobres y trabajadoras del país.

Es más, lejos de garantizar las medidas mínimas, el gobierno de AMLO ha recortado avances importantes que han sido claves para prevenir que la violencia que viven las mujeres en sus hogares termine en un feminicidio, como es el caso del recorte a los refugios transitorios para víctimas de violencia, ya de por sí mínimos y precarios.

La 4T ante el derecho al aborto

Otro de los puntos más contradictorios y que han generado mayor polémica al interior del Morena y más descontento en el movimiento de mujeres, es el derecho al aborto.

Desde la campaña electoral de 2018 uno de los ejes que retomaron figuras femeninas del Morena fue la despenalización del aborto. Sin embargo, los avances en este sentido han sido mínimos. A nivel nacional, se han presentado 22 iniciativas en torno al aborto en los congresos locales de 18 estados.

Hasta hace un par de meses, siete de esas iniciativas habían sido rechazadas en los congresos locales, varias a costa de la propia abstención o voto en contra incluso de legisladores del Morena. Estas iniciativas, además, fueron desechadas en medio de la pandemia aprovechando la ausencia del movimiento de mujeres en las calles. Por otro lado, 15 iniciativas más han quedado archivadas y sepultadas por los plenos de los congresos locales, muchos donde el Morena ha tenido mayoría desde el 2018.

Cabe recalcar que, dichas iniciativas tienen distintos límites para garantizar el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito, dado que algunas plantean la disminución o modificación de las penas para mujeres juzgadas por abortar, otras plantean la despenalización únicamente (es decir, que no se castigue penalmente la interrupción del embarazo hasta las doce semanas), algunas más contemplan modificaciones a las leyes de salud, otras contemplan la amnistía a presas por abortar y también algunas que exigen la ILE bajo ciertas causales. A ello se suma que a nivel nacional no ha sido discutida ninguna iniciativa.

Más recientemente, luego de las elecciones en las que se mostró el claro descontento por parte de sectores de mujeres ante el Morena, ya que disminuyó significativamente el apoyo a la 4T en dicho sector, algunos congresos locales han puesto nuevamente sobre la mesa iniciativas para la despenalización del aborto, siendo aprobadas en Hidalgo y Veracruz en una clara maniobra para recomponerse en este sector y no perder terreno frente a la oposición conservadora que ha intentado montarse sobre el movimiento, levantando demandas históricas del mismo a base de cooptarlo, punto donde tienen acuerdo la 4T y la oposición conservadora. Pese a que esto es un avance, y responde a las movilizaciones de mujeres, dichas leyes son aún limitadas para garantizar dicho derecho. Y corren el riesgo de que, al igual que sucedió en Oaxaca, dicha ley sea letra muerta, dado que, en dicha entidad, pese a aprobarse la despenalización en 2019, al no existir una reforma a la ley de salud, no está garantizado ese derecho de forma gratuita y segura en todas las clínicas y hospitales sin posibilidad de objeción de conciencia por parte del personal médico y sin intervención de los sectores clericales.

La negación a discutir y aprobar el derecho al aborto en México, pese a los reclamos del movimiento de mujeres, tiene un trasfondo en los aspectos más conservadores por parte de la 4T. Empezando porque, AMLO ha dicho en múltiples ocasiones que hay cosas más importantes y ha llamado a “no meter polémica” cuando se le pregunta en torno al aborto, e incluso ha anunciado que su política seria impulsar una consulta popular en torno al tema lo cual es de por sí, escandaloso. Pero también, dicha postura conservadora, tiene un correlato en las alianzas que ha tejido con sectores conservadores como el PES, o los guiños que ha tenido con las iglesias, no solo de manera discursiva a través de las mañaneras, sino incluso con la apertura de tiempo en radio y televisión para sectores eclesiásticos, la visita de Beatriz Müller al Vaticano, así como el llamado del papa a AMLO a no aprobar el derecho al aborto. Dicha alianza con sectores de las iglesias, junto al impulso de la “cartilla moral” y la “guía ética”, son muestra de algunos de sus rasgos más conservadores, no digamos el intento durante su gobierno de sectores conservadores por aprobar el pin parental o la resistencia a implementar educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos como parte de una política preventiva para garantizar el libre goce de la sexualidad.

