En el Campamento Dignidad, más de 700 familias luchan por una solución habitacional en medio de la amenaza de desalojo impulsada por el alcalde Rodolfo Carter. Lideradas mayormente por mujeres, estas familias han organizado su vida en comunidad, pero enfrentan un futuro incierto debido a la crisis habitacional en Chile. En respuesta, trabajadoras de la educación se han unido a esta causa, reconociendo que las necesidades de la niñez y la educación trascienden las aulas. La solidaridad y la organización son claves para enfrentar esta vulneración de derechos.

Por Nancy López, Profesora de Lenguaje
y Fernanda Vergara, Psicopedagoga

Somos trabajadoras de la educación que hace meses nos propusimos darle vida a la escuelita del campamento Dignidad. El aviso de desalojo del alcalde Carter y nuestros trabajos cercanos nos llevaron a la escuelita, a sus familias y a reflexionar que el movimiento educativo no puede ser indiferente a las necesidades de la sociedad y las infancias que educamos.

En 2019 se formó el campamento Dignidad en La Florida. Más de 700 familias, antes allegadas o afectadas por la pandemia, decidieron “tomarse” el terreno y exigir una solución habitacional. Las familias, mayormente dirigidas por mujeres, se organizaron para limpiar y dividir los terrenos. Primero se instalaron con carpas, luego mediaguas, y finalmente construyeron sus viviendas.

Desde el inicio, el campamento ha sido liderado por mujeres que gestionan la organización interna y externa, activando redes de solidaridad para apoyar con alimentos y artículos de aseo. Establecieron reglas de convivencia, como horarios de silencio para respetar a trabajadores y estudiantes. A su vez, gestionan comunitariamente el acceso a luz y agua, y ahorran para obtener un subsidio habitacional.

En estos años, el campamento ha crecido a 8 etapas, lo que les permitió el acceso a agua y luz, en un trabajo conjunto con el Serviu. Sin embargo, en marzo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, amenazó con desalojar el campamento, alegando riesgos de inundación, con lo cual incumplió acuerdos de 2022 que prometían una villa de transición mientras se esperaba una solución definitiva del MINVU para 2025.

Carter quiere a las familias en la calle

Rodolfo Carter y otras autoridades, como Daniel Reyes (Ind. cupo UDI), buscaban ubicar a las familias en hectáreas del bosque El Panul, pulmón ecológico protegido por vecinos de La Florida y activistas ambientalistas.Las familias rechazaron ser parte de esta "solución" que solo responde a intereses inmobiliarios, por lo que adhirieron a los grupos ecologistas que protegen esta zona.

Las familias llevan meses viviendo bajo la incertidumbre y angustia por las amenazas del alcalde, del municipio y del gobierno, que utilizan situaciones como el incendio de mayo, que afectó a 10 familias, para agilizar su plan de desalojo. Lo mismo ocurrió con los temporales de junio, cuando Carter declaró que “tienen 15 días para abandonar el campamento por voluntad propia o será por la fuerza”.

En julio, Carter envió un comunicado sobre el inminente desalojo y se reunió con el gobierno para comprometerse a llevarlo a cabo en agosto, acordando un “comité policial” con la participación del Ministerio del Interior, amedrentando a las familias, en su mayoría compuestas por mujeres y niños.

Las dirigentes proponen una mesa tripartita con autoridades municipales, Minvu, Serviu y representantes del campamento para abordar los siguientes temas: campamento transitorio, subsidio de arriendo y acompañamiento para los trámites de regularización. Sin embargo, el Serviu se excusa diciendo que la municipalidad debe aceptar esta mesa, y el municipio mantiene sus puertas cerradas a las pobladoras.

La vulneración impune a las infancias

Los primeros días del desalojo fueron caóticos. No había información verídica sobre cuándo llegarían, si sería seguridad ciudadana, carabineros o fuerzas especiales. El temor aumentaba con imágenes de campamentos desalojados a nivel nacional, y figuras como Tomás Vodanovic del Frente Amplio pidiendo “presencia militar” a la Ministra del Interior Carolina Tohá (marzo, 2024).

Nos conmocionaron las niñas y niños que contaban que carabineros y el alcalde les dijeron que debían abandonar sus casas. Se veían preocupados, se asustaban al escuchar helicópteros y creían que debían irse contra su voluntad. Muchos habían nacido y crecido allí, tenían amigos y compañeros de colegio y no entendían por qué los querían sacar. Una niña de 7 años dijo: “¿Sabe qué va a haber acá después, tía? Un basural. Porque nos quieren sacar a todos de aquí”. Esta situación nos llevó al campamento.

