Ignacio Pozo, un funcionario del Partido Radical: operadores del grupo Luksic y los empresarios de la minería

Ignacio Pozo, con 26 años, pretendiendo ser un rostro joven y de renovación, es un funcionario más del Partido Radical, congregación que durante todo el siglo XX representó los intereses de los grandes patrones Industriales. Hoy, en decadencia, el PR de Antofagasta, junto a la DC, fue uno de los principales sostenes de la “democracia de los acuerdos”, siendo uno de los grandes custodios de los intereses empresariales de los capitalistas mineros y comerciales; con larga tradición en la región, cuenta con variados personeros como la diputada Marcela Hernando (ex intendenta y ex alcalde), pasando por el Senador Guillier (ex candidato presidencial y parte de la bancada PR), hasta funcionarias menos conocidas como Aurora Williams, ex ministra de Minería (Bachelet 2014), que después prestó servicios como empleada del grupo Luksic en la dirección de la ATI, pasando por la CMDS en la administración de Karen Rojo, y hoy se mantiene, pero como asesora política directa de Ignacio Pozo [1].

Detrás del nuevo alcalde, de los funcionarios, concejales, ediles y parlamentarios, se encuentran sus jefes: los empresarios mineros y capitales trasnacionales, los verdaderos dueños del suelo de Antofagasta, de las minas, los puertos, bancos, ferrocarriles, empresas y negocios.

Y es que Antofagasta es la capital minera del país, y aquí se produce el 6% del cobre mundial y el 21% del total del país. La municipalidad de la comuna es así un engranaje fundamental para la defensa y administración de los interés de los grandes grupos económicos, trasnacionales y del empresariado local, que bajo el modelo de privatizaciones del cobre, el litio y de las empresas estratégicas como SQM, han montado un gran enclave minero, hecho a voluntad del capital imperialista, como la Anglo-Australiana BHP-Billinton, o la Norteamericana Albemarle-Rockwood-Lithium y sus socios locales, las grandes familias dueñas de Chile, como el grupo Luksic, y los grandes especuladores de la industria inmobiliaria y el empresariado local.

El régimen municipal ordena los negocios comunes de los empresarios y administra la pobreza para miles de familias trabajadoras

Es así que este nuevo acuerdo cocinado en las alturas, pretende –de cara a las elecciones 2021- entregarle mayor legitimidad al Municipio, sacando del medio la crisis de corrupción de Karen Rojo, que ponía al desnudo el robo sistemático y la corruptela enquistada en la administración, que se transformaba en un factor de inestabilidad, más aún después de la rebelión popular de octubre y la crisis del Covid-19 que hacen de Antofagasta una olla a presión, donde los trabajadores están pagando con la vida la usura empresarial.

Y es que durante décadas la municipalidad ha administrado la pobreza y la enorme desigualdad que existe en la comuna, ha jugado un rol central en la contención social, organizando un sistema clientelar alrededor de la figura del alcalde/alcaldesa, que cobra sobre los 6 millones de pesos y que concentra en sus manos el fabuloso negocio de la obra pública, de las licitaciones, del modelo de concesiones, patentes y permisos, ocupando un rol central en la administración de los intereses comunes de los empresarios mineros y toda clase de especuladores en la zona. Transformando el Municipio en un “coto de caza” con el que se ha construido una gran maquinaria de poder político y enriquecimiento personal a través de la distribución de favores, la designación de cargos, y el sometimiento clientelar de funcionarios [2], empresarios e importantes franjas de la población a través de prebendas y negocios con “el gasto social” [3].

Pero, mientras los grandes empresarios mineros y las bandas de especuladores de todo tipo, encuentran facilidades para sus negocios, blanqueando la contaminación, lucrando con los servicios y nuestras necesidades, la población trabajadora es la que paga “los costos del progreso”, poniendo los muertos de la pandemia, un creciente desempleo, con el costo de la vida que se dispara de forma insoportable, con salarios depreciados y una enorme crisis habitacional y de hacinamiento que termina por precarizar y hundir en la pobreza a enormes franjas del pueblo trabajador; una nueva cuestión social en pleno siglo XXI.