Dicha relación con las iglesias también tiene repercusiones en contra de los derechos de la comunidad LGBT+, ya que, pese a que recientemente se aprobó el matrimonio igualitario en dos entidades más (Baja California y Sinaloa), fue aprobada la ley de identidad de género en el Estado de México así como la Ley Agnes en Puebla, e incluso en el mes del orgullo AMLO aseguró que se respeta a la diversidad, esto contrasta con su alianza con sectores que se han declarado en contra de los derechos de la comunidad LGBT+, así como con sus recientes declaraciones en las que aseguraba que la lucha de la diversidad sexual era (junto a otros movimientos) un invento del neoliberalismo para fragmentar las demandas del pueblo. Además, al igual que el feminicidio se ha incrementado, los crímenes de odio LGBT no han cesado bajo la 4T.

La participación de las mujeres en la lucha de clases

Ante esta situación de violencia y precarización, y de incapacidad y negativa de los gobiernos federal y locales por resolver esta situación, es que hemos visto la emergencia de un movimiento de mujeres en México, contra la violencia, y por derechos sexuales y reproductivos, pero también en el terreno laboral.

Por un lado, las diversas movilizaciones de mujeres durante el 2019 y 2020, contra la desaparición de mujeres en el metro y contra el acoso sexual, y que tuvieron su punto más álgido el 8 de marzo de 2020, donde casi medio millón de mujeres tomamos las calles de la CDMX, marcha que tuvo réplica en más de 70 ciudades del país. Y, aunque el movimiento tuvo un pequeño freno durante la pandemia, lo cierto es que pasando algunos meses de confinamiento no solo hubo una gran actividad en redes sociales que denunciaba el aumento de la violencia, sino que volvimos a tomar las calles: tanto en las fechas que ya se han vuelto un sello de la lucha feminista (28 S, 25N, 8M), como también denunciando casos de feminicidio en muchas entidades del país, que causaron enorme indignación, como las protestas que exigen que se apruebe la legalización del aborto.

Pero también, destacamos la participación de las mujeres en las luchas de trabajadores; como es el caso de la huelga de Notimex, que en gran medida es sostenida en guardias y movilizaciones por mujeres, una huelga que ya se volvió emblemática ya que muestra los resultados de la política del gobierno de la austeridad republicana, y que muestra además que mientras hay sectores que se autonombran feministas, son capaces de dejar en la calle a trabajadoras, madres solteras e incluso embarazadas, como es el caso de la directora de Notimex Sanjuana Martínez, que dicho sea de paso, ha tenido el respaldo en todo este tiempo, de AMLO.

También vimos las protestas del sector salud desde que inició la pandemia, un gremio altamente femenino que exigía mejores condiciones laborales y denunciaba la falta de insumos en clínicas y hospitales, así como los bajos salarios y las largas jornadas laborales. El mismo caso se presenta en el sector educativo y en el sector estatal, gremios altamente feminizados y en algunos casos, como el magisterio, con mucha tradición de lucha, donde las mujeres han alzado la voz para enfrentar los ataques a la educación y a las condiciones de trabajo, al igual que contra los millones de despidos y recortes salariales que ha significado la austeridad republicana.

Dicho protagonismo de las mujeres en luchas obreras ya había cobrado relevancia previa a la pandemia, con las protestas por ejemplo del sector educativo o en la frontera norte con los paros maquileros tanto en Cd Juárez como en Matamoros, Tamaulipas con el movimiento 20/32.