Conocimos la escuelita de la etapa 1, quienes nos mostraron su trabajo. También acompañamos manifestaciones y marchas, y conocimos a Ilfens, una dirigente de la etapa 2, quien aceptó nuestro apoyo y nos abrió las puertas de la toma y la escuelita.

La agudización de la crisis habitacional

Entre 2017 y 2022, el número de familias allegadas aumentó un 165% por incapacidad financiera. Según la encuesta Casen 2022, se necesitan 935.000 viviendas para resolver el déficit habitacional, cifra que aumentaría a 1.089.000 al incluir a personas en campamentos o en situación de calle.

Tras la pandemia, un catastro de Techo Chile reveló que los campamentos aumentaron un 73,52% en dos años, con al menos 77 nuevos campamentos formados entre 2019 y 2020. La Cámara Chilena de la Construcción señala que el 54% de los hogares en déficit habitacional está liderado por una mujer, el 16% por un extranjero y el 50% por una persona menor de 40 años.

Según el catastro de campamentos 2024 del Minvu, existen 1.432 asentamientos irregulares a nivel nacional, con un incremento del 56% en cinco años. El mayor déficit habitacional se concentra en la Región Metropolitana (42%), seguida por la macrozona centro (24%) y la macrozona sur (23%).

En este crítico contexto, los campamentos no son el problema, sino una solución organizada por las y los pobladores para una necesidad urgente que el Estado no aborda. Acompañar a los niños y niñas en este estado de persecución nos obliga a repensar nuestro rol como trabajadoras de la educación.

Más allá de las 4 paredes de la escuela

El movimiento educativo tiene una larga tradición de lucha, y todos los derechos conquistados han sido a través de la movilización. Los docentes compartimos el día a día con las comunidades que pelean por sus derechos y sabemos que el discurso criminalizador solo busca la división. Para triunfar, aliarnos es la clave.
La tragedia más grande de la educación en crisis es que la escuela no puede satisfacer las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estas necesidades van más allá de las cuatro paredes de las escuelas, y se encuentran negadas por variadas problemáticas: bajos sueldos de los apoderados, dobles o triples jornadas de trabajo, salud inaccesible si es privada e ineficaz si es pública, encarecimiento de la calefacción y alzas de pasajes. Lo mismo ocurre con la demanda de vivienda. Una pobladora nos contó cómo su hijo, siempre estudioso, tuvo su primer rojo hace unas semanas. Reflexionó y se dio cuenta de que “desde que empezó lo del desalojo, mi niñito viene todas las noches a mi cama sollozando y preguntando: ¿mamita, nos van a echar de nuestra casita?¿Cómo le voy a exigir que saque buenas notas? ¿Qué concentración va a tener para leer, para aprender?”

¿Es acaso posible un movimiento educativo transformador sin los aliados necesarios? Debemos abanderarnos por estas demandas diarias y no permitir que queden “puertas afuera”. Los sindicatos educativos y el Colegio de Profesores actúan de forma indolente al no defender a los pobladores y al guardar silencio. Construyamos un movimiento educativo de unidad con apoderados y estudiantes y contra quienes ven negocios en nuestros derechos.

La lucha inmediata es rodear de solidaridad al Campamento Dignidad, ya que todo apoyo es necesario. Es crucial cumplir la promesa de traslado temporal hasta una solución habitacional definitiva y revertir la orden de desalojo impuesta por el municipio, así como otras medidas de amedrentamiento contra las dirigentas.
La situación de Dignidad es solo un ejemplo. Se necesita un plan de obras públicas para sanear el déficit habitacional, el que debe financiarse por un impuesto a las grandes fortunas. Las familias más poderosas de Chile deben contribuir con lo que han ganado haciendo negocio con la educación, la salud y los recursos naturales.

Los comités y coordinaciones de campamentos ya existen y han sostenido una organización que les ha permitido enfrentar el problema de la vivienda. Estos espacios pueden gestionar y administrar democráticamente estos recursos y planes de obras públicas, junto con sindicatos y organizaciones sociales del territorio. Nadie conoce mejor sus necesidades que los propios pobladores. Unámonos en nuestras escuelas y territorios, y peleemos juntos por estas demandas.