Como cada año los aranceles universitarios han aumentado, ampliando aún más la brecha socio económica en el acceso a educación superior.
Karla Peralta Díaz Médica en Antofagasta, Pan y Rosas
Domingo 24 de diciembre de 2017
Sin duda la demanda por la educación gratuita marcó un hito en el despertar de diversos movimientos sociales. La denuncia hacia el negocio en la educación implantó en las agendas sociales y políticas un problema difícil de resolver para los gobiernos que vinieron luego del 2011, cuyos partidos responden a los intereses de los empresarios como el mismísimo, futuro presidente Piñera, bajo cuyo mandato se iniciaron las movilizaciones.
Habiendo ganado algunas conquistas mínimas, como la beca de gratuidad, pase escolar, entre otros, lo estructural no ha cambiado. Luego de tantos años, que la agenda con respecto a educación del gobierno saliente se concentre en una reforma que no da respuesta ni en lo más mínimo a las demandas estudiantiles, deja en claro que no es el interés de la Nueva Mayoría (y por supuesto tampoco de Chile Vamos) otorgar a las miles de familias de trabajadores el derecho mínimo a la educación.
En ese sentido, la expresión más clara del negocio en que transformó la educación gracias a la dictadura militar, son los aranceles que año a año aumentan su valor. Los números más altos se los llevan las univerisades privadas con montos de hasta 8 millones por carreras como Odontología. De todas formas, las universidades estatales no quedan atrás, alcanzando valores de más de 5 millones para carreras como Medicina (Universidad de Antofagasta), que aumentará su valor de 4.977.000 a 5.126.000 pesos para el 2018.
En ambos casos el aumento en los valores se atribuyen a la implementación o mejora de nuevos programas principalmente entorno a ciencias y tecnología. Sin embargo, llama la atención que estas supuestas implementaciones nunca llegan a ver la luz en las universidades. Entonces, hay que preguntarse dónde llegan esas mejoras, porque parece ser que lo único que aumenta y "mejora" son los sueldos y ganancias de quienes poseen y/o dirigen las universidades.
Hay que darle una vuelta más concreta. Una carrera de 5.000.000 es equivalente a 20 veces el sueldo mínimo, es decir, ni con el sueldo de todo un año de un trabajador, sería posible pagar dicho arancel.
¿Qué sentido tiene que los miles de trabajadores produzcan los recursos que permiten que año a año así como aumentan los aranceles, aumenten las ganancias de los políticos corruptos y autoridades apernadas en las universidades, si a final de cuentas sus familias no pueden tener acceso a la educación superior?
La única respuesta clara es que ningún gobierno va a dar solución a las necesidades de la gran mayoría de la población, se puede ver entonces que los únicos capaces de conquistar sus derechos son los mismos estudiantes, trabajadores y jóvenes, y no por medio de reformas, sino que levantando una gran fuerza política y social que rompa con este sistema que nos explota y oprime, que nos priva de derechos tan básicos como la educación, la salud, la vivienda, y que cambie la realidad en su conjunto, que este dispuesta a construir un nuevo tipo de sociedad.
Te podría interesar: Organicémonos para transformar la sociedad