Con esto, podemos afirmar que el movimiento de mujeres ha sido uno de los sectores más dinámicos en medio de la 4T. Esta es la razón por la cual, el movimiento de mujeres se ha vuelto una piedra en el zapato de la 4T, en tanto que, como veíamos al inicio, AMLO descalifica cualquier movilización que muestre algún cuestionamiento ante su política o impulse alguna reivindicación, tachándolo de conservador y negando que pueda existir un cuestionamiento por izquierda al gobierno.

De ahí que la respuesta de la 4T ante el movimiento de mujeres ha sido dividir aguas: por un lado, criminalizar las protestas de mujeres, llegando incluso a reprimir protestas mediante sus gobiernos locales, como fue el caso del 28 de septiembre de 2020 en el que la policía de Sheinbaum negó el derecho a la protesta de una manifestación que solo exigía el derecho al aborto, o protestas en el Estado de México o Cancún, llegando incluso a disipar una manifestación con armas de fuego en el caso de esta última. La respuesta más significativa que ha tenido en este sentido AMLO hacia el movimiento de mujeres, fue la enorme valla que cubría Palacio Nacional el pasado 8M, la cual fue intervenida por familiares de víctimas y colectivos feministas con los nombres de víctimas de feminicidio, donde el intento de la oposición conservadora por posicionarse y capitalizar el descontento del movimiento de mujeres frente al gobierno se expresó claramente intentando canalizar la lucha a las elecciones intermedias con un voto de castigo al Morena.

Estos partidos conservadores, que han intentado colgarse de las manifestaciones de mujeres para criticar al gobierno de AMLO, son los mismos que, en sexenios anteriores negaron el avance del derecho al aborto, o fueron parte activa del despliegue de la militarización que ha cobrado la vida de miles de mujeres; son partidos que impulsaron la política de precarización que mantuvo en las peores condiciones laborales a las mujeres, los mismos que durante la 4T, bajo gobiernos locales, han garantizado la represión al movimiento de mujeres.

La otra “alternativa” que brinda la 4T al movimiento de mujeres es la subordinación de este a su política, y poniendo por delante que la única forma de obtener derechos es por la vía institucional, siempre y cuando se acoplen a la política general de dicho partido. Esto se vuelve visible no solo al separar entre “feministas buenas y malas”, sino incluso con las mesas de discusión que se han impulsado desde la jefa de Gobierno o la propia Olga Sánchez Cordero, con sectores del feminismo institucional.

Distintas perspectivas en el movimiento de mujeres

Como mencionábamos al inicio, la 4T ganó gran parte de sus votantes sobre la base de las enormes expectativas de cambio, y así fue con el propio movimiento de mujeres. Más allá de los desencuentros entre el movimiento de mujeres y el gobierno de AMLO, lo cierto es que hay que distinguir entre la enorme indignación que ha sacado a miles de mujeres a las calles, y las corrientes e intelectuales feministas liberales, autonomistas, radicales y reformistas que abonan a que el propio movimiento no apunte a una salida radical ante la situación que vivimos. Al interior del propio movimiento de mujeres siguen operando diversas corrientes y direcciones que terminan cediendo la subordinación del mismo a la 4T. Esto pese a que después de casi tres años de la 4T, queda claro que no podemos esperar a la “bondad” del gobierno federal, sino que la vía para conquistar nuestros derechos, ha sido, hasta ahora, la movilización independiente y combativa de las mujeres, lo que nos lleva a uno de los puntos medulares de discusión y debate al interior del movimiento de mujeres: la independencia organizativa y política del mismo con respecto al régimen.

El feminismo liberal y reformista que se encuentran bajo la lógica de pelear en clave institucional, que operan de forma activa al interior del movimiento de mujeres, pretenden llevar a este a que espere que ciertos derechos sean concedidos por el gobierno federal, o bien contentarnos con “lo logrado” hasta ahora. En el caso de feministas del Morena, han llamado a conformar un ala feminista al interior para pugnar desde adentro por estas limitadas demandas.