Antofagasta es el espejo de la irracionalidad del capitalismo. A la vez que las trasnacionales saquean los recursos, y aquí se producen las principales riquezas de la nación, el suelo de la comuna y la región se transformó en espacio insoportable para la vida del pueblo trabajador. Son las llamadas zonas de sacrificio, con una contaminación superior a ciudades industriales de China como Fushun y Zhuzhou , lo que posiciona esta ciudad como la número uno en los niveles de cáncer más altos del país [4].

Es una situación agobiante, con el costo de la vida que se dispara debido a la inflación minera, siendo el valor suelo uno de los principales factores de la especulación e inflación en el alza de los precios, y es donde en el sector inmobiliario [5] ha hecho un gran mercado, utilizando los principales terrenos de la ciudad, sigue haciendo negocios con la venia de todos los alcaldes de turno, favoreciendo la especulación activa, permite que se sigan construyendo torres y departamentos impagables, sin ningún tipo de regulación, mientras el déficit habitacional de la región se dispara en 8 años [6], según un estudio del 2019, donde se señala que los campamentos en la ciudad crecieron un 586%, la mayor tasa a nivel nacional, y que sigue aumentando, ahora con 79 tomas registradas en la comuna; incluso, han surgido campamentos formados por los nuevos cesantes [7]. El desempleo en la región habría alcanzado el 13,2% ubicándose entre las siete regiones por sobre el promedio nacional (14-08-20 INE) , debido al desempleo que se dispara en medio de la pandemia . Un problema estructural del que se beneficia una verdadera mafia inmobiliaria, que a costa de seguir facturando en medio de la miseria y la degradación de las condiciones de vida del pueblo trabajador, hunde en el hacinamiento [8] y la segregación a miles de familias de la ciudad que ni siquiera tienen acceso agua potable en plena pandemia.

Basta de gestionar la pobreza: ¡Hay que afectar los intereses de los empresarios!

No es casualidad que sea la comuna de Antofagasta la que presente la mayor cantidad de casos activos de covid-19, sumando 817 casos [9]. La segunda mayor tasa de letalidad nacional después de Santiago y que a nivel regional, un 40% de los contagiados sean trabajadoras y trabajadores ligados a la minería. Es que el nuevo alcalde Pozo y “la mafia” del PR, en consenso con el resto de los partidos del régimen, sostienen esta cuarentena a la medida de los empresarios, mientras el pueblo trabajador sigue pagando con sus vidas.

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Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios creemos que la crisis abierta en el municipio de Antofagasta tras la destitución de Karen Rojo por corrupción no va a ser resuelta por un “cambio de manos en la gestión municipal”. Por el contrario, opinamos que es solo un botón de muestra que retrata de cuerpo completo el modelo de administración político de la “democracia para ricos”, desde el autoritarismo y la concentración de poder en la figura del alcalde, hasta las redes de corrupción, clientelismo y malversación de fondos que se van tejiendo a la sombra del “poder real” que gobierna el municipio, los empresarios.

Hoy, en medio de la discusión del plebiscito y del proceso constituyente abierto tras la revuelta, donde “Chile despertó” y se rebeló contra los 30 años de gobierno para los ricos, es que opinamos que la única forma de terminar con la corrupción de un régimen municipal basado en la gestión de la pobreza, la segregación del pueblo trabajador construido a la medida de los empresarios, es desarrollando la movilización de las mayorías trabajadoras para defender los intereses de los sectores populares.

No creemos que depositando confianza en las “caras nuevas” de los operadores políticos de los empresarios (y menos adaptándose a los mecanismos antidemocráticos de designación entre cuatro paredes), o bien creer que por el solo hecho de participar en las elecciones de “forma independiente” a los partidos del régimen se puede asegurar una vía para poner la Municipalidad al servicio de la población trabajadora. Al contrario, a pesar de que los revolucionarios no renunciamos a participar de los procesos electorales, opinamos que la “actividad parlamentaria” debe estar subordinada a la acción extraparlamentaria de sectores de masas y la lucha de clases [10]. Es lo que entendemos por “parlamentarismo revolucionario”, en la defensa de los intereses del pueblo trabajador, utilizando una tribuna para hacer visible las luchas y voces que se invisibilizan permanentemente en estos lugares. Desde ahí opinamos que solamente desarrollando la movilización de las mayorías trabajadoras y la juventud, que es posible imponer la voluntad popular contra los intereses capitalistas. No se trata de seguir maquillando administraciones para “democratizar” la gestión de la desigualdad, se trata de enfrentar el “poder real” que gobierna de atrás de la cortina. Karen Rojo (UDI) o Ignacio Pozo (PR) defienden el mismo esquema.

