El pasado 27 de octubre el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por la bancada de Chile Vamos para frenar el avance de la ley que penalizaría el negacionismo en Chile, que castigaría, en sede penal, a quienes desconozcan las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en nuestro país.
Cristobal Cartes Bernal Estudiante de Medicina U. de Antofagasta. Militante Vencer.
Domingo 1ro de noviembre de 2020
Previo a esto, Camila Flores de RN durante la sesión de la Cámara de diputados en donde se aprobó el proyecto de ley, hizo reserva de constitucionalidad del proyecto: "Existe un sector de la política que está empeñado, desgraciadamente, en ir cuartando nuestras libertades: la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos, la libertad de culto, en fin. Y nosotros parlamentarios de Chile Vamos estamos unidos para evitar que nos coarten nuestras libertades”
Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, consultado sobre este requerimiento indicó que "los parlamentarios tienen el legítimo derecho de recurrir a las instancias constitucionales y judiciales para que se discuta algo que ellos consideran que es inconstitucional”.
Esta postura es una total hipocresía, al decir que coarta la "libertad de expresión y de conciencia", considerando que la derecha durante la dictadura y actualmente bajo el gobierno de Piñera ha perpetrado sistemáticamente la violación a los derechos humanos de trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres y al pueblo Mapuche. Sobre todo desde la rebelión popular iniciada en octubre del 2019.
Sabemos que la derecha en Chile, es una derecha que en pleno proceso constituyente busca justamente mantener lo que millones quieren derribar, la herencia y los pilares ideológicos de la dictadura de Pinochet. La derecha justamente niega los crímenes cometidos en dictadura, al igual que niega y apoya a la institución nefasta de Carabineros de Chile, que asesina, reprime y viola los derechos humanos para defender los intereses de unos pocos, de esas 3 comunas de la Región Metropolitana, de estos 30 años de una innegable herencia de Pinochet, que privatizó la vida de la población a costa de las ganancias de una clara minoría.
En este sentido, también cabe preguntarse si el camino que plantea el Partido Comunista con esta ley va a enfrentar realmente el negacionismo, impunidad e ideología de los sectores reaccionarios. En resumidas cuentas confían en la legalidad y Constitución del Estado, creyendo falsamente que ese Estado, que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población, detendrá al ascenso de la derecha. Siguen una lógica de acciones parlamentarias y no fomentan la fuerza de los trabajadores y sus métodos de lucha.
Para enfrentar a estos sectores reaccionarios, décadas de régimen de impunidad, relativización de los crímenes de la dictadura y sobre todo que la derecha pueda acudir a un Tribunal que durante décadas se ha encargado de proteger la herencia de la dictadura, hay que tomar la fuerza que expresaron millones el pasado 25 de octubre, su repudio a la Constitución de Pinochet y con el aplastante triunfo del apruebo la necesidad de que se cubran derechos como salud, vivienda y educación, entre otros, sobre todo en medio de esta crisis sanitaria y económica, sólo con la movilización en las calles y sin Piñera terminaremos con toda herencia de dictadura.
Sobre todo luchar por derribar verdaderamente los pilares del régimen de la dictadura, buscando la organización, ir por una huelga general que acabe con Piñera y su gobierno, en perspectiva de imponer una verdadera Asamblea Constituyente que sea realmente libre y realmente soberana, donde se pueda decidir y dar respuestas a las demandas urgentes del pueblo pobre y trabajador, que hoy por hoy la Convención Constituyente para nada asegura con el quórum de los ⅔ que le entrega poder de veto a una minoría; la prohibición de modificar los tratados internacionales vigentes, donde no se podrán cambiar las AFP, ni tampoco tratados que se relacionen con recursos naturales, ni con educación superior; donde nisiquiera pueden participar menores de edad y así otras tantas trampas del proceso.