Ahora bien, por otro lado, como bien señalaba Yara en la sesión pasada, independencia organizativa no es lo mismo que la independencia política. De ahí que, aunque haya ciertas organizaciones de mujeres, incluso algunas de ellas pertenecientes o simpatizantes de organizaciones de izquierda o a una perspectiva “anticapitalista”, pese a que se mantienen “por fuera” del Morena, como agrupamientos, terminan por la vía de los hechos subordinadas a su política, ya sea aplaudiendo las migajas y medidas mínimas que implementa el gobierno que señalábamos antes, o llamando a votar a candidatas del Morena (u otros partidos del régimen) por el hecho de ser mujeres, o incluso impulsando activamente políticas como la pasada consulta popular por el juicio a los ex presidentes. Muchas de esas organizaciones justificaron la participación y el impulso de la misma, por la integración de familiares de víctimas, permitiendo, por la vía de los hechos, la relegitimación de las instituciones del Estado, mismas que son las responsables de la impunidad en la mayoría de los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres.

Por otro lado, existen corrientes del movimiento feminista, que, aunque hacen una crítica correcta al Estado capitalista patriarcal, se han resignado o pugnan por construir espacios “por fuera del capitalismo patriarcal”, desechando, por la vía de los hechos, una estrategia que se apueste, no solo a resistir ante la violencia que vivimos, sino a enfrentar al propio Estado y transformar de manera revolucionaria las condiciones materiales de millones de mujeres y personas de los sectores populares.

Vemos pues, que diversas variantes del feminismo, por acción u omisión, terminan dejando a la deriva al movimiento de mujeres, negando la posibilidad de que éste cuestione de forma profunda las condiciones estructurales de la violencia y la precarización, es decir de que cuestione al sistema político y económico capitalista que sustenta la opresión patriarcal y el racismo como mecanismos para profundizar la explotación de millones de nosotras. De ahí que, desde nuestra perspectiva, consideramos que la independencia política y organizativa del movimiento de mujeres no es un membrete, sino que esta se traduce en última instancia en abrazar una perspectiva verdaderamente anticapitalista y revolucionaria —que en última instancia es también antipatriarcal, antiracista y antiimperialista—.

El feminismo socialista como alternativa

Ahora bien, a qué nos referimos con esta perspectiva. En primer lugar, con la independencia política y organizativa del movimiento de mujeres, nos referimos a una política independiente a los partidos que defienden los intereses de la clase minoritaria que construye sus ganancias a partir de nuestra opresión y explotación, es decir, la clase empresarial. Y esta, es también una lucha por la independencia política de la clase trabajadora de la burguesía, el gobierno, la patronal y las burocracias sindicales y políticas que buscan mantener la división al interior de la clase trabajadora, así como con respecto a las luchas de los sectores populares y otros movimientos. Esto cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta que, por un lado, las mujeres componemos el 50 % de la clase trabajadora y, por otro lado, son precisamente las mujeres trabajadoras, quienes viven de forma más cruenta la violencia y la clandestinidad del aborto. Y cabe aclarar que, la independencia como ya señalábamos, no solo es con respecto a los partidos de derecha que defienden abiertamente los intereses empresariales, sino también con respecto a aquellos partidos que se pintan de izquierda como es el caso del Morena, que como ha mostrado de forma más clara en medio de la pandemia, protegen los intereses de los empresarios.

En este sentido, la construcción de un feminismo socialista, no es abstracto, sino que pasa por comenzar a cuestionar de forma profunda a todos los actores que sostienen el orden actual de cosas, es decir, cuestionar a la burocracia sindical que no movió un dedo para frenar los millones de despidos que se impusieron como respuesta a la crisis económica que en su mayoría fueron aplicados a mujeres, o que por ejemplo ponen una barrera entre las demandas de carácter “gremial” que tiene la clase trabajadora a las demandas de mujeres contra la violencia, algo que como ya veíamos está íntimamente vinculado.

