En un informe de FONASA dado a conocer hoy, el Estado mediante subsidios transfiere a las empresas de la Salud, $633 mil millones a las Clínicas por copago de bonos FONASA. Así, lucran con la salud de los chilenos y transforman a los pacientes en clientes.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Miércoles 11 de febrero de 2015
Un negocio millonario
El negocio lo inauguró Lagos en su presidencia, sobre la base de la privatización y el desfinanciamiento al Sector Público de Salud iniciado en dictadura. Se lo llamó Modalidad Libre Elección (MLE), y consiste en la posibilidad para los afiliados a FONASA que deciden atenderse en Centros de Salud privados, obligando a este seguro público a realizar copagos por bonos.
En el informe de FONASA se constata que en el año 2014 se transfirieron $633.494 millones. En 2013, fueron $437.547 millones. Desde el 2006, cuando se inauguró este negocio, la transferencia creció más del 88%.
La modalidad Libre Elección es el principal mecanismo del Estado para comprar prestaciones y servicios al sector privado. Pero no es el único.
Hay otros, como las compras directas de Fonasa y las de los Servicios de Salud. En el Presupuesto 2015, votado en el Parlamento a fines del año pasado, se aprobó un monto para este ítem de $678.533 millones, un aumento de 7,91% con relación al presupuesto del 2014.
Las vías del lucro sin infinitas. Habría que agregar, por ejemplo, el sistema vertical integrado del sector privado, donde las Isapres mandan a los clientes a sus propias Clínicas.
Este constante crecimiento de las transferencias, no se ve afectado por los anuncios de mayores inversiones en el sector público. Los anuncios del Gobierno en la materia comprometen la construcción de 60 nuevos hospitales, 100 Cesfam y la formación de cuatro mil nuevos especialistas. ¿Por qué?
La privatización de la Salud
Con la Constitución de 1980, se perdieron todos los derechos sociales. Entre ellos, el de la Salud.
Con la dictadura, la Salud se transformó en un negocio. Ayudado no por la inversión privada solamente, sino por el desfinanciamiento y abandono del Sector Público que facilitara la transferencia de recursos, y la división entre una Salud para ricos, y una para pobres. Recordemos algunos hechos.
El derecho a la salud no está garantizado en la Constitución. Solo se puede elegir entre estar en FONASA o ISAPRE.
El gasto público de salud es de los más bajos. Sólo se destina el 3,5% del presupuesto nacional. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que alcance el 6%. El resultado de esto, traducido en la atención de la Salud es calamitoso: en Chile hay 1 médico cada 550 habitantes, como en los países desarrollados, pero el Sistema Público tiene sólo un tercio de las horas médicas totales del país, siendo que atiende a casi el 80 % de la población. Otro efecto: mientras se transfieren miles de millones a los privados, el pago por las prestaciones de FONASA a los Hospitales Públicos no cubre su costo real, sino que apenas el 40%, y así, la deuda hospitalaria crece permanentemente (más de 100.000 millones).
Sobre estas dos bases, se divide en una Salud para ricos y otra para pobres. Sólo el 19% de la población tiene ISAPRE, pero recauda el 56% de las cotizaciones. En estos seguros privados de Salud, están las personas de sueldos más altos (promedio de $800 mil imponible mensual de sus cotizantes contra los menos de $ 500 mil en FONASA), los más sanos y los más jóvenes. Por diversos mecanismos, se “descrema” (un eufemismo para en realidad decir que se discrimina) a los más pobres, ancianos o enfermos.
Año a año aumentan (“reajustan”) sus planes. Contra lo que poco y nada se puede hacer.
Así, y con otros subterfugios (como no usar ni informar para su uso la obligatoriedad de las prestaciones AUGE) las ganancias de las ISAPRES crecen año a año. No solo eso, son empresas con rentabilidades aún mayores que las de los bancos: un 35 % de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) frente al 17,5 % de los bancos. En 2014, año de la desaceleración, las ISAPRES obtuvieron en el primer semestre utilidades por más de $49 mil millones, un aumento de más de 45% con respecto al 2013, y las más altas de los últimos ocho años.