Entones, es poniendo en movimiento la fuerza social de la clase trabajadora que, por su rol en la producción, en esta región detenta parte de las principales posiciones estratégicas como son las minas, puertos, las energías, los ferrocarriles, a nivel nacional.

Los trabajadores paralizando todas las palancas de la economía, y en una alianza revolucionaria con las poblaciones, con los cerros de Antofagasta, junto a la juventud y las mujeres, es que es posible enfrentar a los grandes empresarios que se enriquecen a costa de empobrecer, someter, y contaminar a las grandes mayorías.

El paro nacional del 12 de noviembre fue un gran paso en este camino, donde la fuerza social de pueblo trabajador [11] hizo tambalear el orden social de los poderosos. El paro en Antofagasta fue garantizado por los organismos surgidos de la auto-organización de los trabajadores y la juventud en medio de la revuelta. Como lo fue el Comité de Emergencia y Resguardo (CER) uniendo a trabajadores públicos y privados, abriendo las puertas del Colegio de Profesores a los estudiantes, trabajadores, barrios y cientos de activistas y luchadores de la revuelta de octubre, en un nuevo despertar de Antofagasta. Hoy, gran parte de esta fuerza social surgida en la revuelta se ha volcado a levantar las ollas comunes para paliar el hambre y el desempleo.

Vamos por una Antofagasta del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud

Para la defensa real de los intereses de la población trabajadora se hace indispensable terminar con el modelo actual de la organización de la comuna de Antofagasta y su administración reservada para los operadores políticos de los empresarios, donde al amparo de la “democracia representativa” se le hace creer al pueblo que “tiene la decisión” por votar “cada cuatro años”, cuando las decisiones fundamentales en esta ciudad se toman todos los días al arbitrio de los poderosos, marginando a los trabajadores de la política.

Es por lo anterior que es necesario desarrollar todos los mecanismos para que se expresen las voces de las mayorías populares, tomando como punto de partida las experiencias de autoorganización y democracia directa que surgieron de la revuelta, como el propio CER [12] que logró reunir a representantes de distintos barrios, sindicatos y organizaciones locales. Esto en la perspectiva de avanzar y poner en pie una Asamblea Comunal Soberana, que termine con la figura del Acalde, y reemplace al consejo municipal por una asamblea formada por un representante cada 1.000 electores, elegidos en votación directa y con mandato revocable por el voto popular; representantes que cobren un sueldo equivalente a un trabajador calificado, y que detente plenos poderes para resolver los grandes problemas de la vivienda, el desarrollo urbano, la defensa de nuestros derechos, vida y medio ambiente, y ponerle fin a la corrupción, al régimen del subcontrato y la precarización de la vida y el trabajo.
Mientras el alcalde Pozo y sus funcionarios buscan darle “un nuevo aire” y remozar el “discurso social” del Municipio, la población trabajadora sigue pagando los costos de esta crisis, como carne de cañón en la pandemia mientras los ricos se siguen enriqueciendo y las grandes mineras siguen fugando los recursos del país a costa de enfermar a la población; detrás de la gestión social de la pobreza existe una “olla social” hirviendo en Antofagasta. Hoy, se hace urgente la pelea por un programa de emergencia para que la crisis no la paguen los trabajadores, que garantice el cierre temporal de la minería y todos los trabajos no esenciales, licencias pagas de emergencia y $500 mil de salario para todos los trabajadores, la prohibición de los despidos, un plan de obras públicas para acabar con el déficit habitacional y el desempleo; este es un plan urgente y totalmente realizable afectando los intereses de los empresarios, es decir, que puede financiarse perfectamente con impuestos a las grandes fortunas y corporaciones; siendo más precisos aún, con el 20% de las ganancias de escondidas se pueden garantizar sueldos de emergencia para toda la región de Antofagasta.