De la misma forma el movimiento de mujeres debería cuestionar a las iglesias y su pelea por negarnos derechos y mantener sus privilegios arcaicos financiados con el erario público. O las instituciones de “justicia” responsables de la enorme impunidad que impera en el país. La militarización en el país y el rol criminal de la Guardia Nacional contra nuestras hermanas migrantes, y un largo etcétera. En síntesis, como la rabia que ha impulsado a miles de mujeres a manifestarse se traduce en combatir políticamente a todos aquellos que defienden la política empresarial que nos explota y oprime.

El movimiento de mujeres se encuentra en un momento que implica una enorme reflexión, en el que se ponga sobre la mesa si el movimiento de mujeres se enfocará en únicamente la conquista de ciertos derechos, o si quiere dar una salida anticapitalista socialista y revolucionaria a la situación actual, en la que la lucha por nuestros derechos, aquí y ahora, sean pasos firmes para ir en dicha perspectiva.

En este sentido para nosotres es estratégica la alianza entre el movimiento de mujeres y la clase trabajadora; y esta no es fortuita, sino que se deriva del análisis marxista de la sociedad capitalista en su conjunto, del que podemos concluir cuál es la clase que hoy por hoy tiene en sus manos la capacidad no solo de paralizar sino de transformar la producción, que es la base de la explotación que mantiene en la precariedad a las grandes mayorías, que a su vez se apoya en la opresión y violencia hacia las mujeres; y por esa propia característica dentro del sistema capitalista, le brinda la potencialidad de acaudillar las demandas del conjunto de explotados y oprimidos. Una clase que, además, como veíamos es alta mente feminizada, es decir hoy la alianza entre la clase trabajadora y el movimiento de mujeres es más real y necesaria que nunca, en tanto que gran parte de esas miles que salen a las calles a reclamar justicia o la mayoría de quienes viven en carne propia la violencia, pertenecen hoy a la clase trabajadora. Y además teniendo en cuenta la explosividad que ha tenido el sector femenino al interior de las luchas obreras.

La fuerza del movimiento de mujeres, junto a las fuerzas de millones de asalariadas y asalariados, podría imponerle a este gobierno medidas mínimas pero urgentes para las mujeres. Empezando por la lucha a nivel nacional por el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito, misma que contemple la conquista de educación sexual integral y mejores condiciones en el sistema de salud. A su vez, un plan de emergencia contra la violencia que contemple, no actuar solamente cuando un feminicidio es perpetrado, sino que podría tener medidas preventivas ante feminicidios. Esto junto con abonar a mejorar las condiciones estructurales de las mujeres, con trabajos dignos, que cuenten con salarios acorde a la canasta básica, para que las mujeres no dependan económicamente de los varones y repartiendo el trabajo disponible entre todas las manos existentes para que no haya desocupación. Trabajos con licencias de maternidad, cuartos de lactancia y guarderías, para que el ser madre no sea impedimento para la emancipación económica de las mujeres. Todas estas medidas serían posibles si se cuestionaran las ganancias capitalistas o las fortunas de las Iglesias, imponiendo impuestos a las grandes fortunas, destinando el presupuesto de las fuerzas armadas a la educación, salud y vivienda, y dejando de pagar la fraudulenta deuda externa.

Pero tener claro de dónde deviene la violencia y la precarización, y por qué la opresión de las mujeres es uno de los pilares de este sistema capitalista, nos permite ver que más allá de los discursos del gobierno actual, las demandas de las mujeres no podrán ser cumplidas hasta el final con un gobierno que no plantea romper con el capitalismo. Este es el breve análisis que queremos compartir al movimiento de mujeres para el debate al interior del mismo, y par problematizar cuáles son los retos del movimiento de mujeres y para el feminismo, sobre todo para un feminismo que busque no solo la emancipación individual, sino la liberación de toda opresión y explotación para el conjunto de la humanidad. Perspectiva que levantamos todas las mujeres y LGBTs que militamos en la agrupación feminista socialista internacional, Pan y Rosas.