DOSSIER HISTÓRICO 24 DE MARZO. “El objetivo del golpe era reaccionario y contrarrevolucionario”

Entrevista a Hernán Camarero

Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires
Investigador Independiente CONICET
Profesor en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

1. El país se hallaba en una situación de crisis económica, social y política que se mostraba como imparable, por lo menos, desde fines de 1975, cuando ya había transcurrido más de un año de la muerte de Perón y del fracaso del Pacto Social. El gobierno de Isabel se mostraba incapaz de oficiar como árbitro entre las distintas fracciones de la burguesía y dentro de la interna del peronismo y la burocracia sindical. El Rodrigazo y sus derivaciones eran una evidencia de ello. El movimiento obrero venía de uno de sus períodos de ascenso más profundos, iniciado con el Cordobazo en 1969, a partir del cual había despuntado una nueva vanguardia combativa y clasista. Sectores de la izquierda revolucionaria habían logrado importantes niveles de inserción allí, aunque gran parte del nuevo activismo había quedado enredado en diferentes expresiones del peronismo. El retorno de este último al poder en 1973 en parte había desviado pero no anulado esas tendencias al conflicto y a la radicalización política, como se podía ver con el mantenimiento de un reguero de agrupaciones, direcciones seccionales y comisiones internas combativas, e incluso, de instancias de coordinación zonal de carácter interfabril. Si bien el gobierno de la derecha peronista, y su aliada, la burocracia sindical, había optado por la línea de la persecución y el intento de exterminio del activismo obrero y la izquierda, a través del accionar de la Triple A y sus grupos parapoliciales, la tarea se presentaba como irresuelta y sin garantías de que ella se convirtiera en puntal del restablecimiento del orden que ansiaba la burguesía y las camarillas militares dominantes. El golpe de marzo de 1976, liderado por el general Videla, vino a encarar ese desafío.

2. El golpe expresó un nivel de consenso notable en el seno de la clase dominante. Las distintas fracciones burguesas coincidieron en impulsarlo, con el consistente apoyo del imperialismo yanqui, la jerarquía católica, la totalidad de los partidos burgueses, las corporaciones mediáticas, las asociaciones empresariales, amplios sectores del propio aparato estatal y de la judicatura, junto a un apoyo más pasivo o tácito de otros actores, como la burocracia sindical (la cual "se borró", como diría el secretario de la CGT). El objetivo del golpe era enteramente reaccionario y contrarrevolucionario, pues se proponía conseguir una derrota histórica de la clase obrera argentina y el exterminio de su vanguardia (con sagacidad, el líder de la UCR, Ricardo Balbín la había llamado "guerrilla fabril"...), junto a un salto cualitativo de los niveles de control social que liquidara todo vestigio de resistencia. Ese era el verdadero combate a la "subversión" que se buscaba, no tanto o no tan solo la liquidación de las organizaciones armadas, las cuales ya se hallaban en situación de debilidad y dispersión desde poco antes del golpe, dada su estrategia aventurera y militarista. La represión brutal y el aplastamiento de la clase trabajadora, permitía aplicar un plan global de confiscación y deterioro del nivel de vida de las masas laboriosas. El genocidio practicado (la mayor parte del cual estuvo dirigido hacia el activismo obrero) no fue otra cosa que el adecuado complemento de un gran salto en la tasa de ganancia a favor de las fracciones más concentradas de la burguesía. El nuevo plan económico monetarista de Martínez de Hoz requería como presupuesto las miles de desapariciones, torturas y asesinatos multiplicados desde marzo del 76.

3. Con la vuelta de la democracia a fines de 1983 no hubo una genuina política de investigación y de enjuiciamiento total de los crímenes de la dictadura. Se inició un camino de alejamiento de ese objetivo al adoptarse la teoría de los dos demonios, al decidir dejar fuera del juicio y la condena a todos los que no pertenecieran a los "altos mandos" y al eximir de responsabilidad a toda la amplia estructura de aplicadores, colaboradores y cómplices militares y civiles del genocidio. Las progresivas medidas de impunidad, obediencia debida e indulto no hicieron otra cosa que blanquear que el objetivo desde 1983 era salvar a las Fuerzas Armadas de un camino de justicia que las hubiera conducido a su virtual desmantelamiento, junto al procesamiento de los principales grupos capitalistas y entidades del "poder civil".

4. La continuidad está dada toda vez que la mayor parte de los perpetradores, diseñadores y colaboradores del plan de terrorismo de estado (y todos los que ganaron con éste) quedaron impunes. En los últimos años, las condenas selectivas, parciales y en un proceso con tiempos muy lentos, no constituye otra cosa que una variante de aquella situación. La política de rescate de las Fuerzas Armadas y de los cómplices civiles queda evidenciado hoy con el mantenimiento de los más podridos sistemas de espionaje, el nombramiento como jefe militar del general Milani (acusado de crímenes en la dictadura) y de las sistemáticas líneas de negocios con la "burguesía nacional", la misma que participó del golpe.

5. A un amplio sector, muy degradado. Se adaptó a las políticas de cooptación económica, política y simbólica del gobierno kirchnerista, constituido por un elenco en gran medida carente de trayectoria decente en este campo y que ahora complementa con el diseño de políticas violatorias de los derechos humanos. Hebe de Bonafini expresa las tendencias más descompuestas en ese sentido. Afortunadamente, muchos otros organismos, luchadores y personalidades resistieron, preservaron una honorable autonomía y salvaron las justas banderas del juicio y castigo y de la defensa genuina e integral de los derechos humanos. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia los reúne.